TEGUCIGALPA.- Los representantes de las fuerzas vivas de Omoa denunciaron hoy, ante el Congreso Nacional, una nueva maniobra en favor de la transnacional Gas del Caribe, con el nombramiento de un Comité Técnico y una Comisión de Dictamen en el que excluyen la participación de los representantes de la Sociedad Civil.
Así lo han hecho del conocimiento tanto a las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), como a los miembros de la Comisión del Ambiente del CN, debido a que estas instancias serán las encargadas de emitir opinión sobre el polémico tema de Gas del Caribe, cuando ya existen resultados de otras comisiones anteriores que han recomendado el traslado de la empresa transnacional.
Jesús Alonso Borjas Gómez, declaró que las 58 organizaciones que conforman la Alianza por Omoa han rechazado el nombramiento de esta comisión debido a que se ha excluido a la sociedad civil, a las asociaciones vecinales y gremiales.
Borjas Gómez manifestó que se trata de una enésima comisión y de un comité compuesto por técnicos de los que no se duda de su capacidad profesional, «pero que pudieran ser proclives a las terrenales lisonjas de la transnacional que ya ha sido condenada por cohecho».
PRONUNCIAMIENTO
En un pronunciamiento, las fuerzas vivas de Omoa expresan que ya existió una primera Comisión Interinstitucional que fue nombrada en el 2007 por el Congreso Nacional; una segunda en el 2008 por la Procuradora General; una tercera en el 2009 por el Fiscal General. Todas llegaron a la conclusión que la terminal de Gas del Caribe debe de ser reubicada.
Además, la Serna, con dictamen 260-2006 que todavía espera su resolución administrativa, determinó que la terminal de LPG “no puede continuar operando en la bahía de Omoa”;
El Congreso Nacional mocionó el 28 de Noviembre de 2006 a la unanimidad de sus cinco bancadas que “la terminal de Gas del Caribe debe reubicarse o reubicársele”; La PGR determinó con su Informe 260-2007 que “dadas las circunstancias, es absolutamente improcedente que la Serna apruebe y otorgue licencias ambientales a Gas del Caribe”;
Borjas Gómez dijo también que bastó una ministra, hoy requerida por la justicia y seis días, para otorgar una licencia ilegal a la empresa, sin tantas inspecciones ni estudios.
No han bastado seis años, cuatro ministros de tres diferentes gobiernos y docenas de deliberaciones, informes y dictámenes, de denuncias ambientales y de requerimientos fiscales para condicionarla a la elección de una zona segura;
«No dudamos de la capacidad profesional de los técnicos nombrados. Somos pero legitimados a dudar de su capacidad de resistirse a las terrenales lisonjas de una riquísima transnacional que ya ha sido condenada por cohecho, juntamente a sus ejecutivos reos confesos.
Finalmente, advierten que si se prohíbe a FundAmbiente la participación en el proceso de dictamen por haber demandado al Estado ante la Secretaría de Asuntos Ambientales del Cafta, entonces, por ser el demandado, tampoco el Estado con todas sus articulaciones puede participar.