Anexa jurisdicción

Por: José María Díaz Castellanos
Catedrático Facultad de Derecho – UNAH

Dentro de la Ley del Notariado hay un tema que no es muy preciso y por lo tanto es necesario abordarlo, máxime cuando nadie se ha referido a él en nuestro medio: “anexa jurisdicción”.
¿Qué importancia tendrá este tema para el pueblo? Creo que todo lo relacionado a “justicia” le debe interesar a la población.
Honduras ha tenido cuatro (4) leyes del Notariado:
1. La de 1882 aprobada por Marco Aurelio Soto: Aquí en el capítulo del “Notariado” se indica que el ejercicio del notariado en cualquiera de sus ramos, es incompatible con todo cargo público que tenga anexa jurisdicción (Artículo 2). En el capítulo relativo a la “Guarda y Conservación del Protocolo”, se ordenaba que en el archivo del respectivo Juzgado de Letras se depositarían los protocolos de los notarios que hubiesen sido o en lo sucesivo fueren promovidos a un empleo que lleve anexa jurisdicción con goce de sueldo. (Artículo 62 numeral 4).
2. Ley del Notariado de 1906 aprobada por  Manuel Bonilla. Siempre en el capítulo relativo al “Notariado” indica lo mismo (Artículo 2, 65 numeral 4).
En 1906 el presidente Bonilla aprueba la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) ordenando que el cargo de los jueces termine por aceptación de un cargo del orden administrativo, si el cargo lleva anexa jurisdicción, entendiéndose por jurisdicción administrativa, el poder o autoridad que tienen los empleados públicos, individual o colectivamente, para gobernar y poner en ejecución las leyes en el orden administrativo (Artículo 115 numeral 3).
3. Ley del Notariado de 1930 de Vicente Mejía Colindres: En el primer capítulo relativo al notariado: “el ejercicio del notariado en cualquiera de sus ramos, es incompatible con todo cargo público que tenga anexa jurisdicción y goce de sueldo (Artículo 2). Se ordena de nuevo depositar en los juzgados de Letras departamentales o seccionales, los protocolos de los notarios que acepten empleo que lleve anexa jurisdicción con goce de sueldo (Artículo 70 numeral 2).
Siendo presidente de la República, don Tiburcio Carías Andino, se aprueba el Decreto Legislativo número 89 del 24 de febrero de 1934 donde se declara que los diputados al Congreso Nacional, ni individual, ni formando parte de dicho cuerpo en sesiones o de la Comisión Permanente, son funcionarios públicos o empleados con anexa jurisdicción; y por lo mismo no son incompatibles sus labores con el ejercicio del Notariado en cualquiera de sus ramos.
4. El Código del Notariado del 2006 aprobado por Ricardo Maduro repite los conceptos: La función notarial es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos que gocen de sueldo y tengan anexa jurisdicción, entendiéndose por esta última el poder o autoridad que tienen los funcionarios y empleados públicos individual o colectivamente, para gobernar y poner en ejercicio la aplicación de leyes en el orden jurisdiccional o administrativo, sin perjuicio  de excepciones previstas en leyes especiales (Artículo 3).
Esta noción de anexa jurisdicción en el Código Notarial concluye que:
a. Se incluye a los funcionarios o empleados públicos.
b. El servidor público debe gozar de sueldo.
c. Que el cargo del servidor público puede ser en forma personal (un juez)  o colectivamente (un tribunal como una Corte de Apelaciones, la misma Corte Suprema de Justicia o un Congreso Nacional).
d. Que no se limita solo a los “funcionarios públicos” que gobiernan, esto es, que expresan la voluntad del órgano, sino a “empleados públicos” que les toque aplicar leyes del orden administrativo.
e. Que los servidores públicos que no pueden ejercer el notariado tienen que ser del Poder Judicial o del Ejecutivo ya que el Código del Notariado indica en el “orden jurisdiccional” o “administrativo”.
En 1998 el Congreso Nacional interpretó el Artículo 189 constitucional, en el sentido, de declarar que los diputados al Congreso Nacional, ni individual, ni formando parte del Poder Legislativo en sesiones o de la Comisión Permanente, son funcionarios públicos (aunque rinden la promesa constitucional), por cuanto, individual y colectivamente son únicamente titulares de la función legislativa, y por tanto carecen de anexa jurisdicción, entendiendo esta como el poder o autoridad que tienen los funcionarios y empleados públicos, individual o colectivamente para gobernar y poner en ejercicio la aplicación de leyes en el orden jurisdiccional y administrativo.
Tenemos entonces que la LOAT de 1906 aclaraba lo que era la jurisdicción administrativa (no hablaba del orden jurisdiccional). La interpretación constitucional de 1998 a diferencia de la de 1934, no menciona a los notarios pero aclara que el concepto incluye el orden jurisdiccional, como ratificando la prohibición para jueces y magistrados de ejercer la profesión del Derecho. (Artículo 319 constitucional). En caso de duda, la Contraloría del Notariado o la Sala de lo Civil, deberá resolver caso por caso.
El Reglamento Notarial de España (Artículo 52 y 115) indica que hay que sustituir a los notarios que acepten cargos de ministros, subsecretario, director general y otros que lleven anexa la categoría de jefe superior de administración civil, los de gobernador civil, presidente de diputación provincial, consejero de Estado, del Consejo Superior del Ejército, magistrado del Tribunal Supremo, los miembros de las cámaras legislativas (aquí se incluyen a los diputados), altos organismos de justicia o de la administración central.
Las siete partidas (1256) dice que a toda jurisdicción va anexa la potestad de hacer cumplir las sentencias, lo que se llama imperio, que no es otra cosa que potestad armada.