Teodoro Bonilla sigue bajo arresto domiciliario

El ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, continuará bajo arresto domiciliario y su caso pasará a los juzgados comunes, porque ya no es alto funcionario, así lo determinó la jueza natural, Reina Auxiliadora Hércules, en un audiencia de revisión de medidas que pidió la defensa del imputado.
Así lo confirmó el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), José Francisco Pérez Burgos, quien dijo que “esa medida de suspensión del cargo fue revocada, porque ya no tenía sentido”.
Agregó que la defensa de Bonilla aspiraba a que le quitaran la medida de arresto domiciliario por una de libertad vigilada, para la cual se ofrecieron sus abogados para estar emitiendo informes periódicos y confirmar su presencia durante el proceso, pero la togada determinó que no era adecuada.
Bonilla está acusado por los supuestos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública, ya que presuntamente le pidió vía telefónica a una magistrada de una Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y a una juez con jurisdicción nacional la liberación de dos parientes y un tercero involucrados en supuestos ilícitos de crimen organizado.
Además del arresto domiciliario, Bonilla no puede salir del país y tampoco puede comunicarse con las funcionarias judiciales, Delmy López y Liz María Núñez, y solo le suspendieron la medida de su cargo, porque renunció ante el Congreso Nacional, junto a sus demás compañeros del Consejo de la Judicatura.
A Bonilla se le señalan los dos delitos que están relacionados con la operación “Shalom”, de enero de 2014, cuando las autoridades decomisaron más de 60 vehículos “plaqueados” y los detenidos eran Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla García, estos dos últimos parientes del exfuncionario judicial.
Mientras tanto la defensa de Bonilla sostiene que se trata de un juicio político y prefieren que sea acusado ante un juez común que por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que tienen mejor criterio e independencia, según alegan.
“Este tipo de medidas impuestas a mi cliente no corresponden al tipo de delito por el cual está acusado, él tiene todo el derecho a ser acusado en libertad”, dijo José Adalid Rodríguez, apoderado legal de Bonilla.
Señaló que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no quiere tomar decisiones objetivas, sino mantener las influencias de las decisiones políticas. “Cuando un alto funcionario público, como en el caso de Teodoro Bonilla, han sido obligados a renunciar, creo que denota que la clase política hondureña trata de lavarse sus propios pecados para achacar determinados delitos como en este caso”, apuntó. (MR)