Multan a empleadas de Salud por malversación

Por el delito de malversación de caudales públicos, dos empleadas de la Secretaría de Salud Pública fueron condenadas al pago de una multa de 700,000 lempiras y a las penas accesorias, que incluyen la inhabilitación especial por 14 años.

El fallo judicial, emitido por los jueces de sentencia de la Sala I fue por unanimidad de votos, en contra de la gerente del Almacén Central de Medicamentos de la Secretaría de Salud, la doctora en Química y Farmacia Maritza Isabel Ramírez Vásquez de (57).

A Ramírez se le declaró autora responsable de siete delitos de malversación de caudales públicos culposos, en concurso real, en perjuicio de la administración pública, según hechos ocurridos en el año 2012.

También fue condenada la encargada del Departamento de Distribución de Medicamentos, Cindy Karina Santamaría Hernández (37), a la pena principal de pago de una multa de 11,723 lempiras y a la inhabilitación absoluta por cinco años, por un delito de malversación de caudales públicos.

Respecto a la multa impuesta a Ramírez, el Tribunal estimó que la extensión del daño producido por dicho delito fue grave, ya que causó un perjuicio al Estado de Honduras por la cantidad de un millón 715,058 lempiras. Por esta razón, determinó procedente imponer la multa en el grado máximo, es decir, de 100 mil lempiras por cada uno de los siete delitos de malversación de caudales públicos culposos, lo que suma 700,000 lempiras en total.

Según el ente acusador del Estado, ella autorizó la remisión de medicamentos sin verificar la autenticidad de la solicitud y sin el correspondiente formato, a varios centros, entre ellos al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, las regionales departamentales de Intibucá y Lempira, así como al Hospital Salvador Paredes.

Dicha acción causó un perjuicio al Estado de Honduras por un valor de un millón 416,484 lempiras, ya que el medicamento no llegó al lugar destinado.

En relación a la multa impuesta a Santamaría Hernández, corresponde a la diferencia de 180 ampollas de Fenoterol, con valor de 2,723 lempiras y 36,000 tabletas de Ibuprofeno, con un valor de 9,000 lempiras, valores que sumados hacen un total de 11,723 lempiras.

Esa sanción se le impuso en razón que ella era la encargada del Departamento de Distribución de Medicamentos y de verificar el cumplimiento y ejecución de las programaciones anuales.

Sin embargo, aun así autorizó 300 ampollas de Fenoterol, y lo planificado para la región de Gracias en el año 2012 únicamente era de 120 ampollas, es decir, una diferencia de 180. De igual manera, con el Ibuprofeno de 600 gramos, lo programado para dicha región, según lo planificado, era de 64,000 tabletas, no obstante, ella autorizó 100,000, una diferencia de 36,000 tabletas.

A ambas se les declaró la responsabilidad civil que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.

El juicio oral en este proceso se realizó los días 26, 27, 28 y 29 de agosto y 12 de septiembre del 2016.