Ley de Reconversión de Deuda Pública desata dudas entre diversos sectores

A medida que va pasando el tiempo y que la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública está cerca de ser sancionada por el Presidente Porfirio Lobo Sosa, diversos sectores consideran que existen muchas nebulosas alrededor de esa normativa y que debe haber una reconsideración.

Bajo la Ley de Reconversión se otorgarán concesiones para la explotación racional de los recursos ociosos o proyectos sin explotar, entre ellos tierras para la explotación minera.
Bajo la Ley de Reconversión se otorgarán concesiones para la explotación racional de los recursos ociosos o proyectos sin explotar, entre ellos tierras para la explotación minera.

Las autoridades de gobierno han explicado hasta la saciedad que el proyecto no pretende enajenar, hipotecar y mucho menos vender los activos del Estado que se encuentran ociosos, sino darlos en concesión a cambio de recursos frescos con los cuales se pueda hacer frente a la deuda pública.

El proyecto de decreto fue presentado y aprobado el viernes 20 de julio pasado, en un solo debate por el Congreso Nacional, en la ciudad de Gracias, Lempira, a pesar de la oposición de algunos diputados que consideraron necesario darle un poco más de pensamiento a la iniciativa, porque puede acarrear algunas consecuencias.

Ante esa situación, hay sectores que le solicitaron al Presidente Lobo Sosa que vete ese decreto una vez que la Secretaría del Congreso Nacional se lo remita, porque a través del mismo está poniendo en riesgo los bienes y los recursos naturales de Honduras, aunque este ha dicho que no hay marcha atrás.

El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, en reiteradas ocasiones explicó que mediante el decreto no se ponen en riesgo los recursos naturales, ni los bienes de Honduras, como han señalado algunos opositores.

“Aquí de lo que estamos hablando es de una concesión para explotar racionalmente los recursos naturales, la concesión tiene un plazo, lo que quiere decir que al finalizar la misma, el usufructo de ese bien vuelve al poder del Estado”, indicó.

Wilfredo Cerrato: “Se recibe a valor presente el potencial de un recurso natural a ser explotado”.
Wilfredo Cerrato: “Se recibe a valor presente el potencial de un recurso natural a ser explotado”.

“En ningún lado habla de venta, enajenación o de hipoteca, el artículo 2 lo dice bien claro, incluso el Banco Central hará la función de custodia de los activos, quiere decir, que los activos nunca pasan o cambian de propiedad del Estado a otro”, apuntó.

“ESTADO NO SE ENDEUDA”

El funcionario dijo que es importante resaltar que a través de esa ley no existe ninguna deuda para el Estado y, por lo tanto, no se puede considerar hipoteca, ya que no se establece por ningún lado la figura del préstamo.

“El Estado no es un acreedor, ni un financiador, lo que se hace es que se recibe a valor presente el potencial que tiene un recurso natural a ser explotado, al generar flujo futuro, se hace un cálculo a una tasa de descuento por el período de tiempo que se explote y eso trae un valor presente, el cual se utiliza para pagar deuda”, explicó.

De igual forma, comentó que los flujos financieros futuros de la explotación racional de los recursos ociosos o de los proyectos sin explotar, serán la única garantía, aclarando que el Estado no pondrá las propiedades o el bien a explotar en garantía, lo cual se establece en el artículo 9 del decreto.

El Estado recibirá a valor presente el potencial que tiene un recurso natural a ser explotado, fondos que se utilizarán para pagar la gigantesca deuda pública.
El Estado recibirá a valor presente el potencial que tiene un recurso natural a ser explotado, fondos que se utilizarán para pagar la gigantesca deuda pública.

El titular de Finanzas aseguró que los recursos que se obtengan de esas concesiones serán utilizados única y exclusivamente para el pago de la deuda pública, contribuyendo así a las generaciones futuras.

Uno de los diputados que votó en contra de la aprobación de la Ley de Reconversión de la Deuda Pública, fue el pinuista German Leitzelar, quien presentó un escrito para que la misma fuera reconsiderada por el Poder Legislativo, pero su petición fue rechazada y el martes anterior el decreto fue ratificado.

DEBIÓ SER CONSULTADA

Para el subcoordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ralph Flores, el decreto se presenta en términos bastantes generales, por lo que considera que debió haber sido ampliamente discutido antes de ser aprobado.

“Lo que se estaría dando es una especie de garantía, porque van a recibir de manera anticipada recursos que estarían en el flujo de operación cuando entren a explotar el bien o el recurso que sea adjudicado, en el marco de esta ley”, expresó.

“Cada caso va a requerir hacer los estudios de factibilidad y financieros, para ver cuál sería el comportamiento de ingresos futuros de este tipo de actividad, porque como es a futuro, ponerlo a valor presente, cuánto pudiera generar y establecer una negociación de cuánto será el dinero a recibir en este momento o cuando se haga la operación”, subrayó.

Ralph Flores: “Se estaría dando una especie de garantía, porque van a recibir recursos de manera anticipada”.
Ralph Flores: “Se estaría dando una especie de garantía, porque van a recibir recursos de manera anticipada”.

A criterio del economista, la Ley de Reconversión de la Deuda Pública parece una buena alternativa financiera, pero considera que el Estado de Honduras no debe ser manejado como una empresa privada, porque son los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y, por lo tanto, tuvo que haberse consultado antes de ser aprobada.

“Lamentablemente aquí solo se habla de que en este tipo de actividad todo es beneficioso, no, tiene que haber un balance objetivo, ya hay metodologías para analizar si una inversión es positiva o negativa para una economía o para una sociedad, aquí solo se toma el flujo financiero como que es el elemento positivo”, señaló.

Comentó que el decreto pareciera estar orientado primordialmente a la explotación de la minería, porque el Comité que estará a cargo lo integran la Secretaría de Finanzas, que la coordinará y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

En ese sentido, indicó que en Honduras se habla de que hay muchas concesiones mineras que nunca han sido utilizadas, por lo que se preguntó si las mismas podrían ser expropiadas a la empresa o van a obligar a quien tenga la concesión para que pague una renta presuntiva anticipada al Estado.

“El punto es qué va a pasar con los otros gobiernos, cuando se encuentren que ya el gobierno actual generó compromisos a largo plazo y no podrá modificar esa situación, porque el que tenga la concesión va a exigir que le cumplan la cantidad que pudo haber entregado y el flujo correspondiente, todo eso no se sabe”, planteó.

¿Y LA DEUDA FLOTANTE?

El proyecto fue presentado y aprobado el viernes anterior en un solo debate, en la sesión celebrada en Gracias, Lempira, pese a la oposición de algunos diputados.
El proyecto fue presentado y aprobado el viernes anterior en un solo debate, en la sesión celebrada en Gracias, Lempira, pese a la oposición de algunos diputados.

Según indicó el ministro de Finanzas, la deuda pública está conformada por la deuda interna que tiene el Estado por la emisión de títulos valores, así como por la deuda externa que son los préstamos que se tiene con los diferentes organismos internacionales.

Conforme a datos manejados por el Fosdeh, para abril del 2013, la deuda pública de Honduras, agregada la flotante, era de 13 mil 992 millones de dólares, representando el 76.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El balance de sumas y saldos de la Secretaría de Finanzas al 30 de junio del 2013, la deuda interna es de 64 mil 256 millones de lempiras, mientras que la deuda externa es de 84 mil 462 millones de lempiras.

A eso no se suma la deuda flotante del gobierno, la cual anda arriba de los 22 mil 356 millones de lempiras, que sumado a la deuda interna y externa, ascendería a más de 171 mil millones de lempiras.

Sin embargo, para Flores, en el decreto de la Ley de Reconversión de la Deuda Pública, en ningún momento se habla de esa deuda flotante, la cual es contraída por el Estado por diferentes servicios. Entre ellos, cuentas por pagar a contratistas, servicios personales, contribuciones patronales, deducciones, donaciones y transferencias, subsidios y devolución de impuestos.

EN OTROS PAÍSES

Mauricio Oliva: “Me parece que los hondureños tenemos la tendencia a satanizar las cosas”.
Mauricio Oliva: “Me parece que los hondureños tenemos la tendencia a satanizar las cosas”.

El presidente en funciones del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, manifestó que mediante la Ley de Reconversión no se está tratando de “inventar el agua caliente”, ya que es un mecanismo que se utiliza en otros países con buen suceso.

“La usan aquí nomás en Costa Rica, Colombia la ha usado con mucha efectividad y el otro país creo que es Perú; en primer lugar son fondos que se utilizarían en un fideicomiso manejado por el Banco Central y exclusivamente para pagar deuda pública”, declaró.

El congresista consideró que los detractores de la ley no la conocen a profundidad y tratan de satanizarla, pero de lo que se trata es sentar las bases que posiblemente la futuras administraciones de gobierno son las que lo van a explotar.

“Me parece que los hondureños tenemos la tendencia a satanizar las cosas; mire no estamos en una situación fácil hay que tener creatividad para construir las ofertas”, expresó.

Aclaró que el decreto no solo va dirigido a la minería, sino que es abierto, ya que habla de recursos naturales y se incluye la explotación racional del bosque, minería o infraestructura.

Oliva, indicó que el problema que existe en Honduras es que hay una gran deuda interna que tiene las características de ser a más alto interés y a más corto plazo, mientras que la externa que es a más bajo interés y largo plazo, siendo manejada de manera más tranquila.

LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y RECONVERSIÓN DE DEUDA PÚBLICA
Artículo 1: Se autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública, a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, y para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de infraestructura referidos en este decreto. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de racionalización del gasto y otras que se deban tomar.

Artículo 2: Para la implementación del programa anteriormente descrito se autoriza la Secretaría de Finanzas para que estructure un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, el cual hará la función de custodio de los activos objeto de este programa, cuyo patrimonio podrá estar constituido por los proyectos de explotación racional de recursos naturales e infraestructura relacionados en la presente ley y que no hayan sido concesionados o sujetos a Alianza Pública-Privada de conformidad a la ley respectiva.

Deberá incluirse como parte de dicho patrimonio toda pre-inversión ya realizada o ejecutada, estudios, análisis, proyecciones, estimaciones, planos, diseños y demás documentación pertinente, relacionada con la explotación u operación de los mismos, así como los flujos de efectivo proyectados por su explotación u operación.

Artículo 3: Se instruye a cada secretaría de Estado, institución o ente descentralizado o desconcentrado para que en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, elabore un inventario de los proyectos estructurados o potenciales de explotación racional de recursos naturales o de infraestructura bajo su responsabilidad, gestión o administración, que se encuentren ociosos, capaces de ser generadores de ingresos en caso de su exploración, explotación o desarrollo y operación.

Dicho inventario deberá ser proporcionado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, sin perjuicio de informar mensualmente a la misma sobre los nuevos proyectos identificados para ser objeto de lo enunciado en estas disposiciones legales.

Una vez elaborado el inventario, las Secretarías de Estado, instituciones o entes descentralizados o desconcentrados deberán hacer la cesión al Fiduciario de los derechos de los proyectos seleccionados por la Secretaría de Finanzas. Los titulares de las Secretarías de Estado y demás entes estatales que incumplan lo establecido en este artículo, serán responsables, civil, administrativa y penalmente.

Artículo 4: El fideicomiso deberá estar integrado por las siguientes partes:

a)El fiduciario.

b)La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que actuará como fideicomitente y como fideicomisario.

c)Las Secretarías de Estado, instituciones o entes descentralizados o desconcentrados, como fideicomitentes y fideicomisarias.

Artículo 5: El fideicomiso deberá estar integrado por un comité técnico conformado por las siguientes instituciones:

a)El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, quien lo presidirá;

b)Un Titular de la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico Privada (Coalianza),

c)El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (Serna),

d)Un representante de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

El fiduciario actuará como Secretario de este Comité Técnico con voz pero sin voto.

Artículo 6: Para garantizar la operatividad del programa, el comité técnico del fideicomiso podrá constituir uno o varios subcomités, a fin de que los mismos se hagan cargo de la escogencia de los operadores encargados de la explotación de los recursos o el desarrollo de los proyectos.

El comité técnico siguiendo las recomendaciones de los sub-comités recomendará al fiduciario la contratación de uno o más subfiduciarios que deberán encargarse de las contrataciones respectivas para cada caso y de realizar las emisiones y colocación de los títulos de inversión correspondientes a cada proyecto.

Los inversionistas adquirentes de dichos bonos formaran parte de estos subfideicomisos como fideicomitentes y fideicomisarios. El Comité Técnico recomendará la selección y contratación de los consultores que se encarguen tanto de la estructuración financiera y legal del proceso de titularización de cada proyecto.

Artículo 7: Para los efectos de este Programa es aplicable lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley para la Promoción de la Alianza Público Privada (Decreto Legislativo No.143-2010), así como lo establecido en el artículo 49 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (Decreto Legislativo No. 51-2011).

Artículo 8: Una vez preparada la estructuración del proceso de titularización, se autoriza al fiduciario para que este instruya a los subfiduciarios para emitir títulos a cargo de cada recurso o proyecto, ya sea en moneda nacional o extranjera, a largo plazo y a las tasas que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas estime favorables, los cuales serán colocados en el mercado nacional o internacional, mediante oferta privada o pública y podrán ser adquiridos tanto por inversionistas nacionales como extranjeros de carácter privado o público, debiéndose dar preferencia, pero sin limitarse, a los bancos de desarrollo o entes internacionales dedicados a dichas actividades.

El fiduciario velará porque exista la debida correspondencia entre las tasas y plazos de los títulos que se emitan con el flujo de efectivo proyectado, procurando una armonía adecuada para evitar un desfase entre ingresos y egresos.

Artículo 9: Los flujos financieros futuros proyectados por la explotación racional de los recursos naturales ociosos o de los proyectos sin explotar fideicometidos constituirán la única garantía de pago de los títulos de inversión que se emitan como resultado de la titularización autorizada por medio del presente decreto, no pudiendo el Estado en ningún caso emitir garantía soberana o de ninguna otra naturaleza para su respaldo. Bajo ninguna circunstancia el Banco Central de Honduras o la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas podrán constituirse como garantes de los mismos, lo cual deberá informarse a los inversionistas al momento de la compra de los títulos de inversión.

Tanto el patrimonio fideicometido en el fideicomiso como en los subfideicomisos, se declaran como patrimonio autónomo en cuanto a que el mismo queda afecto a servir como garantía única y exclusiva a los adquirentes de los títulos, no pudiendo ser afectados por acciones o reclamaciones de terceros. En todo caso, toda acción o reclamación en relación a los mismos queda de pleno derecho subordinada al pago previo y privilegiado del rendimiento de los títulos y su amortización.

Artículo 10: El Estado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y mediante instrucción girada al fiduciario, podrá invertir los recursos obtenidos de la emisión y colocación de los títulos de inversión para los fines establecidos en el artículo 1 de este decreto. Lo anterior sin perjuicio de poder servir, a título específico de inversión pública directa mínima, que conforme a las prácticas internacionales sea necesaria como aporte de capital semilla para hacer viable financieramente el proyecto de explotación de los recursos o proyectos de infraestructura a que se refiera la correspondiente emisión.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas determinará, previo el análisis técnico respectivo y dentro del proceso de la emisión de los títulos para cada caso de explotación racional de recursos naturales o proyecto de infraestructura en su caso, la porción a ser aplicada a la expresada deuda pública y la que será destinada a la participación del Estado en el proyecto específico.

Artículo 11: Queda expresamente prohibido el uso de los recursos captados tanto por la colocación de los títulos como de los derivados del flujo de efectivo futuro de la explotación de los recursos o de la operación de los proyectos para fines distintos a los contemplados en la presente ley. Dicha prohibición abarca particularmente la utilización de los fondos recaudados por este programa para gasto corriente del Estado que no sea el servicio de deuda pública, ni para ser empleados para el pago de deuda pública contraída después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Artículo 12: Con la finalidad de evitar dudas sobre los análisis o cálculos financieros requeridos, para la determinación de los mismos y los índices aplicables, estos se someterán a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Artículo 13: Todo lo no previsto en la presente ley y que se refiera a la estructuración de la Titularización, la emisión de los títulos de inversión, la relación con los inversionistas, la contratación de los operadores y su compensación, la generación de los ingresos por flujos de efectivo de los proyectos en marcha, la redención de las inversiones y la utilización de los recursos para la promoción del desarrollo del país y su reconversión de deuda interna, será resuelto por el Comité Técnico del Fideicomiso, que gozará de plenas atribuciones para estos fines, al tener el Fideicomiso independencia administrativa propia, siempre y cuando dichas decisiones recaigan sobre las finalidades del mismo que no podrán ser alteradas o modificadas.

Artículo 14: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y será reglamentado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en un plazo de quince (15) días calendario después de ser publicada.