Socializan alcances del Convenio 169 de la OIT

Expertos internacionales presentan hoy los alcances de la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Consulta Libre Previa e Informada, como parte de los esfuerzos del sector privado hondureño para socializar una nueva normativa.

La actividad se lleva a cabo antes del mediodía, en un hotel capitalino, con la asistencia de representantes de distintos sectores, luego de 22 años de haber sido ratificado tal convenio.

Entre los conferencistas está la directora regional de la OIT, Carmen Moreno, anunció ayer el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, al indicar que urge la aprobación de un marco legal que disminuya los conflictos con los pueblos indígenas y afrodescendientes.

También acude el representante de la oficina de empleadores del organismo internacional, Luis González, además, ponentes de Chile, Guatemala y Colombia que exponen sobre la importancia de proteger los pueblos originarios, sin detener el desarrollo.

Se espera la asistencia de funcionarios de sectores e instituciones públicas tales como el Poder Judicial, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el Ejecutivo, la academia, gremios y empresarios, en particular.

ELABORACIÓN DE LA LEY

El Convenio fue ratificado en 1995, explicó por su lado, el gerente del Departamento Legal del Cohep, Gustavo Solórzano. “Definitivamente esa es nuestra aspiración; colaborar con los representantes del gobierno en este nuevo proceso para la elaboración de la ley. Y nada mejor que contar con los creadores, en este caso, la gente de la OIT que viene a exponer sobre este caso”.

El objetivo del foro es aclarar los extremos sobre lo que debe contener la temática de la “Consulta Previa Libre e Informada”, como una herramienta para aprovechar los recursos de forma sostenible y respetando las costumbres y creencias de las comunidades en las zonas de impacto.

Desde años atrás, el sector privado viene impulsando una ley; hasta ahora, las consultas han sido canalizadas en “Cabildo Abierto”, donde los pobladores de los municipios impactados por proyectos mineros o de energía, se pronuncian sobre la viabilidad o negativa de un emprendimiento.

Asimismo, se han realizado en base a lo establecido en la normativa sobre medio ambiente, donde se dan las normas, pero sucede que las empresas interesadas tienen que socializar las consultas.

Los procesos de consulta dirigidos por las autoridades municipales son rechazados por los pueblos indígenas y algunas Organizaciones No Gubernamentales internacionales, lo que aviva la polémica entre los inversionistas y los habitantes.

La tesis del sector privado es que el proceso debe recaer en el gobierno. “La obligación no es de la empresa, es del Estado. Quien tiene que hacer la consulta es el Estado”, puntualizó Urtecho. No obstante, sostuvo que los inversionistas deben de colaborar, al ser parte interesada al momento de desarrollar un proyecto. (JB)