El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), informó ayer que mientras no se suspendan las acciones judiciales contra más de 70 sus compañeros y no se instale una mesa mediadora en el diálogo, no se detendrán en las acciones de protesta.
En conferencia de prensa, los dirigentes le dieron lectura a un comunicado que entre sus demandas señalaron que, “ante la comunidad nacional e internacional, hacemos público nuestro posicionamiento y respaldo a las demandas del Movimiento Estudiantil, particularmente a las 16 jóvenes criminalizadas, judicializadas y secuestrada, de las cuales seis tienen medidas sustitutivas y siete con orden de captura”.
Añadieron que “en las primeras horas de la mañana del viernes 1 de julio del presente año, la Ciudad Universitaria fue rodeada y ocupada por al menos cuatrocientos (400) elementos de la Policía Nacional, Cobras y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lo mismo ocurrió en otros centros regionales”.
Así, indicaron que la acción se dio bajo la solicitud de las autoridades universitarias presididas por la rectora, Julieta Castellanos, y seis estudiantes mujeres fueron golpeadas, agredidas verbalmente y expuestas en público como si ellas fuesen delincuentes o hubiesen cometido algún delito grave. Señalaron que luego se las llevaron a la DPI donde las ficharon y mantuvieron en permanente tortura psicológica, situación que se prolongó en los juzgados capitalinos hasta las 5:00 de la tarde del siguiente día, incluyendo que la jueza Karla Vásquez ordenó se les pusieran las chachas e impuso una medida arbitraria e inconsulta a los 24 jóvenes que les aplicó “Ley Mordaza”.
“Condenamos la captura, tortura y desaparición temporal por más de seis horas de la universitaria Flor Raquel Euceda, quien estuvo en riesgo de perder la vida, situación de la cual responsabilizamos no solo a la Policía, sino a las autoridades universitarias”.
“Exigimos que se deje sin valor ni efecto la medida de cancelar el periodo académico de las 14 carreras, anunciada y ejecutada por las autoridades universitarias, porque es violatorio a los derechos que tienen las y los hondureños a la educación superior”, precisaron, para demandar la salida de la rectora y en su lugar nombrar a la vicerrectora, Rutilia Calderón, que por ley le correspondería asumir el cargo. (ECA)