¿Es razonable y se justifica la no reelección absoluta?

Efraín Moncada Silva.
Reafirmo lo que he venido sosteniendo: Que no es razonable y no se justifica la no reelección absoluta que establece nuestra Constitución de 1982.
El principio de la no reelección sucesiva del Presidente de la República pertenece a la tradición constitucional de Honduras, así como la reelección alterna, tal como lo afirmo en mi obra “Interpretación y reforma de la Constitución”.
Solamente las constituciones de 1825, 1839 y 1848 permitían la reelección por una sola vez (Arts. 41, 46 y 47, respectivamente), agregando, además, la última que el presidente fuere elegido popularmente, y la asamblea general lo declare previamente buen servidor del Estado.
Es a partir de la Constitución de 1865 que se establece el principio de la no reelección, pero el general José María Medina, conservador de pura cepa, usando medios fraudulentos, continuó en el poder dos períodos más.
La de 1873, como reacción a la dictadura de Medina, en el Art. 35 disponía que el presidente no podía ser reelecto para el período inmediato siguiente, en ningún caso por ningún pretexto, y si prevaleciéndose de aclaraciones o actas populares o de cualquier otro medio, se conserva en el poder, se tendrá por el mismo hecho por usurpador.
La de 1880 de Soto y la Reforma Liberal permitía la reelección para el período siguiente (Art. 63), pero para ser reelegido por tercera vez, debería mediar un espacio de cuatro años.
Las constituciones de 1894 de don Policarpo Bonilla (Art. 104), la de 1906 de Manuel Bonilla (Art. 87) y la de 1924 (Art. 110), prohibían la reelección pero solamente para el siguiente período de gobierno.
La de 1936 de Carías contenía idéntica disposición (Art. 118, inciso 1), pero el gobernante, siguiendo los pasos de Medina y usando medios reprobables continuó en el poder por dos períodos más sucesivos.
La de 1957 de Villeda Morales prohibía la reelección únicamente para el período siguiente (Art. 196).
La de 1965 de López Arellano en el Art. 193 dispuso: “El ciudadano que haya desempeñado a cualquier título la Presidencia de la República por un período constitucional o por más de la mitad del mismo, no podrá ser nuevamente presidente de la República ni desempeñar dicho cargo bajo ningún título”. Esta Constitución fruto de una Asamblea Nacional Constituyente dominada por el Partido Nacional trató con esta disposición de cortar para siempre la carrera política de Villeda Morales.
La actual dispone en el artículo 239, párrafo primero lo siguiente: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente o vicepresidente de la República”, estableciendo como la de 1965 la no reelección en forma absoluta. Por otra parte, el Art. 374 incluye como contenido irreformable el Art. 239 de la no reelección.
En conclusión, las constituciones aprobadas por los liberales y aún algunas aprobadas por los nacionalistas han establecido la no reelección pero únicamente para el siguiente período de gobierno.
Se puede afirmar que esta solución política ha sido constante en el constitucionalismo de Honduras. La tesis de la no reelección en forma absoluta solamente la han dispuesto las constituciones de 1865, 1965, ambas conservadoras y la de 1982 producto de una asamblea dominada por el Partido Liberal.
No es razonable ni se justifica jurídica, social y políticamente la solución de la no reelección absoluta que los constituyentes de 1982 por tratar de evitar más que todo los golpes de gobierno de los militares, la establecieron como contenido irreformable, siendo en esencia una solución política coyuntural por demás desproporcionada y por ello es irrazonable, porque considera un estigma y casi un delito haber sido Presidente de la República e impone una sanción eterna de inhabilitación o interdicción de los derechos políticos del ciudadano que jamás podrá aspirar a tan elevado cargo, aunque hubiese sido un buen gobernante del país, lo que contraviene además los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Socialmente no se justifica porque es privar al pueblo de la posibilidad de tener un presidente que haya demostrado un desempeño excelente en la gestión pública. Y políticamente no se justifica porque el país no cuenta con suficiente hombres o mujeres que realmente se interesen por el progreso de la nación y el bienestar del pueblo.
Fuente: “Poder Ciudadano”, 10 de abril del 2009.