TEGUCIGALPA.- El Ministerio Público inició ayer una investigación para dar con el paradero de fusiles AK-47, que se sospecha fueron sustraídos de un lote de armas que se encontraban en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y que fueron decomisadas durante la administración del Presidente de la República, Ricardo Maduro, entre el 2003-2006.

El desorden administrativo, con el que se ha manejado el depósito de armas de guerra, tanto decomisadas y de uso oficial desde la década de los noventa, por parte de los operadores de justicia, hoy en día tiene de correr a las autoridades investigativas.
La situación se ha agravado con el robo de unos 300 fusiles, tipo Fal, de las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y un faltante de fusiles AK-47, reportados en agosto pasado.
Los 300 fusiles Fal desde el 2006 se encontraban en un furgón con otras evidencias en las instalaciones de los Cobras por orden de la Policía Preventiva y la Fiscalía, junto a este se encontraba otro furgón que almacenaba unos 2,000 fusiles AK-47 que habían sido decomisados durante una campaña de desarme que inició la Policía en la administración de Ricardo Maduro y que en este mismo año se pretendía destruir con ayuda del Programa de las Naciones Unidas en Honduras (PNUD).
Dichas armas al final no fueron destruidas, porque se dijo que la Fiscalía de Derechos Humanos antes quería averiguar si con alguna de estas la Policía había cometido algún delito, cosa que ya había denunciado la comisionada de Policía ahora en condición de retiro María Luisa Borjas, cuando reveló que la Policía tenía casas de seguridad para torturar a presuntos delincuentes juveniles y que en algunos casos utilizó fusiles AK-47 que se encontraban en la bodega del cuartel general de la Policía en el barrio Casamata.
El director de recursos materiales de la Policía Nacional, comisionado Héctor Villatoro Gonzales, quien asumió este cargo en marzo del 2010, informó a este rotativo que sus antecesores le notificaron que el cargamento de AK-47 que se encontraba en las instalaciones de los Cobras en diciembre del 2007 había sido enviado al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA) y que no quisieron aceptar en depósito unos 1,600 fusiles Fal que la Policía Preventiva había sustituido por fusiles Galil y Berreta, porque según los militares estaban viejos.
Las Fuerzas Armadas a través de un comunicado informó que en efecto en diciembre del 2007 recibió de parte de la Policía 1,615 fusiles AK-47, pero que todos se encontraban en mal estado. Esta noticia ha originado que el Ministerio Público inicie otra investigación en torno a estas armas en base que fue este organismo quien remitió dichas armas a la Policía después de encontrarse en la Dirección de Medicina Forense en peritaje para ver si no se había cometido algún delito con ellas.
Al momento de la remisión de la AK-47, gran parte se encontraban en buen estado y algunas buenas fueron asignadas a las Direcciones de la Policía Nacional, aseguró la directora de la Unidad Técnica de Reforma del Ministerio Público, Mayra Durón.
“Es cierto que algunas de ellas eran irreparables, pero la mayoría se encontraban en buenas condiciones”, aseguró la funcionaria del Ministerio Público.
Fuentes cercanas a los círculos de investigación de la institución policial informaron que la Inspectoría General de la Policía, Dirección de Asuntos Internos en coordinación con la Fiscalía le dan seguimiento a las armas faltantes dentro de la Policía Nacional y Preventiva, entre ellas fusiles AK-47 que fueron asignadas a direcciones de la Policía Nacional y que después de la prohibición a los policías de portar este tipo de armas las prestaron o vendieron a particulares y compañías de seguridad.
Asimismo, se le da seguimiento a las armas tipo pistolas que la Policía Nacional ha proporcionado a jueces, fiscales y funcionarios públicos, desde el 2002 en calidad de préstamo para defensa personal. Algunas de las armas también están siendo ubicadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), porque constan en inventarios pero no se encuentran físicamente.

Cabe destacar que el primer robo masivo de armas de la Policía se reportó a mediados del 2007 de las bodegas de los Cobras, supuestamente un oficial de alto rango sustrajo 186 armas, que luego fueron encontradas en gran parte en la República de Nicaragua, cuando estaban siendo embarcadas supuestamente rumbo a Sudamérica.
A REVISIÓN LOS ALMACENES
Producto de los hurtos y robos de armas reportados en la Policía Preventiva y el Centro de Justicia Integrado, la Unidad Técnica de Reforma del Ministerio Público inició un re-inventario de las armas en su poder y asimismo de otras evidencias.
“Estamos viendo los expedientes de las armas en comiso. Yo le puedo asegurar que en el almacén central no tenemos armas prohibidas decomisadas o sea AK-47”. En el 2009 empezaron a reorganizar los inventarios de evidencias de 15 fiscalías y en este año se están volviendo a reorganizar.
“Según el reglamento de evidencias del Ministerio Público nosotros no podemos tener armas de guerra en nuestros almacenes, una vez judicializadas tienen que ser inutilizadas y según el artículo 220 del Código Procesal Penal indica tiene que acordarse la inutilización o sea su destrucción y este va en consonancia con el decreto emitido en el 2003 que ordenaba su destrucción”, expuso la funcionaria.
“Yo recuerdo que se iba hacer una destrucción de estas armas en el 2006, pero la Fiscalía de Derechos Humanos en ese entonces se opuso porque muchas de las armas iban hacer inutilizadas sin ser periciadas o investigadas si con ellas se había cometido algún homicidio”.
En el 2006 con el objetivo que se periciaran y se obtuvieran marcas, patrones para poder determinar si con alguna de ellas se había participado en algún delito se detuvo su destrucción.
Entonces fueron trasladadas a la Dirección de Medicina Forense para ser periciadas y después fueron trasladadas a la Policía Preventiva y posteriormente al CALFFAAH.
Algunos de los fusiles AK-47 buenos fueron asignados a algunas direcciones de la Policía Nacional, porque así lo establecía el decreto del 2003, no todos los fusiles eran inútiles, porque algunos se dejaron para uso y sí otros estaban en malas condiciones, agregó la abogada Durón.
“Yo no puedo dar un dato específico de cuántos fusiles estaban en uso e inútiles, creo que la Policía puede dar ese dato”, sugirió.
Hasta junio de este año no se han reportado existencia de armas de guerra prohibidas en poder de la Fiscalía, la UTR maneja el proyecto de reorganización de la evidencia y los inventarios y depuración de la evidencia.
“Hemos concluido en hacer el reglamento interno del manejo de la evidencia en el Ministerio Público, antes se hacía con el reglamento de indicios, evidencias físicas y biológicas, que fue elaborado dentro del marco de la Comisión Interinstitucional de Justicia penal”.
Años atrás se había hecho un inventario de las evidencias de armas, pero hasta en junio de este año no se reporta existencia de armas prohibidas en poder del Ministerio Público, fueron remitidas a la Policía.
Tenemos en poder otro tipo de armas, por ejemplo: Tenemos unas ochenta armas de la Policía Nacional, pero que son evidencia de procesos que lleva el Ministerio Público por delitos de hurto, robo u homicidios y están debidamente inventariadas.
Están haciendo un trabajo conjunto con la Policía Nacional para tramitar estos casos y que después las armas sean devueltas a esta institución, porque algunas les han sido robadas. Igual tenemos armas de las Fuerzas Armadas que les han sido sustraídas de las unidades militares, pero son pocas, añadió la directora de UTR del Ministerio Público.