Fondo Vial y Soptravi ocultaron contratos de “Los Cachiros”

Tras una minuciosa labor de búsqueda de información en los portales de transparencia de las instituciones que suscribieron contratos con el cartel criminal de “Los Cachiros”, este rotativo comprobó que la información fue excluida de los portales de Transparencia, como lo exige la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que incluso premia anualmente el cumplimiento de esta obligación a las instituciones obligadas.
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Gustavo Manzanares, dijo que el Fondo Vial, dependencia de la entonces Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) no subía información al portal de transparencia sobre los contratos y que nunca cumplieron con esta responsabilidad.
“El Fondo Vial no subía esa información”, manifestó refiriéndose a los contratos de obras públicas, de emergencia, suscritos con el cartel “Los Cachiros”, cuyos cabecillas son los hermanos Rivera Maradiaga, quienes están compareciendo ante la Corte Sur del Distrito de Nueva York, luego que en diciembre del 2015 se entregaran voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, a fin de responder por varios delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, el “cachiro” es testigo en el juicio en contra de Fabio Lobo, capturado en Haití por la DEA y, posteriormente, acusado de conspirar para introducir droga a los Estados Unidos, en una sociedad con el grupo criminal.

HASTA EN EL 2015

El comisionado Manzanares informó que hasta en el 2015, el Fondo Vial comenzó a divulgar información sobre los contratos suscritos con las compañías y procedió a colocarla en su portal de transparencia.
Sin embargo, nada de los 28 contratos que lograron en el 2010, 2011, 2012 y 2013 fue subido al portal, como se ha podido constatar. Esta vez, el IAIP no fue tan beligerante para ordenar, como lo hace con otras instituciones, a que entregaran información pública de los contratos adquiridos por el cartel de “Los Cachiros”.
El funcionario agregó que el Fondo Vial “empieza realmente, la primera información que sube, si no me equivoco en el 2015, pues no tenían ni en los portales a esa fecha y los contratos se suscribieron en el 2011, según he escuchado”.
Manzanares puso a disposición los portales para que puedan ser verificados si esa información de contrataciones con la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) y Constructores del Norte, S de RL (Conor), así como Inmobiliaria Bajo Aguán.
El funcionario invitó a la prensa a usar la Ley de Transparencia para encontrar la información relativa a los contratos con las empresas lavadoras, que manejaba este grupo criminal, que según las investigaciones en un año y durante la emergencia de la tormenta Aghata blanquearon 150 millones de lempiras en contratos otorgados por el Estado.
“Los remitió al Instituto y yo le abro los portales para agregar que la Ley de Transparencia entró en vigencia el 2008 y para el 2011 era obligación del Fondo Vial tenerla en los portales de transparencia a disposición del público”, apuntó.

ARTÍCULO 2.-
OBJETIVOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

Son objetivos de esta Ley establecer los mecanismos para:
1) Garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos;
2) Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado;
3) Hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares;
4) Combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado;
5) Hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos.

MACCIH
Grave que la burocracia estatal se
haya involucrado con el narcotráfico


El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, calificó de “gravísimas” las imputaciones que ha hecho el exlíder del cartel “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Mariega, en una Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos en la que se involucran a funcionarios públicos en actividades del narcotráfico.
“Las gravísimas imputaciones que se han hecho en la Corte de Nueva York, en relación a la participación de políticos presuntamente, recibiendo dinero del narcotráfico, es un elemento que nos parece de extrema gravedad”, lamentó.
Así, reiteró que la Misión en una reunión de trabajo con el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla, han conformado un equipo de manera especial para ese tipo de investigaciones en las que se combina la corrupción, impunidad y el crimen organizado.
“Ya venimos trabajando desde hace varios días en esta mega investigación con un trabajo muy táctico y muy profesional que queremos hacer”, dio a conocer.
Jiménez Mayor opinó que “no queremos que esto se politice en lo absoluto, porque la política debe estar en la política y la justicia en los tribunales”.
Agregó que “nosotros estamos en la investigación técnica, forense y en defender la contrición de casos ante los tribunales”.
También, manifestó su preocupación sobre el hecho que el crimen organizado haya penetrado la burocracia de importantes instituciones gubernamentales del país, ya que han llegado a extremos de firmar contratos supuestamente para lavar activos.
Además, advirtió la grave preocupación con el giro que ha tenido las declaraciones de un cabecilla de una agrupación criminal, que firmó contratos con instituciones del gobierno para lavar dinero, proveniente del narcotráfico.

RENÁN SAGASTUME
Se debe actuar contra funcionarios
que actuaron incorrectamente

El director de la Comisión Nacional de la Transparencia, Renán Sagastume, manifestó que si hay funcionarios que actuaron incorrectamente para firmar contratos al margen de la ley y relacionados con el narcotráfico deben ser sancionados.
Lo anterior es en relación a que los miembros de la organización criminal “Los Cachiros”, supuestamente habrían firmado contratos con algunos servidores públicos de cinco entidades estatales para lavar activos. Algo que se debe de investigar para devolver la confianza en las instituciones.
“Lo que hay que hacer, es investigar qué nivel de responsabilidad y qué nivel de información se tenía y cómo se otorgaron esos contratos”, señaló, el funcionario.
Agregó que “si los contratos se otorgaron de manera pública, transparente, competitiva y lamentablemente una de las personas que después fuese mencionada en actos ilícitos no habrá mucho que hacer, pero si se hizo indebidamente violando los procedimientos de ley, obviamente contra las autoridades y funcionarios que actuaron incorrectamente”.

MAGISTRADO DEL TSC
Habría que estudiar si hubo o no
corrupción en contratos con “cachiros”

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, manifestó que desconocía de los contratos que algunas entidades estatales habían suscrito con las empresas conformadas por “Los Cachiros”.
Consultado si conocía de esas concesiones, respondió que “esa pregunta se le debe hacer a los magistrados anteriores que no sé si conocían esos contratos”.
“Si esos contratos no fueron denunciados… porque una cosa es si el contrato puede estar legalmente, pero por lo que yo he escuchado en los medios que las personas de esas empresas son Los Cachiros, pero la persona jurídica es legal”, justificó.
Así, añadió que si las empresas en mención “están reconocidas por la ley, pues allí no veo yo el problema, el problema es quienes pueden estar detrás, entonces había que estudiar si hubo corrupción, pero están hablando que el problema es por otro tipo de delitos”.
Pineda apuntó que esos casos ya están en manos del Ministerio Público y si los fiscales le piden apoyo está en la disposición de colaborar con ellos.

OMAR RIVERA
Invita a desmontar el andamiaje
económico que facilitó el lavado

Para Omar Rivera, los empresarios, políticos y funcionarios públicos que ayudaron a los integrantes de carteles del narcotráfico a lavar sus ganancias deben ser sometidos a un riguroso proceso de investigación, un enjuiciamiento expedito y un castigo ejemplar, para que nadie se anime a futuro a colaborar con estas bandas del crimen organizado.
“Es indispensable que el Ministerio Público (MP) desmonte el andamiaje económico que facilitó el lavado de activos de los narcotraficantes” expresó.
Rivera, dijo que “ya que en los Estados Unidos de América, el Departamento de Justicia está dándole persecución penal a los hondureños que traficaron drogas, aquí en el país, las autoridades nacionales deben proceder a ejecutar las acciones que corresponden contra quienes cometieron crímenes, delitos y actos de corrupción que blanquearon asquerosas fortunas”.
“Aquí muchos empresarios utilizaron dinero de procedencia ilícita para actividades comerciales e industriales, funcionarios adjudicaron fraudulentamente contratos de infraestructura y concesiones mineras, y mucho político recibió recursos de origen ilegal para financiar sus campañas; todo esto debe ser investigado por las fiscalías especiales y unidades de investigación criminal del MP, para que se haga justicia y quien la haya hecho la pague” señaló.
El dirigente de la sociedad civil manifestó que “todo aquel que se haya enriquecido ilícitamente o haya lavado activos de los narcotraficantes debe ser sancionado, y la estructura político-empresarial que se constituyó para colaborar con estos traficantes debe ser demolida”.
“Confiamos que el Fiscal General del Estado y su equipo cumplirán el mandato constitucional de representar los intereses de la sociedad y satisfacer el anhelo popular de ver a los más malos tras las rejas y despojados de los patrimonios ilegalmente establecidos” aseveró.