TEGUCIGALPA.– La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo ayer que el exdirector de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, trata de manchar al Estado hondureño cuando indica que la corrupción en Honduras está institucionalizada.
“Él está equivocado, el exdirector de la Policía lo que está tratando es de manchar a todas las instituciones, cuando la mayor mancha está en la Policía, porque quien ha quedado en evidencia de que hay criminales, es en la Policía”, expuso.
Abundó en que dentro de la Policía hay criminales y en el resto de las instituciones problemas, por lo que han sido intervenidas, como es el caso de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Inhfa).
“Muñoz Licona trata de confundir a la ciudadanía y enlodar a todo el Estado, pero no, ahora a quien hay que intervenir, en primer lugar, es a la Policía y luego hay que ver qué pasa y hay que intervenir el resto del sistema”, acotó.
Sobre la postura asumida en los últimos días por el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que ya no se quiere referir a él. Sin embargo, expresó, escuetamente que ha venido con el “discurso de los años ochenta”.
INTEGRIDAD
La autoridad académica, también, dejó entrever que teme por su integridad física por todo lo que ha dicho sobre los actos irregulares que involucran a la Policía.
“Yo quisiera que también pensaran en mi seguridad, entonces no puedo exponerme más de lo que ya estoy hablando, pero lo que les voy a decir es que todo lo que conocemos no lo conozco únicamente yo, si no que lo conocen otras personas y que eso va ser trasladado cuando ya se instale una comisión interventora”, expresó.
Refirió que la información es compartida por muchas personas, porque de lo contrario “la información se vuelve vulnerable”.
En ese orden de ideas, apuntó que la máxima casa de estudios tiene suficiente información como para que el gobierno se dé cuenta de la necesidad de hacer la intervención de la Policía, con el apoyo internacional.
Agregó que en la medida en que los funcionarios del gobierno “se vayan dando cuenta de lo que la Universidad sabe de este problema, en esa medida su posición irá cambiando y creo que ya lo vimos ayer (martes) cuando el Presidente dijo en Consejo de Ministros que ninguna opción estaba cerrada”.
Indicó que todo lo que sabe la UNAH sobre la problemática de inseguridad proviene de muchas personas que han sido víctimas que han trasladado información que tienen en su poder.
La autoridad académica precisó que en los últimos días el Alma Máter ha recibido varias denuncias en cuanto a que desde los centros penales se han planificado secuestros y de padres de familia que aseguran haber perdido sus hijos en las mismas condiciones en la que fue aniquilado su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellanos y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez.
Las víctimas, ambos estudiantes de la UNAH, fueron ejecutadas el pasado 22 de octubre a manos de cuatro agentes de la Policía Nacional, quienes se encuentran prófugos de la justicia, luego que se les permitiera su salida de la posta a la que estaban asignados.
“Nosotros cada día obtenemos mayor información sobre problemas en el desempeño policial, creo que las personas han encontrado un espacio en esta oportunidad como para poder hacer los planteamientos, los señalamientos que sean necesarios y que se incorporen a la propuesta que en este momento se está elaborando desde la Universidad”, apuntó.
“Tenemos algunas personas que nos han planteado que han sido víctimas de secuestro y estos secuestros, siguiendo todos los detalles de las llamadas telefónicas, se han originado en algunos centros penales”, detalló.
También “hemos recibido información de madres, que a sus hijos les han atentado a los vehículos en condiciones similares en las que murió Alejandro y Carlos e información de jóvenes que han sido heridos de bala dentro de sus vehículos y cuyas familias han recibido amenazas para que no denuncien los casos”.
AMENAZAS DE POLICÍAS
Precisó que las amenazas han venido desde la Policía, cuyos implicados advirtieron a los parientes de las víctimas que cuando llegaran a los hospitales no dijeran nada porque si no les iba a ir peor.
Agregó que algunas personas que acudieron a interponer denuncias por robo de vehículos, “inmediatamente, la Policía les puso al teléfono a personas para que los amenazaran, entonces hasta ahí llegó la denuncia”.
Castellanos apuntó que en el caso de los secuestros planificados desde los centros penales, no puede acusar directamente a la Policía, pero sí al Estado porque son instituciones que están en su poder. También, dijo que de todo mundo es conocido que las cárceles hondureñas son centros de crimen y de delito.
La entrevistada no quiso dar más detalles sobre las denuncias, pues consideró que estas serán conocidas a profundidad cuando se pasen a la comisión interventora y porque no puede seguir exponiendo su integridad por todo lo que ha dicho.
Añadió que lo que se espera ahora es que el gobierno escuche el clamor de la gente y no le niegue a los hondureños la posibilidad de denunciar la corrupción de la que ha sido víctima y del mal desempeño de la Policía.
“Nosotros vamos a trasladar al gobierno esta información para que se den cuenta de la urgencia de una intervención a la Policía y la gente se sienta segura y pueda hablar”, expuso.
DECRETO LEGISLATIVO
En torno al decreto legislativo que contempla la otorgación de facultades policiales a las Fuerzas Armadas por 45 días, dijo, que aunque es del criterio que se debe separar las funciones de las secretarías de Defensa y Seguridad, considera que si el tema está en el tapete de la discusión es por la poca confianza que se tiene en la Policía.
“Valoramos que son dos temas diferentes, que ambos ministerios tienen funciones diferentes, pero estamos, también, frente a una situación donde la Policía tiene nula credibilidad y la población está pidiendo seguridad”, anotó.
“Entonces creo que hay que hacer un balance equilibrado de la coyuntura que estamos viviendo, de las decisiones que se puedan tomar y ver que este tiempo que están pidiendo de 45 días, es un tiempo mediante el cual se puedan ver algunos resultados”, acotó.
Ante una posible revuelta policial por la medida del gobierno, expuso que en la actualidad la institución del orden “no tiene autoridad moral” para realizar ese tipo de acciones.
“La Policía no tiene autoridad moral para casi nada en este momento, la Policía no tiene ninguna autoridad moral para levantarse, para pedir respeto, para pedir que su autoridad se les valore y se les considere, la Policía está totalmente deslegitimada en este momento”, insistió.
Amplió que hasta el momento no se sabe quiénes son los policías honrados porque todavía están callados. “Si tuviésemos nosotros policías honrados, que se levantan y dan un paso adelante y se colocan del lado de la demanda de la ciudadanía, ahí sí pudiéramos nosotros decir: hay algo rescatable en la Policía, pero en este momento están callados y viendo qué es lo que pasa”.
PROPUESTA
A través de la propuesta que fue oficializada la semana anterior, la UNAH sugiere entre otras cosas, depuración, reestructuración e intervención con el acompañamiento internacional de la Policía, al considerar que esa institución es el núcleo de la problemática de violencia que afecta al país.
El pliego de propuestas en materia de seguridad y justicia será analizado hoy a las 5:00 de la tarde en Casa de Gobierno por una comisión técnica integrada por académicos del Alma Máter, sociedad civil y de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Castellanos también ha apuntado que varios organismos y países cooperantes con los que se ha reunido en los últimos días, le han manifestado que antes de apoyar la propuesta, quieren asegurarse que esta aportará a mejorar los niveles de seguridad, “porque lo que ellos hasta ahora valoran, es que por muchos años han entregado fondos y los niveles de seguridad no han mejorado”.
Añadió que por ahora los cooperantes han comprendido mejor que el núcleo central del problema es la Policía y que por lo tanto cualquier cantidad de ayuda que ellos puedan aportar, muy poco estaría ayudando a la seguridad.
La entrevistada apuntó que la propuesta de la máxima casa de estudios ha estado siendo acuerpada por bastantes sectores de la sociedad hondureña, e incluso se han recibido llamadas del interior del país para que se les incluya en el debate, porque al igual que en la capital, están siendo presas de la inseguridad producto del accionar policial.
Sobre el posible asesoramiento que pudiera brindar la policía de Nicaragua a su similar de Honduras, Castellanos respondió que es algo que podría resultar positivo porque la institución del hermano país goza del mejor desempeño a nivel regional. (EP).