Presentan proyecto para creación del juicio político

TEGUCIGALPA.- El diputado democristiano, Augusto Cruz Ascencio, introdujo el proyecto de la Ley del Juicio Político, una figura ausente en la Constitución de la República de Honduras y que ha generado la ilegalidad de algunas acciones del Congreso Nacional para destituir al expresidente Manuel Zelaya y a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con el juicio político se garantizará el debido proceso y la trasparencia y claridad en la ejecución de esta figura.

En la sesión presidida por el vicepresidente Mauricio Oliva, este proyecto lo trasladó a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En la exposición de motivos, el congresista dice que “enmarcados en el Estado de Derecho y de las vulnerabilidades en materia de artículos constitucionales o de leyes especiales que señalen claramente los procedimientos para aplicar la figura de juicio político, y que garanticen el debido proceso y la trasparencia y claridad en la ejecución de esta figura, se hace necesario incorporar en nuestro sistema legal la figura de juicio político”.

Agregó que “es sabido que hay varias alternativas para incorporarlo, ya sea por vía constitucional, haciendo reformas al Código Penal, de manera de tipificar este tipo de delito, o sencillamente emitir una especial como sucede por ejemplo en Argentina. En esta ocasión, a pesar de ser un tema muy polémico y que puede enfrentar varias posibilidades para su incorporación a la legislación nacional, resulta saludable hacerlo de manera de evitar sobresaltos y situaciones que pongan en precario la institucionalidad jurídica del país”.

En los considerandos del proyecto, el congresista señala que “hay un vacío jurídico en nuestra legislación, contentivo del juicio político a altas autoridades, y que el mismo debe ser subsanado”.

Además, apunta a las experiencias recientes que ha habido en el país sobre la ambigüedad y vacío legal, que producen distorsiones y desnaturalizan el Estado de Derecho, como la destitución del expresidente Manuel Zelaya y de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Óscar Fernando Chinchilla.

Agrega que “en nuestra legislación no hay inmunidad para ningún miembro de los poderes del Estado (y) que es necesario contar con un procedimiento enmarcado en ley, claro, trasparente y que garantice el debido proceso”.

Según la propuesta de Cruz Ascencio, “el juicio político será un procedimiento de destitución y sustitución de altas autoridades del país, sean funcionarios públicos o autoridades electas en elecciones generales, el cual regirá en el futuro en cuanto a su procedimiento por la presente ley”.

Estarán sujetos a la promoción de juicio político los funcionarios con rango de secretarios de Estado, magistrados, Presidente o vicepresidente de la República, alcaldes o diputados.

El juicio político deberá promoverse por cualquier funcionario público que tuviere conocimiento que se ha incurrido en alguna de las causales anteriores. Podrá también ser iniciado por denuncia por cualquier persona que goce de sus derechos políticos y civiles, pero si se trata de un delito de acción privada o dependiente de instancia privada, también el Congreso Nacional podrá iniciar el procedimiento.

La denuncia deberá ser presentada por escrito, pero no estará sujeta a ningún rigorismo formal. El denunciante deberá acreditar su identidad, dejará constancia de sus circunstancias personales y domicilio real. No se dará curso a ninguna denuncia anónima.

Una Comisión de Juicio Político será conformada por el presidente del Congreso Nacional para conocer de las denuncias y tramitarlas. Dicha comisión tendrá 60 días para resolver la admisión de la denuncia o denegarla.

La comisión comunicará al funcionario en el término de 10 días que ha sido denunciado para continuar con el procedimiento, que contempla la defensa y la evacuación de las pruebas antes de asistir al juicio, el cual se realizará en la sede del Poder Legislativo, ya sea de manera pública o privada.

El juicio se desarrollará en audiencias diarias hasta su terminación, pudiendo suspenderse por un término máximo de 10 días cuando circunstancias inesperadas o extraordinarias impidan o dificulten su normal continuidad, o hagan necesario realizar alguna diligencia en el exterior.

El Congreso podrá decretar la suspensión de cargo de cualquier de los funcionarios por la mayoría calificada de los dos tercios de votos. Y si la falta o delito es de tipo penal, el caso se remitirá a los tribunales. (NA)

LAS ATRIBUCIONES
El Congreso podrá declarar al acusado incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación.

La Comisión del Juicio Político tendrá las siguientes atribuciones:

1.Requerir informes, documentos o expedientes de las autoridades nacionales, departamentales o municipales, o de particulares.

2.2. Requerir de los órganos jurisdiccionales opiniones jurídicas sobre la acusación.

3.Tomar declaraciones a testigos o peritos, quienes lo harán ante el presidente de la comisión, pudiendo concurrir los diputados que lo estimen conveniente. De las declaraciones se obtendrá versión taquigráfica, la que será agregada al expediente. Los diputados presentes en las audiencias podrán interrogar a los testigos y peritos con la autorización del presidente. También podrán disponer visitas a inspecciones oculares.

3.Unificar las causas si hubiere varios denunciantes o varios denunciados por un mismo hecho, o las características del hecho lo hicieran aconsejable. En cualquier caso se dará inmediata cuenta a la Cámara.

4.5.Extraer testimonios y fotocopias de expedientes o archivos, y agregarlos a las actuaciones.

6.6. Citar al acusado para que, personalmente, por escrito, o por apoderado, tome vista de las actuaciones, y exprese lo que considere conveniente en su defensa. Si el acusado no concurriera, las actuaciones seguirán su curso.

Circunstancias que darán lugar a un juicio político
1. No reunir las condiciones exigidas por la Constitución y las leyes para el desempeño del cargo.

2. Inhabilidad física o mental, determinada por una junta de cinco peritos de reconocida versación en la materia, designada por el Senado.

3. Incumplimiento manifiesto de los deberes correspondientes al cargo que desempeña.

4. Incompetencia, negligencia, parcialidad o arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, incurrida en forma manifiesta y reiterada.

5. Encontrarse comprendido en alguna causal de incompatibilidad prevista en las leyes de la República.

6. Inmoralidad comprobada por hechos concretos, que ocasionen descrédito o desprestigio al cargo desempeñado o a las instituciones republicanas.

7. Haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la Constitución.