Ley de Secretos es violatoria

Es un claro irrespeto a la población y ciudadanía que paga impuestos o les deducen de sus cuentas bancarias, el que los responsables de la administración de la Tasa de Seguridad, manejen el tema de la inversión de los fondos en absoluta secretividad.

Recientemente la APJ junto a autoridades del IAIP se pronunciaron en contra de la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información.
Recientemente la APJ junto a autoridades del IAIP se pronunciaron en contra de la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información.

Así lo declararon el lunes en conferencia de prensa, representantes de la sociedad civil agrupados en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), junto a otras Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, redes, Sociedad Civil, sindicatos, gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras.

Los miembros de todas estas agrupaciones civiles aclararon que no están en contra de la Tasa de Seguridad, conocida popularmente como “el tasón”, pero sí en contra de que se maneje de manera secreta y discrecional, considerando que esa inversión debe responder a una planificación racional que busca reducir la criminalidad y mejorar la convivencia ciudadana.

Por ello, la APJ realizó una investigación con el debido rigor científico, por lo que se basa en suposiciones y tampoco emite juicios de valor sin la debida evidencia, defendieron al tiempo de mostrar el recorrido legal que han hecho en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para saber sobre el manejo de “el tasón”.

Incluso ante la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Secretos, ahora denominada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, se pronunciaron en contra por ser esta normativa contraria a las disposiciones de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública, Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado, para erradicar la corrupción y fortalecer derechos humanos.

DISCRECIONALIDAD EN DESEMBOLSOS

Entre el 2012 y 2013 se gastaron aproximadamente $ 3 millones en la reforma de seguridad y unos $ 64,693,492.62 en la Tasa de Seguridad, que tiene como máxima fuente de financiamiento las transacciones financieras.
Entre el 2012 y 2013 se gastaron aproximadamente $ 3 millones en la reforma de seguridad y unos $ 64,693,492.62 en la Tasa de Seguridad, que tiene como máxima fuente de financiamiento las transacciones financieras.

En una amplia exposición, con presentación de cantidades en gráficos la APJ, detalló como el Comité del Desembolso de la Tasa (Conadese), ejerce el control total y aparentemente discrecional, por ser el primero en la estructura de mando de “el tasón” y el tomador de las decisiones.

Esta estructura está conformada así: Conadese (los que deciden), Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) y Banco Central de Honduras (Coordinación y Pagaduría) y el Comité de Administración y Adquisiciones (Se encargan de Estructuración de Proyectos y Compras). Asimismo, instituciones beneficiarias, municipalidades, iglesias y organizaciones de la sociedad civil (ejecutores).

En esa línea, la APJ, resaltó en su informe que “el BCH es el fiduciario, pero no participa en el Comité Técnico del Fideicomiso o el Comité de Administración y Adquisiciones”.

Además “el CTF, está representado por el sector público (Gobierno), sector privado (COHEP) y la sociedad civil (Foro Nacional de Convergencia FONAC); sin embargo, el miembro que supuestamente representa los intereses de la sociedad puede votar, pero no tiene derecho a veto”.

Incluso, el reciente “decreto legislativo 222-2012: dejó la puerta abierta para realizar cualquier tipo de compra o inversión sin la necesidad de un estudio previo o justificación de necesidad por parte de las Instituciones Beneficiarias”.

DESNATURALIZACIÓN Y DEMANDAS  

Ante esta situación presentada en torno a la estructuración del manejo de “el tasón”, la APJ lamentó la desnaturalización de las funciones del Comité en toda la estructura en la que directores del  CTF tienen dos opciones: Cumplir órdenes del CONADESE, o renunciar /ser removidos.

“La naturaleza de todo Comité Técnico es velar que el patrimonio del fideicomiso sea administrado correctamente y para esto debe tener un reglamento y un plan de trabajo”, demandaron.

Estas son las cantidades en millones de lempiras recaudadas por “el tasón” en diez meses del 2013, solo en junio la cantidad sobrepasó los 120 millones. En promedio se recaudan 90 millones mensuales.
Estas son las cantidades en millones de lempiras recaudadas por “el tasón” en diez meses del 2013, solo en junio la cantidad sobrepasó los 120 millones. En promedio se recaudan 90 millones mensuales.

El CTF es atípico en ese sentido, cumple únicamente una función nominal; carece de reglamentos internos, manuales de procedimientos, planes operativos, controles internos y de un sistema de monitoreo y evaluación, agregaron en el informe.

“Otro elemento que llama la atención, es la desigual distribución del poder para tomar decisiones entre los directores. Por ejemplo, el representante del FONAC, tiene poder de voto, pero no de veto”.

Por eso, el “CTF no ha podido fortalecerse organizativa y técnicamente, suele suceder cuando el elemento político prima por sobre lo legal y lo técnico. Debido a los artilugios legales y la cooptación de los directores, el CTF se ha convertido en meramente una unidad de compras y monitoreo de contratos especialmente aquellos de obras de infraestructura”, denunció la sociedad civil.

Por eso, solicitó abiertamente y en un pronunciamiento público a la ciudadanía y demás organizaciones de sociedad civil, sumarse a la exigencia de un buen gobierno, transparente y responsable, el respeto a los derechos humanos y sobre todo al Estado de Derecho.

A los y las diputados del Congreso Nacional, “hacemos saber que ante la falta de atención a las demandas ciudadanas y la irreflexión de sus actuaciones, recurriremos a las instancias de derecho nacional e internacional necesarias para evitar que leyes inconstitucionales, como esta, sean aplicadas y aprobadas arbitrariamente”.

A los administradores de recursos del Estado que tienen directa relación con el sector seguridad, justicia y defensa, especialmente a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana, les exigimos una actuación transparente y con rendición de cuentas, a fin de demostrar que los recursos del erario nacional son administrados de forma eficiente y decente.

Exigimos brindar toda la información posible a las organizaciones de sociedad civil que ejercen el derecho de la veeduría ciudadana, absteniéndose de realizar artificios legales para ocultar datos claves sobre la forma y destino del presupuesto que las instituciones gubernamentales administran, puntualizaron. (SA)

DATOS PRESENTADOS POR APJ, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO  

* Entre algunos expertos que han asesorado al gobierno de Honduras, se encuentra Rosso José Serrano, quien trabajó en la depuración policial colombiana en los noventas y Felipe Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
* El DAS fue cerrada por la actual administración del presidente, Manuel Santos, debido a escándalos de corrupción y escuchas ilegales a altos funcionarios y políticos de los partidos de oposición.
* No existe un monitoreo de contratos o evaluación de los proyectos; no se obliga a los ejecutores de los fondos a rendir cuentas.
* Las municipalidades, que solo ejecutan 3.44% de la Tasa de Seguridad tienen más controles y procedimientos que cumplir que el resto de las instituciones beneficiarias.
* No es de sorprender que ante las demandas por conocer resultados, se responde con juicios de valor.
* El portal de Transparencia de la Tasa de Seguridad no cumple los estadares establecidos por el IAIP, dejó de funcionar desde la semana pasada.
* Se desconoce cómo se asigna inversiones y proyectos. Tampoco se sabe cuáles son los criterios de elegibilidad para los proyectos de prevención. Todo queda a discreción y a la negociación.
* Se argumenta “seguridad nacional” o “inteligencia” para blindar el secreto.
* Negociazos: compra de vehículos, blindaje de vehículos para altos funcionarios, canchas de fútbol (grama sintética), supervisión de proyectos de infraestructura.
* Reticencia a informar a medios y la población: Principalmente viniendo de representante del Gobierno en el CTF. En el 2013, produjo discrepancias a lo interno del CTF, entre los pro apertura y los pro secreto.
* Préstamos bancarios: No se sabe con qué banco y los intereses que cobrará.