Tegucigalpa. Vivir en Honduras y ser homosexual es un riesgo, pero ser mujer trans representa una doble aventura en un país donde se carece de un marco jurídico que vele por sus derechos, instituciones que resuelvan sus conflictos y, sobre todo, la decisión política para cambiar una cultura que se resiste a reconocer la diversidad sexual.
“Me han asaltado, agredido y discriminado, pero gracias a Dios sigo con vida aún. Discriminada por la Policía, por las mismas trans y cuando uno va al hospital se ríen por la identidad de género” (sin SIC porque lo arreglamos), recordó Heidy Zoe, chica trans de 19 años, quien desde los 14 años es rechazada por sus padres y hermanos.
Heidy Zoe, del grupo Cozumel Trans, es una de las miles de mujeres que decidió cambiar su identidad sexual a la registrada en su nacimiento, pese a los riesgos que significaba hacerlo en un país donde la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) ha tenido que luchar fuertemente por espacios de reconocimiento.
Para el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de Nicaragua, una mujer transexual o trans es aquella que “no está de acuerdo a su sexo biológico y mediante tratamientos hormonales, psicológicos y psiquiátricos decide cambiarlo mediante una reasignación de sexo”.
Dos de cada tres crímenes son trans
Según la organización local Red Lésbica Cattrachas, en su informe más reciente, entre 2004 y 2017 hubieron 277 asesinatos de integrantes de la comunidad, de los cuales solo se judicializaron 62 casos (22.0%), mientras que uno de cada tres muertos fue una mujer transexual.
Un reporte elaborado por el centro de estudio Expediente Abierto (EA) sobre vulnerabilidades y riesgos en la comunidad trans indicó que si bien en Honduras se carece de un censo sobre esta población, ellas son quienes más agresiones reciben con relación a los diferentes grupos LGBTI que existen.
Determinar las principales agresiones es difícil en un país como Honduras que, como ocurre en el resto de América Latina, aún se vive una fuerte resistencia del Estado a reconocer la diversidad sexual y por tanto sus derechos ciudadanos, colocándolos en un vacío jurídico sin más apoyo que sus propias organizaciones.
A esto se suma el subregistro de denuncias, pues es hasta el 2013 cuando se comienzan a tipificar las agresiones por razón de sexo, resultado de las modificaciones en el Código Penal.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) dijo a Expediente Abierto que fue en el 2013 cuando se registran las primeras 4 denuncias relacionadas con la comunidad LGBTI a nivel nacional, cifra que se dispara a 74 en 2016.
Pese al cambio en el marco jurídico, la falta de respuesta fue latente como lo ejemplifica la Red Lésbica Cattrachas al señalar que solo en 2015 las autoridades abrieron tres casos de investigación, en un año en el que se registraron 37 muertes violentas contra la comunidad LGBTI.
¡Vivir para contarlo!
Las historias por contar son muchas, como la de Nayeli Paola, dirigente de Muñecas de Arcoíris, quien a los 21 años fue quemada por dos desconocidos que ingresaron a su casa y la bañaron en alcohol, pero gracias a la buena fortuna salvó su vida y hoy defiende los derechos de las mujeres trans.
“Primero me dieron la golpiza y luego de la golpiza intentaron matarme, pero como no había armas me echaron alcohol encima y prendieron fuego, por suerte en mi habitación tenía un botellón de agua y logré tirarlo al piso, quebrarlo y tirarme en el piso y rodar”, recordó Nayeli Paola durante una entrevista con EA.
Se van a cumplir ocho años de la agresión que fue objeto y el caso sigue sin respuesta, pese a que se detuvo a los agresores, pero fueron liberados por falta de pruebas, recordó Nayeli Paola a Expediente Abierto.
De acuerdo a Expediente Abierto, en los últimos años la violencia contra esta comunidad ha crecido de manera constante y considerable, motivando una preocupación de la comunidad internacional y de sus organizaciones, quienes ante la falta de respuesta oficial hacen urgente trabajar en políticas públicas claras, que permitan visibilizar su situación, reivindicar sus derechos y contrarrestar la impunidad de sus crímenes.
AI advierte crímenes de odio
El problema de la comunidad trans, llama la atención de los investigadores y defensores humanitarios por ser la más frágil dentro de quienes integran la comunidad LGBTI. Sus agresiones pasan desapercibidas y los niveles de discriminación son más acentuados, según los hallazgos de EA.
Para el Estado hondureño reconocer la diversidad sexual se convierte en un tema de agenda que deberá abordar en breve, sobre todo tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, tema que en Honduras es prohibido desde la Carta Magna.
El fallo de la CIDH ha generado controversias en el país, pero mientras ese momento llega los crímenes de odio en contra de la comunidad trans requiere de respuestas urgentes para que las historias de Nayeli Paola o Heidy Zoe no se repitan más en esta nación centroamericana.
La organización Amnistía Internacional (AI) señala que los crímenes de odio podrían ser una “conspiración del silencio” y destaca cómo el lenguaje de la deshumanización prepara el camino para que se cometan atrocidades contra los grupos sociales estigmatizados y las diferencias en cuanto a origen étnico, género, religión y orientación sexual. AI advierte sobre una creciente tendencia a estigmatizar a los integrantes de la comunidad LGBTI como una especie de “chivos expiatorios” al acusarles de ser el “origen de los males” sociales como las crisis de moralidad o de orden público.
