Nueva normativa educativa es un atentado contra la estabilidad laboral

TEGUCIGALPA.- La dirigencia magisterial sostuvo este martes que el pueblo hondureño ha sido utilizado por el gobierno, cuando se asegura que la Ley Fundamental de la Educación fue socializada con todos los sectores de la sociedad, antes de someterla a discusión en el Congreso Nacional (CN).

La dirigencia magisterial argumenta que la nueva ley elimina varios artículos del Estatuto del Docente.

“Sentimos que el pueblo ha sido utilizado para decir en los medios de comunicación que ha sido una ley socializada, ya que las recomendaciones que se hicieron en las mesas de concertación no se tomaron en cuenta”, dijo el presidente electo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Óscar Recarte.

El dirigente de los docentes se pronunció en esos términos en virtud de que el Congreso sometió a discusión en primer debate la polémica legislación que suplantará a la Ley de Educación, vigente desde 1966.

Recarte aseguró que el magisterio no está en contra que se haga una verdadera transformación en el sistema educativo, ya que los cambios son necesarios, sobre todo cuando las innovaciones están surgiendo a nivel internacional.

Sin embargo, apuntó que el país requiere una normativa que se base en la realidad nacional, “aquí no pueden hablar de transformaciones educativas o de cambios educativos, mientras no haya una verdadera infraestructura en los centros educativos”, cuestionó.

Señaló que no se puede hablar de cambios cuando hay alumnos que se sientan a recibir clases en bloques de concreto u otros asistiendo a centros educativos destruidos y en tanto sigan operando 6,000 centros educativos unidocentes.

CALIDAD

Mientras no se resuelvan esas necesidades, “no podemos hablar de calidad de educación”, expresó Recarte, al tiempo que apuntó que la calidad educativa no solo es en términos cuantitativos, es decir que se garanticen los 200 días de clases, ya que además se requiere buenas condiciones de infraestructura y el suficiente material didáctico.

A juicio del presidente electo del Copemh, la normativa en discusión no recoge las expectativas que se generaron en las mesas del diálogo, “por lo que sentimos que al final el gobierno, a través del Congreso, va a imponer esta ley”.

Recarte indicó que la normativa ha sido impuesta al gobierno por los organismos internacionales.

El entrevistado apuntó que el concepto de gratuidad dentro del texto del proyecto de ley no está muy claro, porque el borrador estipulaba que la educación es un servicio “y en esa palabra nosotros no estamos de acuerdo porque la educación no es un servicio, es un derecho humano”, alegó.

Agregó que la confusión persiste porque el texto dice en algunas partes, que la educación será gratuita, pero en reiteradas ocasiones insiste con la palabra servicio.

SUPERVISIÓN

En torno al proceso de supervisión que ha emprendido el gobierno, dijo que no se apega al Estatuto del Docente, ya que este establece los parámetros para la evaluación y capacitación de los educadores.

Añadió que al magisterio no le incomodan los procesos de evaluación, pero que el problema radica “cuando se quiere imponer a través de órganos de padres de familia que atienden intereses políticos”, como está ocurriendo en la actualidad con la constitución de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (Comde).

Asimismo, debatió que la nueva normativa establezca la separación del cargo para aquel maestro que no sea capacitado ni actualizado, cuando eso es una responsabilidad de Estado, según lo establece el Estatuto del Docente. Agregó que lo anterior es un atentado contra la estabilidad laboral.

Según los análisis del dirigente magisterial, la Ley Fundamental de la Educación eliminará muchos artículos del Estatuto del Docente.

MUNICIPALIZACIÓN

También cuestionó la participación de las alcaldías municipales en la toma de decisiones en la educación, tal y como lo contempla la Ley de Incentivo a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, ya que a su criterio la función de las municipalidades debe ser únicamente de acompañamiento.

Añadió que las decisiones como el nombramiento de los docentes o las actividades que se van a hacer o dejar de hacer en los centros educativos, no es de los alcaldes municipales.

Vaticinó que con la participación de los ediles se politizará la educación, ya que estos estarían persiguiendo a aquellos docentes que no pertenecen a su partido político.

Asimismo, lamentó que con la descentralización educativa los pagos de los docentes pasen a ser responsabilidad de las alcaldías. (EP).