TEGUCIGALPA.- Los medios de comunicación son los canales de cientos de denuncias por violación de derechos humanos y permiten a los responsables de la persecución penal del delito establecer hasta un patrón inicial de las causas, y por eso nunca representarán un obstáculo para la justicia, consideró la exfiscal humanitaria, Sandra Ponce.
Ponce reaccionó sobre el efecto probable de la prensa que estimula al gobierno poner en marcha una regulación que hasta el momento se desconoce en qué consistiría, aunque varios profesionales del derecho ya han calificado la iniciativa como “ley mordaza”.
“La prensa son defensores de derechos humanos genuinos, no es casual que en recientes encuestas la prensa aparezca en los primeros lugares de las instituciones en las que la ciudadanía cree, pese a que han corrido enormes riesgos”, expresó a LA TRIBUNA.
La fiscal recientemente sustentó su opinión al mencionar durante un reconocimiento del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), por su eficiente labor como funcionaria, que la prensa fue uno de sus más importantes aliados para la Fiscalía.
“La prensa hondureña para la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha sido un importante aliado, ha sido clave porque ha mantenido la cuestión de los derechos humanos en el debate público y siempre han puesto de relieve la importancia del tema”, expresó.
Ponce, aun cuando dejó su cargo dentro del Ministerio Público (MP), pidió como ciudadana que reconoce la labor de los medios, que “mantengan su interés, y sigan promoviendo que la cuestión de los derechos humanos sea central, que los derechos fundamentales sigan siendo considerados en el terreno y de manera real el factor legitimador del Estado de Derecho”.
“Si no se respetan ni reconocen los derechos humanos, simplemente no hay Estado. Sabemos que vienen tiempos difíciles, hay una situación muy crítica de inseguridad, la ciudadanía en este tipo de escenarios se ve muy dispuesta a renunciar a las libertades en favor de obtener mayor seguridad ciudadana, las personas están dispuestas inclusive a renunciar a la democracia”, lamentó.
Por esa razón, instó al gobierno y a los tomadores de decisiones en materia de seguridad, orientar a la ciudadanía de que una mayor seguridad no excluye el respeto de los derechos humanos ni un efectivo desempeño institucional. (SA).