TEGUCIGALPA.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional el decreto 18-2008, conocido como la Ley de Expropiación según confirmó este martes una fuente oficial.
El decreto promovido por el ex presidente Manuel Zelaya, y aprobado en mayo del 2008 por el Congreso Nacional buscaba expropiar las tierras ociosas a través del Instituto Nacional Agrario (INA), beneficiando a más de 462 conflictos de grupos campesinos, es decir unas 20 mil familias campesinas en posesión de 40 mil hectáreas de tierras.
Según el informe de Radio América la resolución fue tomada por unanimidad de votos desde el pasado mes de noviembre.
Los cinco magistrados: Francisco Ruiz, Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Oscar Fernando Chinchilla y María Edith López, que conforman la Sala de lo Constitucional determinaron declarar “con lugar” el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Federación de Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
La Fenagh, argüía que el decreto 18-2008 violenta la propiedad privada y la libertad de empresa en Honduras.
Según se informó, en los próximos días serán informadas las partes, en este caso la Procuraduría General de la República (PGR), que representa al Estado hondureño y al abogado Jonh Paget, representante de los ganaderos y agricultores.
Por su parte, miembros del Movimiento Campesino condenaron la determinación de la Corte, y anunciaron su clara posición de no permitir que este decreto sea derogado.
El dirigente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach), Randolfo Osorio, consideró que la decisión es “anticonstitucional y anti hondureño”, porque deja “sin opción al sector campesino de tener un pedazo de tierra”.
Añadió que “esto se esperaba”, por lo que se avecina “una desestabilidad que puede generar violencia” en el agro. “La esperanza de nosotros con el decreto 18-2008 era de poder titular las tierras de la mora y esto a lo que viene es a retroceder y atrasar el proceso”.
Anunció además que en los próximos días se reunirán con las bases del movimiento campesino, para determinar que acciones se tomarán, “para hacer sentir la necesidad y la credibilidad del movimiento, pues quienes viven de trabajar en la tierra van a luchar por tenerla”.
Por su parte, José Antonio Vásquez, coordinador del Frente Campesino en el conflicto departamento de Yoro, considera que con la anulación de la Ley de Expropiación las autoridades están “buscando que se genere más violencia en el país”.
“A los ganaderos no les interesa la tierra y a nosotros como campesinos si la necesitamos (…) la resistencia va a seguir, ya sea con sangre o con más violencia porque eso es lo que ellos buscan”, expresó.
De su lado, Benjamín Bográn, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recordó que el decreto “tenía características de inconstitucionalidad en muchos de sus aspectos”, pero este se aprobó en base a una realidad que no se ha solucionada, a los 462 expedientes desde 1970 continúan en pugna.
“Se había concertado buscar una solución para esos problemas, pero en aquel momento, en un actitud populista o por una decisión eminentemente política del gobierno de turno en aquel momento, trasgredió la pretensión que existía de darle una respuesta a la problemática de la tierra”, manifestó.
Para Bográn, hoy por hoy lo que debe hacerse es que en conjunto tanto la Fenagh, como los grupos campesinos, representantes del INA, deben de sentarse para reconsiderar el esquema original y darle respuesta a estos problemas con una solución definitiva en el marco jurídico hondureño.