Antonio Rivera: 13 de Libre votaron cuando se aprobó la reforma

El Congreso Nacional ha ordenado que se investiguen a unos 750 diputados por manejo del Fondo Departamental, desde el 2006 al 2018, no solo a cinco o a 60 parlamentarios.
Así lo dieron a conocer los diputados nacionalistas, Antonio Rivera y Mario Pérez, tras rechazar las acusaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el sentido, que existe un “pacto de impunidad” para evitar que fueran condenados los cinco integrantes de la denominada “Red de Diputados”.
Rivera recordó que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto se aprobó el 18 de enero a las 5:13 minutos de la tarde, en cuya sesión se abstuvieron unos 11 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y dos votaron en contra, uno de ellos fue Bartolo Fuentes.
“Hay un video en el cual se demuestra cómo votó -con un sí, con un no, o se abstuvo- el excoordinador de la bancada de Libre, Manuel Zelaya”, dijo el vicepresidente de la cámara.
“Ojalá que no venga a decir que alguien votó por él, que alguien apretó su botón o que estaba confundido, o que no entendió, o que no escuchó, pues el video es muy claro”, expresó.
La bancada de Libre en un comunicado pide que se debe derogar ese decreto, pues el dictamen no se discutió en el seno del Legislativo ese día.
“Quien inició el Fondo Departamental fue el gobierno de Manuel Zelaya y en el primer año se adjudicaron 550 millones de lempiras”, puntualizó Rivera.
“Por eso estamos diciendo que se investigue a 750 diputados durante el período 2006 al 2018, no solo a cinco o a 60 como dice la MACCIH”, reiteró.
“Yo pensé que la noticia sería, Congreso Nacional ordena investigar a 750 diputados desde el 2006 al 2018, pero lo que se ha discutido es quién puede investigar la conducta, los fondos públicos que han administrado los diputados ya sea por el Fondo Departamental o por subsidios”, explicó.
“Algunos dicen que debe ser el Ministerio Público (MP) y otros manifestamos que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acuerdo al artículo 4 de su ley”, afirmó.
“Cuando el TSC encuentra una irregularidad o un indicio de culpabilidad lo pasa al MP y aquel ejecuta la persecución penal. Ahí está toda la discusión”, señaló.
Reconoció que fue “un error que la jueza Consuelo Guzmán se haya amparado en el decreto de reforma para liberar a los cinco diputados”.

DEUDA

Por su parte, Mario Pérez, jefe de la bancada nacionalista, coincidió en que “el Fondo Departamental inició en el 2006, pues Zelaya estaba “ahorcando” a los diputados, a quienes les bajó la deuda política”. Por eso se creó esa medida de compensación.
“Se asignaban fondos a los diputados para que ejecutaran fondos en favor de las comunidades y cabe la auditoría sobre el uso de los mismos”, reconoció.
“Pero no puede ser una auditoría selectiva que es con la que nosotros estamos en total desacuerdo. ¿Por qué a unos sí y a otros no?”.
“Quién es el que decide a quiénes van a auditar y a quiénes no”, reflexionó el parlamentario, luego de lamentar el ambiente de suspicacia que ha generado el tema de la reforma a la Ley de Presupuesto.
“Por eso se ordenó una investigación especial para todos los diputados desde el gobierno de Manuel Zelaya hacia adelante, que les revisen cómo manejaron los subsidios o fondos departamentales recibidos”, afirmó.
También sostuvo que, “no hay ninguna relación entre este caso de la reforma con el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.
“Lo que estamos invocando aquí es el derecho de defensa para que nadie se le vaya a exhibir a un tribunal y que le monten un show sin pruebas en su contra”, finalizó.
DATOS
Algunos de esos fondos fueron distribuidos así:
– L460 millones para el Partido Liberal
– L26 millones para el Partido Nacional
– L14 millones para la Democracia Cristiana
– L8 millones para el Pinu
– L5 millones para la UD