TEGUCIGALPA.- Luego de tres días continuos de enfrentamientos por la posesión tierras en la región y tras el envío de la fuerza de tarea conjunta “Xatruch II” con más de 1,000 soldados y oficiales de la Policía Nacional, los pobladores del Aguán intentan recuperar la tranquilidad perdida en la zona del Aguán, al norte de Honduras.
Los campesinos aún ven con reservas la intervención “los militares y policías ‘no vienen a hacer nada en favor de nosotros, vienen a proteger los delincuentes’ (guardias de los terratenientes), declaró a la AFP el portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez.
“Ellos no vienen a hacer nada en favor de nosotros sino a ayudar a los sicarios de los terratenientes, a matar gente’, aseveró Pedro García en la comunidad de ‘La Confianza’, un asentamiento en medio de los cultivos de palma del Bajo Aguán.
Al recorrer las fincas se siente el ambiente tenso, horas antes de que comience el despliegue de los efectivos de refuerzo. ‘La Confianza’, dominada por chozas con techo de paja seca, tiene una escuela, en una tienda de campaña con el techo de una lona azul, así como una capilla católica y otra evangélica.
NUEVO CONTINGENTE POLICIAL-MILITAR
Los enfrentamientos han dejado un saldo de al menos 11 muertos y varios heridos, por lo que las fuerzas de Seguridad permanecerán desplegadas en el lugar por un período indefinido con el objetivo de desarmar a los grupos en conflicto, según informó Óscar Álvarez, ministro de Seguridad.
Álvarez espera que las autoridades judiciales no duden cuando llegue el momento de aplicar condenas de prisión a las personas que posean armas ilegales.
Además, la zona es santuario de narcotraficantes que sacan provecho del conflicto. Según las autoridades policiales, los campesinos, agrupados en el MUCA y otras organizaciones, están armados hasta los dientes, incluso con fusiles AK-47, y han sido entrenados militarmente por ‘infiltrados’ venezolanos y nicaragüenses, no obstante los dirigentes niegan estas acusaciones.
‘En diciembre militarizaron aquí, dijeron que teníamos más de mil AK-47 y no las pudieron presentar y vinieron a ayudar a los terratenientes; nosotros lo único que tenemos son las chozas’, se quejó otro campesino, Braulio Díaz.
MÁS DE 50 CAMPESINOS MUERTOS
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, envió tropas militares al Valle del Aguán, en el norte del país, para controlar los enfrentamientos armados entre campesinos y terratenientes por disputa de tierras, que han causado desde el año pasado 50 muertos.
Álvarez, anunció el envío de 600 militares y policías quienes se suman a más de 400 que permanecen en la región, para «hacer operativos de desarme, desalojo de fincas tomadas, vamos a poner orden», afirmó el funcionario.
Unas 40.000 familias, aglutinadas en nueve movimientos campesinos, luchan en el Aguán para recuperar las tierras que poseyeron a través de la reforma agraria y que ahora están en poder de tres terratenientes.
Las tierras fueron otorgadas a los campesinos en las décadas del 70 y 80, pero con Ley de Modernización Agrícola, sin embargo, muchos labriegos las vendieron, por lo que se suspendió la asistencia técnica y financiera, según explicó a periodistas el secretario general del Movimiento Unido de Campesinos del Aguán (MUCA), Jhonny Rivas.
Rivas, citado por la agencia ANSA, afirmó que la Ley de Reforma Agraria prohíbe la venta de esas tierras, pero los terratenientes recurrieron a «procedimientos ilegales, que incluyó sobornos a dirigentes campesinos para adquirirlas a precios miserables».
El dirigente indicó que la ley reforma agraria establece como límite de tenencia un máximo de 250 hectáreas para una persona, y «no nos explicamos cómo una sola persona puede tener más 1.000 hectáreas cuando hay más de medio millón de campesinos que necesitan un pedacito de tierra para poder trabajar».
ACUERDO SIGUE SON CUMPLIRSE
Para bajar la «presión» de los campesinos, el gobierno acordó en junio comprometiéndose a comprar a los terratenientes 11.000 hectáreas que serían vendidas a los campesinos a 20 años de plazo y sin intereses.
Sin embargo, el mandatario nunca se pudo poner de acuerdo con los terratenientes en el precio de la tierra, por lo cual el conflicto se ha prolongado.
Rivas subrayó que «ahora nosotros hemos detectado que hay un plan desde las estructuras de las empresas que tienen estos terratenientes para poder criminalizar nuestra lucha y poner en riesgo el convenio firmado entre el gobierno, campesinos y el señor Facussé».
Los campesinos acusan a los militares, policías y a la justicia de estar «confabulados con los terratenientes» y aseguran que esa es la razón por la que permanecen «impunes las muertes causadas por los guardias de seguridad privada».
También señaló que esta es la tercera vez que el gobierno de Lobo militariza el Aguán, antes lo hizo el 7 de abril y 22 de noviembre de 2010.
Por su parte, el empresario, Miguel Facussé, que da empleo a unas 8.000 personas, pidió al gobierno «garantías» para su personal como condición para seguir operando en el sector del Bajo Aguán.
El año pasado, el gobierno envió un contingente de 1.000 efectivos de la policía y el ejército a la región de Aguán, luego de que varias personas fueran asesinadas, dichos efectivos permanecieron en el lugar únicamente por dos meses debido al alto costo del operativo. AGENCIAS