TEGUCIGALPA.- Empresarios exigieron hoy al gobierno que se dé a conocer cómo quedó la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas del Estado, que contiene cargas impositivas y eliminación de franquicias.
La aplicación de esa medida, mejor conocida como “Paque-Tito”, pretende la recaudación de unos 1,600 millones de lempiras, según estimaciones de sectores económicos agrupados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El director ejecutivo de esa organización empresarial, Armando Urtecho, recordó que hicieron varias observaciones en el documento que fue devuelto por el Congreso Nacional (CN) a Finanzas. “Hasta el momento no hemos recibido absolutamente nada de Finanzas”, aseguró el ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra, demandó que se efectúe el consenso de la medida tributaria antes que sea remitida de nuevo al Legislativo para su discusión y aprobación.
“Se nos ha dicho por parte del ministro Héctor Guillén que lo va a presentar en el Congreso Nacional, previo a un consenso con los empresarios, pero estamos esperando que cumpla con lo prometido”, expresó.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional en mayo ese sexto paquete de ajuste fiscal en el presente gobierno, en el marco de la urgencia de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La empresa privada consideró que se trataba de un proyecto lleno de contradicciones, por lo que el Legislativo lo regresó de nuevo a Finanzas para efectuar las correcciones.
Entre las repercusiones del “Paque-Tito” está el aumento la tarifa de energía eléctrica y el costo de la maquila y otras actividades que generan empleo, afectando al sector industrial criollo, acogido al RIT, que produce para exportaciones.
Adicionalmente se cancela el beneficio de devolución del 8 del 12 por ciento del Impuesto sobre Ventas cuando se compre con tarjetas de crédito, se propone rebajar el impuesto selectivo al consumo de los vehículos de lujo, en algunos casos desde 60 al 10 por ciento.
Asimismo, aumenta el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en 6,200 millones de lempiras, entre otras contradicciones, violaciones constitucionales y jurídicas de esa propuesta, denunciadas en su momento por la empresa privada. (WH).