MACCIH anuncia investigación por irregularidades de contrato

Aunque no determinaron la existencia de responsabilidades penales, sino una serie de hipótesis, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció, en conferencia de prensa, que comenzó la investigación de aspectos sobre corrupción relacionados a los contratos y concesiones del proyecto energético Agua Zarca.

“Queremos anunciar el día de hoy que la misión va a asumir el caso de Berta Cáceres, desde la perspectiva de corrupción”, expresó Juan Jiménez Mayor.

“Las denuncias de corrupción que en su momento Berta Cáceres efectuó y que existen, en este momento, en investigaciones, es un tema que le interesa a la misión”, detalló.

“Quiero aclarar y precisar que no es que vamos a ver el tema del asesinato de Berta Cáceres, sino todos los componentes que tiene este caso, en relación a la participación de funcionarios del Estado y de la propia empresa, que podrían ser hechos ilegales, hechos delictivos y que requieren ser investigados y si esto fuera determinado, condenadas las personas que hayan participado en estos hechos”, agregó.

Anunció que “abordaremos el caso desde la perspectiva de corrupción. La investigación del asesinato y la afectación a los derechos humanos de Berta Cáceres, seguirán su curso en la instancia correspondiente”.

Jiménez Mayor dijo, “a nosotros nos sorprende que estas entidades financieras internacionales no hayan sido capaces de establecer si se cumplieron o no los requisitos para una inversión como esta”, citando a los bancos internacionales que financiaron el proyecto.

“Por ejemplo, que se hayan establecido una serie de contratos sin que tengamos la licencia ambiental, como prerrequisito para avanzar en el ambiente de las inversiones”, manifestó.

Igualmente, señaló que es necesario investigar los procedimientos administrativos que llevaron al otorgamiento de licencias correspondientes y verificar los posibles ilícitos penales que los funcionarios públicos y los representantes de DESA podrían haber cometido.

Precisó que la compañía fue constituida el 25 de mayo del 2009, su capital social fue de 25 mil lempiras con los que inicia la actividad empresarial y pasó a 381 millones de lempiras, en febrero de 2014.

“No podemos trabajar sobre la base de quién es la personas que tiene un tipo de responsabilidad o no trabajamos, en este caso nos llama la atención que se procese a una persona por ampliar una licencia y no se procese a quien otorgó la licencia original”, expresó.

“Vemos responsabilidades si es que las hubiera. Es una presunción, es una hipótesis de trabajo. No quiero que aquí se crea que la Misión viene a decir que estas personas son responsables. Estamos iniciando un proceso dentro de nuestro trabajo para poder determinar si existe algún tipo de responsabilidad criminal”, señaló el vocero.

Precisó que, “en este caso, la investigación no implica responsabilidad, la investigación implica que vamos a ver si esto tiene elementos de carácter penal para poder iniciar el proceso correspondiente”.