TEGUCIGALPA.- La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, introdujo hoy al pleno del Congreso Nacional un proyecto de Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados, para que las autoridades dispongan inmediatamente de los recursos.
La Ley busca que los activos o dineros incautados que se encuentran depositados y bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), puedan ser asignados de manera inmediata a instituciones del sector justicia y seguridad, encargadas del combate de la criminalidad, sin perjuicio de la realización de las pericias necesarias y de la constancia de la pre existencia de dichos bienes.
El proyecto establece que los fondos que fuesen asignados, quedan sujetos a regulaciones de las administraciones de cada institución, y serán objeto de la auditoría correspondiente.
Indica que la asignación se ejecutará ajustándose a la proporcionalidad siguiente: Ministerio Público, 26.6%; Secretaría de Seguridad, 26.7%; Secretaría de Defensa Nacional, 26.6%; Bono 10 mil, 10% y Programa Nacional de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, 10%, dice el Proyecto.
“El destino de los fondos asignados será primordialmente el fortalecimiento de la infraestructura y logística utilizada en el combate contra la criminalidad, según la naturaleza de la institución receptora”, dice el documento.
Señala que para los efectos de los porcentajes asignados, la OABI certificará las cantidades depositadas en las instituciones bancarias nacionales en moneda nacional y extranjera, incluyendo los intereses percibidos a la fecha.
Establece que “para la garantía de quienes pudiesen acreditar legítima propiedad o pertenencia de los activos o dinero objeto de la incautación, el Estado de Honduras contribuye en aval, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que garantiza la devolución de dichos fondos”.
El proyecto manda “la derogación de todas aquellas leyes o disposiciones con fuerza de ley que se opongan o limiten la facultad de ejecutar activos o cantidades de dinero objeto de la incautación, por estimarse ser de interés público fortalecer las instituciones protagónicas en el combate de la criminalidad”.
Para efectos de transparencia, el proyecto de ley establece que el Ministerio Público, por intermedio de la OABI, informará al Congreso Nacional, al Consejo Nacional Anticorrupción y al Tribunal Superior de Cuentas de forma mensual, mediante de certificación.
El decreto tendrá una vigencia de 180 días, a partir de su publicación en La Gaceta.
Para el dictamen de este proyecto se nombró una comisión especial presidida por el diputado Mauricio Oliva, e integrada por Ricardo Díaz, Orle Solís, Erick Rodríguez, Miguel Ángel Gámez, Miguel Fernando Luis y Mario Rivera Vásquez.