TEGUCIGALPA.- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jacobo Cálix, denunció actos irregulares en la administración de personal, nombramientos y despidos de jueces que han sido denunciados por actos de corrupción.
Recordó que cuando él ingresó al pleno de magistrados del Poder Judicial, el proceso de selección para el personal administrativo, los nombramientos y los despidos se hacían dentro del pleno de magistrados de la CSJ, esto en los dos primeros años, por lo que bajo ese esquema de administración se despidieron más de 26 jueces por diferentes razones.
Algunos fueron despedidos “por estar denunciados de actos de corrupción, por haber otorgado medidas sustitutivas en delitos contra el crimen organizado que en normativa procesal lo prohíbe, y justamente después de que se seguía el proceso correspondiente, esto llegaba al pleno y se tomaba estas decisiones de despedir los jueces señalados”.
Pero alrededor de hace un año, “el Congreso Nacional tomó la decisión y para nuestro entender y de criterio particular fue algo equívoco”, pues se estableció que “hasta que entrase el Consejo de Judicatura ese tema del nombramiento de personal quedaba en manos del presidente de la Corte”, indicó.
A partir de ese momento “nosotros desconocemos qué ha pasado con estos procedimientos y normalmente nos damos cuenta por lo que sale en los medios de comunicación, porque ya el pleno no tiene facultades en este tema, porque se dejó todo en manos del presidente de la Corte”.
DESPIDO DE JUECES
De acuerdo a Cálix, hay casos irregulares que están registrados en la Inspectoría del Poder Judicial, que no se les da los trámites correspondientes, porque “hay un caso reciente y particular que los mecanismos internos de la Inspectoría y de la Dirección de la Carrera Judicial recomendaron el despido” de un juez o jueza.
“No obstante, en esas facultades que tiene el presidente de la Corte, él opto por improbar eso y se decidió una sanción diferente de tres meses de suspensión”.
Con los otros casos “de muchos que hay por estos temas, no sabemos qué ha sucedido o qué sucede cuando llegan a manos del señor presidente”, opinó.
Según el magistrado de la Corte, a raíz de la decisión del Congreso Nacional de otorgar poderes únicos al presidente del Poder Judicial, los despidos de jueces son menos porque “nosotros tenemos entendido que a raíz de esa disposición legislativa los despidos empezaron a ser menos, habría que preguntarle al presidente cuántos ha despedido desde que él asumió el control que el Poder Legislativo le elevó en ese sentido”.
A la interrogante de que si se han nombrado jueces sin los concursos y exámenes correspondientes, Cálix detalló que “ahí tenemos otro tema, pues cuando estos nombramientos se hacían con el pleno, se destinó o hacía un concurso para ingresar a los diferentes cargos, como ser jueces de letras, magistrados de la Corte de Apelaciones o jueces de paz”.
El concurso se realizó y la gente que aprobó fue nombrada en estos respectivos puestos. Pero había alguna gente que había sido nombrada interinamente que no aprobó los concursos y consecuentemente lo que correspondía es que esta última gente debía ser cancelada, pero finalmente esta gente se fue quedando ahí, la fue dejando el presidente, y no fue removida.
Agregó que ahora ve con mucha preocupación y sorpresa que se está convocando a este personal a una prueba de conocimientos para darles una nueva oportunidad de estar en la titularidad de estos puestos.
En principio entendemos que todos tienen el derecho, pero no nos parece legítimo que si ya hubo un concurso y que siguió todos los procedimientos, esto con el tiempo suficiente y que fue aprobado, hoy se venga a la carrera y justamente antes de que entre el Consejo de la Judicatura a hacer la evaluación, por lo tal pareciera que lo que quieren es dejarlos en propiedad antes de que entre el Consejo de la Judicatura.
Todo eso quien debe de explicarlo porque está dentro de sus facultades es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sugirió.
Ante esto último, el magistrado se refirió a “un caso en concreto y hay una área muy sensible en el parlamento de justicia que es el área de derecho civil.
En el Juzgado de lo Civil de Tegucigalpa, que es el más importante del país, hay al menos tres jueces que no aprobaron ese concurso y que no debieron quedarse ahí, pero siguen ahí y dos de ellos son de los más denunciados… el presidente lo sabe y nunca ha tomado decisiones”.
Por todo esto, el magistrado dijo que “seguimos esperando explicaciones y que se nos notifique sobre todo esto”.