Constituyente venezolana avanza contra la exfiscal

CARACAS (EFE). La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada en su totalidad por oficialistas, sigue apuntando a la exfiscal general Luisa Ortega y a su esposo, el diputado Germán Ferrer, luego de su distanciamiento con el gobierno, acusándoles ahora de estar tras una red de extorsión.

Los más de quinientos asambleístas votaron en el pleno por el retiro de la inmunidad de Ferrer -un diputado de la vieja guardia chavista que tenía ya dos períodos en la bancada roja del Parlamento-, un procedimiento que da carta blanca para su captura y enjuiciamiento.

La decisión formaliza el procedimiento que ya las autoridades y la Policía de inteligencia iniciaron ayer con el allanamiento de la morada de Ferrer y Ortega Díaz, así como de conocidos y allegados, sin que se conozca hasta ahora del paradero de la pareja chavista pero disidente del gobierno de Nicolás Maduro.

La propuesta fue sometida a la votación por el constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que Ferrer «reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la justicia».

El parlamentario chavista «está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción, asociación para delinquir, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y extorsión», dijo a su vez el primer vicepresidente de la Constituyente y exasesor jurídico de Maduro, Elvis Amoroso.

A Ferrer se le implicó en el funcionamiento de una supuesta red de extorsión, que operaba gracias a su relación con la exfiscal, para pedir dinero a las personas implicadas en delitos con el fin de evitar que el Ministerio Público formalizara las acusaciones.

En esta supuesta asociación estaban además implicados dos fiscales vinculados a la gestión de Ortega Díaz, quien fue relevada de su cargo por esta misma Asamblea Constituyente al atribuirle otras faltas graves.

Las acusaciones por delitos supuestamente descubiertos por los oficialistas se hicieron públicas justo después de que Ortega Díaz y Ferrer, hasta hace unos meses cercanos aliados del presidente Maduro, se manifestaran en contra de la «ruptura del orden constitucional» propiciado por el Gobierno.

No obstante, Cabello precisó que esta acción no es un «hecho de retaliación política, como ellos han querido poner, que ahora son perseguidos políticos, no, aquí hay hechos de delincuencia, una gran mafia», dijo.

Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica del diputado.