Periodistas en la mira de la creciente delincuencia en Honduras

WASHINGTON, EEUU. (AFP) – En Honduras, donde se puede contratar a un asesino por unos pocos cientos de dólares y matar a alguien con total impunidad, la gente que hace preguntas, como los periodistas, es el principal objetivo.

La periodista de Radio Progreso Karla Rivas tiene esto en mente cada vez que va a trabajar. Dieciséis periodistas han sido asesinados desde el golpe de Estado de junio 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya. A Rivas, que se encuentra en Washington para recibir el premio Peter Mackler de Periodismo, suelen los periodistas están en la mira de los escuadrones de la muerte.

«El punto no es quién está detrás de los asesinatos, sino por qué», dijo Rivas, de 33 años. «Cualquiera que tenga 5.000 lempiras (260 dólares) puede contratar a un sicario. No hay voluntad política para investigar crímenes. La excusa es que no hay dinero, pero no hay voluntad». «La gente esta indefensa», dijo Rivas en entrevista con la AFP. Honduras «es un Estado fallido», agregó.

Honduras aún se está recuperando del golpe de hace dos años. Una ola de gigantescas marchas de protesta y sanciones internacionales no lograron restaurar a Zelaya en el poder. El día del golpe del 28 de junio de 2009, la Radio Progreso, una estación jesuita en El Progreso, la tercera ciudad más poblada de Honduras, fue ocupada por soldados poco después de que terminara el noticiero de la mañana.

En Honduras, un país un poco más grande que Portugal y con una población de ocho millones de habitantes, la mitad de las personas vive en el campo y muchos dependen de la radio para mantenerse informados. Radio Progreso ha estado en el aire desde 1956 y tiene raíces profundas en la comunidad. Cuando los militares ingresaron en el edificio el día del golpe, una multitud de simpatizantes se acercó al lugar y abucheó a los soldados.

Rivas, de estatura pequeña, se enfrentó al oficial a cargo, pero accedió a finalizar la transmisión. «Yo estaba más indignada que nerviosa», recordó. Cuando los soldados se fueron, más simpatizantes llegaron y acamparon afuera del edificio para evitar que los militares regresaran. Al día siguiente, Radio Progreso se arriesgó a estar nuevamente en el aire transmitiendo noticias. «¿Cómo íbamos a defraudar a esta gente que estaba cuidando la radio?», se preguntó.

Radio Progreso permaneció en el aire, pero el director, Ismael Moreno, mejor conocido como «Padre Melo» Moreno y varios reporteros recibieron amenazas. Rivas, que empezó su vida laboral en una maquiladora armando camisetas para exportación, está muy orgullosa de trabajar dando noticias. «Yo lo veo como un privilegio, poder servir a la gente», dijo.

La violencia en Honduras se ha disparado desde el golpe de 2009, y poco ha cambiado bajo el nuevo presidente, Porfirio Lobo, que asumió en enero de 2010. En los últimos años Honduras se ha convertido en un importante punto de reembarque de cocaína traficada desde América del Sur hacia Estados Unidos. Los narcotraficantes están mejor armados que la policía y tienen dinero de sobra para sobornar a los políticos y las fuerzas del orden.

Hacia fines del 2011 Honduras probablemente alcance la tasa de homicidios más alta del mundo, 86 muertos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia en Tegucigalpa, un servicio de monitoreo apoyado por las Naciones Unidas. En promedio se han contabilizado 20 muertes al día, un 85% causadas por armas de fuego.

«Hay una impunidad tan fuerte que para un terrateniente, un narcotraficante, no es problema matar,» dijo Rivas. Un informe del 2010 del Centro de Protección de Periodistas (CPJ) fustigó la «alarmante actitud» del gobierno de Honduras, «que evitó tomar medidas esenciales para investigar los crímenes y arrestar a sus autores».

La CPJ analizó los casos de siete periodistas asesinados, pero al final sólo pudo confirmar que tres fueron asesinados en represalia por hacer un periodismo crítico.

El 5 de octubre el relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, inició en Honduras una investigación sobre los asesinatos de periodistas y amenazas a la libertad de prensa después del golpe. La Rue no acusó al gobierno directamente, pero sí lo criticó fuertemente por no investigar. (AFP)