Oposición brasileña exige ampliar acusaciones contra Rousseff

BRASILIA,(EFE).- La oposición brasileña exigió ampliar ayer, con las corruptelas en Petrobras, las acusaciones sobre maniobras fiscales en las que apoya su intención de llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político y agrió el clima en la comisión parlamentaria que definirá la suerte de la mandataria.
La propuesta, que la oposición había adelantado la semana pasada, apunta a anexar a los cargos sobre maniobras fiscales, que ya pesan contra Rousseff, los testimonios de algunos implicados en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras y han asegurado que la mandataria sabía de ese asunto e intentó obstruir la investigación.
El presidente de la comisión especial de 65 parlamentarios que estudia si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff, Rogério Rosso, se mostró inclinado a aceptar los nuevos cargos y generó así una queja unánime del oficialismo.
El clima se caldeó aún más cuando el diputado Jovair Arantes, que actúa como instructor en el caso, también se declaró a favor de la ampliación de las acusaciones y aseguró que constarán en el informe que presentará a la comisión, en el que recomendará avanzar hacia un juicio político o archivar la causa.
No obstante, la comisión aún no ha definido si al momento de ser leída la acusación contra Rousseff ante la comisión se contemplarán los nuevos cargos, que para la oposición no alteran la denuncia original, pues la supuesta «omisión» del Gobierno con la corrupción en Petrobras también sería un «delito de responsabilidad».
El diputado Henrique Fontana, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), denunció el intento de incluir nuevos cargos en el proceso como «otro paso hacia el golpe que la oposición está gestando».
Fontana afirmó que «una vez que vieron que la acusación original es débil, quieren cambiarla por otra», pero de esa manera «se viola el derecho a la debida defensa», pues «una persona solamente puede defenderse cuándo sabe precisamente de qué se le acusa».
El PT, al que pertenece Rousseff, apoyó su protesta en que el pedido aceptado por la Cámara Baja para iniciar los trámites para un eventual juicio posible se refiere a unas millonarias deudas que el Gobierno acumuló entre 2014 y 2015 con la banca pública y omitió de sus balances.