EE UU impulsará una “guerra” en el Triángulo Norte contra la MS

Las cuatro fiscalías: Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador preparan una estrategia fuerte para desbaratar la estructura de la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte.

Esto ha evidenciado

Fue la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público que empezó a golpear la MS, a través de la estrategia de atacar sus finanzas. Esta forma de operar ahora se hará entre Guatemala, Honduras y El Salvador y Estados Unidos.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo en una reunión con funcionarios federales de EE UU, que hay que desbaratar las pandillas trasnacionales extremadamente violentas.

Advirtió que “protegeremos nuestra frontera, expandiremos nuestras fuerzas migratorias y eliminaremos sus líneas de abastecimiento. Si eres pandillero, te encontraremos”.

Más adelante, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, lo respaldó al afirmar que los grupos delictivos transnacionales, como los carteles del narcotráfico y la MS-13, están involucrados en el secuestro, tortura y el tráfico de personas, por lo que representan una de la mayores amenazas contra de Estados Unidos.

De acuerdo a un informe de InsghtCrime, denominado “Homicidios en Guatemala: retos y lecciones de diferenciar muertes vinculadas a pandillas y al narcotráfico”, elaborado por Steven Duddly, da cuenta que Estados Unidos canalizó importantes recursos a la persecución del tráfico de drogas y el accionar de las pandillas en Centroamérica.

El énfasis en las pandillas y en las organizaciones de tráfico de drogas tiene un impacto palpable en la manera como se asignan los recursos. En su análisis sobre la asignación de fondos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI por sus iniciales en inglés), el Servicio de Investigaciones del Congreso dijo que el 66 por ciento de

los 1,200 millones de dólares que CARSI administró en la región, entre 2008 y 2015 fueron canalizados a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL por sus iniciales en inglés), la rama del Departamento de Estado de Estados Unidos, que gestiona la asistencia de línea dura: programas de interceptación de drogas; equipo y mejoras de infraestructura para policías y militares, y formación y uso de unidades de policía especiales enfocadas en las pandillas y en el narcotráfico internacional.

Otro 31 por ciento se asigna a través de la cuenta del Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus iniciales en inglés), que en su mayor parte se canaliza a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Muchos de los pandilleros tendrán que dejar sus hijos en los Estados Unidos.

Aunque la mayor parte de los fondos de USAID se dedican a ayuda de línea blanda, como prevención de la violencia y programas sociales y económicos, parte de estos dineros se invierten en programas de apoyo a la Policía en países, como Honduras.

Finalmente, otros fondos de CARSI se han dedicado a la formación y el mantenimiento de unidades especiales antipandillas, indica el informe de InSightCrime.

El énfasis en las pandillas callejeras y en las OTD también afecta la asignación de recursos a nivel interno, un rubro que es más difícil de desglosar, aunque desde los primeros años del siglo XXI los países del Triángulo Norte han adoptado un enfoque de “mano dura” contra las pandillas.

Las nuevas leyes, que incluían amplias definiciones de lo que son las “pandillas”, se utilizaron junto con redadas por parte de la Policía para encarcelar a todo aquel que encajaba en esas amplias definiciones.

Los nombres de estos programas han cambiado, pero el núcleo de la estrategia sigue siendo el mismo: encarcelar de manera masiva. Las poblaciones carcelarias han aumentado, pero, en lugar de frenar el crecimiento de las pandillas, esto ha llevado a que sus líderes se hayan reorganizado tras las rejas y hayan ampliado su gama de actividades criminales.

Recientemente, los gobiernos del Triángulo Norte han militarizado su estrategia, implementando varios “estados de sitio”, en lugares donde había actividad de narcotráfico en

Guatemala, decretando “medidas de emergencia” al interior de las cárceles y en departamentos particularmente, problemáticos de El Salvador, y recurriendo a la Policía Militar en diversos lugares de Honduras.

Estos tres enfoques parten del hecho de que las pandillas y las OTD se encuentran en el centro de la violencia, y son un ejemplo de la creencia de que la única manera de detener sus actividades es mediante una fuerte presencia física para disuadirlos de que se maten entre sí o que asesinen a civiles inocentes. En el mejor de los casos, estas estrategias han tenido resultados diversos y parecen representar las soluciones a corto plazo para profundos problemas sociales y económicos.

ARABESKA SÁNCHEZ
Políticas de Trump está en consonancia con la de Honduras

Arabeska Sáchez

La experta en seguridad, Arabeska Sánchez, consideró que la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en total consonancia con la manera de cómo Honduras ha venido implementando su política antipandillas, sobre todo desde que se reformó el artículo 332 de Código Penal.

Reseñó que en aquella época, Honduras rescribía ese artículo ligando el tema de la asación ilícita a las maras y pandillas, lo que se llama la famosa “Ley Antimaras”, precisamente en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006).

En un promedio de seis años Honduras logró registrar alrededor de 4,770 capturas de jóvenes, que estaban asociados a la pandilla 18 y a la Mara Salvatrucha “MS 13”, además de otras que se crecían en ese momento en el país.

La política de mano dura contra las pandillas en Honduras generó una sobrepoblación penitenciaria y en este momento vuelve a recobrar fuerza, con la creación de la nueva fuerza trasnacional antipandillas del Triángulo Norte, que se liga con la política antimaras se sobreviene con el anuncio de Estados Unidos.

Para Sánchez el incremento de la violencia es la principal preocupación que se derivan de este tipo de medidas, porque no se sabe si Honduras está preparada para recibir esa oleada de deportados que aparentemente traen un historial criminal.

Tampoco se sabe cómo esto va a engrosar la presencia pandilleril que está presente en Honduras y que hasta el momento no ha podido ser controlada, a pesar que a diario se reportan capturas de pandilleros asociados a extorsiones, sicariato y el narcomenudeo que está presente en los barrios y colonias de al menos 13 municipios del país con mayor fuerza.

La analista indicó con los datos que se recolectan en los aeropuertos como las fronteras terrestres de los deportados, a aquellos que no tienen ningún historial criminal se les debe dar ciertas asistencias sociales y ser reintegrados a las comunidades con algunas facilidades y derechos.

Pero aquellos que vienen con ciertos historiales criminales deben ser contrastados con las redes informativas nacionales, para verificar si tienen antecedentes criminales en el país, porque no se sabe si dejaron algunas fichas delictivas en Honduras.

En Honduras tanto la MS 13 como la pandilla 18 han tenido similares comportamiento y generan el mismo tipo de actividad criminal, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2012 decretó a la MS 13 como una estructura de crimen organizado.

La sacó de la categorización de pandilla y la recategorizó a una estructura de crimen organizado transnacional, incautándoles cantidades millonarias de transacciones que estaban generando entre El Salvador y Estados Unidos.

La presencia de “mareros” en el país no se ha podido medir con exactitud, algunos estudios indican que son alrededor de 36,000, pero estudios recientes como el de Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) reflejan que son entre 4,000 y 10,000.

IAN QUIROZ:
Van a generar que haya más pandilleros en el Triángulo Norte

Ian Quiroz

La coordinadora del área de Migración, Refugiados y Desplazado Internos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Ian Quiroz, advirtió que la guerra que Estados Unidos le declaró a la Mara Salvatrucha MS 13 la va fortalecer.

Reseñó que desde los gobierno de Bill Clinton y George W. Bush, se han tomado medidas duras contra la MS, que en vez de parar a esta estructura criminal, la ha acrecentado y por eso hoy el Triángulo Norte está casi controlado por las pandillas.

“A las pandillas no las van a exterminar de esa manera, lo único que van hacer es dispersarse más y si una clica tiene 1,000 miembros en determinado lugar, para que no los agarren a todos se van a distribuir a lo largo y ancho de Estados Unidos o se van a venir para acá”, refirió.

Consideró que sí puede haber deportaciones, pero los cabecillas, las personas que lideran estas pandillas difícilmente van a poder controlarlas y al final lo que va a generar es que en el Triángulo Norte hayan más pandilleros.

Además hay que tomar en cuenta que las maras están sumamente organizadas y tienen sus clicas en todo el Triángulo Norte, México y Estados Unidos, con una misma línea de trabajo, es decir, con objetivos y metas bien plasmados.

Coincidió que cuando venga esta gente deportada y huyendo se generará más violencia y mucha mayor inseguridad dentro de Honduras, porque se fortalecerán las clicas y su operación en los barrios y colonias.

Además hay que recordar que las maras y pandillas también están metidas dentro de los gobiernos e instituciones públicas, por lo cual, difícilmente los van a poder destruir, porque se dedican al narcotráfico, venta de armas, a la trata y tráfico de personas.

Apuntó que “Donald Trump va a ver en su momento que la solución no va a ser deportar a algunos pandilleros para acá, porque siempre va haber un grupo que se va a quedar trabajando en esa zona, que siempre va a atraer a otras personas”.

OMAR RIVERA:
Honduras debe desmantelar a socios de los “mareros”

Omar Rivera

El integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, advirtió que la deportación de jóvenes desde Estados Unidos, en conflicto con la ley generará riesgos extraordinarios para la seguridad de la población, por lo cual, las autoridades hondureñas deben seguir golpeando sus finanzas y desmantelar sus estructuras de socios.

“Para mitigar los riesgos las autoridades que forman parte del sistema de seguridad y justicia en el país deben tomar las medidas de mitigación que hagan disminuir los riesgos y el perjuicio de estas deportaciones de mareros”, recomendó.

Dijo que es indispensable que las autoridades nacionales establezcan canales de comunicación oficial para obtener información preliminar y plena respecto a hondureños que serán deportados y en caso que sean mareros, tener su identificación y rastrear en los registros de las unidades de inteligencia e investigación del Estado de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) así como en las instancias judiciales, si estas personas no tienen delitos pendientes por los cuales pagar en Honduras.

De tener asuntos por los cuales responder ante la justicia, el circuito operador estatal debe estar listo para actuar; es decir, policías, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias deberán aplicar la ley y de esta forma neutralizar a quienes tengan castigos que recibir.

Del mismo modo, debe garantizarse un mecanismo de seguimiento a los que se sospeche y se tenga indicios que cuenten con nexos con bandas del crimen organizado, carteles de narcotráfico y pandillas juveniles; la acción de las unidades de inteligencia e investigación serán fundamentales.

Una medida exitosa del MP ha sido golpear las finanzas de estos grupos criminales con acciones de aseguramiento de bienes, incautaciones y decomisos, que sin duda alguna han golpeado la capacidad operativa y logística de las maras y pandillas, operaciones que deben continuar.

Rivera indicó que también habrá que golpear a los socios de los mareros; se ha hecho mucho depurando de la Policía Nacional a los aliados de los pandilleros, ahora también habrá que expulsar del MP a algunos fiscales que les ayudan, y en el Poder Judicial a varios jueces que se coluden con ellos.

De la misma manera, habrá que desmantelar esas estructuras conformadas por abogados, financistas y empresarios que hacen negocios con las maras y pandillas; esto es fundamental para complementar la acción estatal de debilitamiento de su músculo financiero.

JAMES D. NEALON
Compartimos responsabilidad

James Nealon

El embajador de Estados Unidos en Honduras, James D. Nealon, consultado sobre la política de mano dura contra la Mara Salvatrucha, MS 13, refirió que hace mucho tiempo se está trabajando en reintegrar a los deportados de Estados Unidos, ya que es una responsabilidad compartida.

Nealon expresó que entienden que ese flujo de personas puede crear problemas en un país donde hay desempleo y elevadas tasas de violencia. “Entendemos eso, compartimos la responsabilidad y por eso estamos trabajando con sus instituciones en todo ese proceso, de reintegrar a estas personas”, afirmó el diplomático acreditado a Honduras.