En su informe final sobre la veeduría al proceso electoral, Honduras 2017, la Coalición de Observación Electoral No Partidaria (ON-26), plantea que la crisis política generada durante y después del proceso electoral 2017, revela claramente la necesidad de realizar una profunda reforma integral del sistema político-electoral en el país. Esta reforma debe ser integral y, sin limitarse a los asuntos puramente electorales, debe abarcar al sistema de partidos políticos y al sistema político en general.
ON-26 es una instancia independiente integrada por la Pastoral Social Cáritas Honduras; el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH); el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH); el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); el Grupo Sociedad Civil (GSC); la Red Lésbica Catrachas; y Sien Comunicaciones, apoyada técnica y financieramente por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).
Dentro de las propuestas de reformas, ON-26 pide aclarar y regular el tema de la reelección presidencial, crear y aprobar la segunda vuelta electoral y el mandato revocatorio para que a través de un referéndum el pueblo pueda destituir a los burócratas de altos cargos que no cumplen con las funciones asignadas, son entre otras las conclusiones del informe final.
La coalición también plantea la Ley de Identidad de Género, para que una persona pueda participar con el nombre que asume por su nueva identidad sexual; la reglamentación de la alternancia desde las elecciones primarias y la limpieza profunda y rediseño del censo o padrón electoral.
Asimismo que en base a ley, el TSE de oficio o a petición de parte, aplique sanciones y ponga a disposición de la ley a aquellas personas que impidan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivo de orientación sexual o identidad de género de las personas que aspiran a cargos de elección popular. Para fortalecer la institucionalidad precisa además la creación del Tribunal de Justicia Electoral, para asegurar la celeridad y la confianza en la resolución de impugnaciones en los ámbitos electorales.
ON-26 propone además, la transformación completa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), convirtiéndolo en una institución debidamente representativa, despolitizada partidariamente y, fundamentalmente, técnica y profesional; asimismo, la limpieza profunda y rediseño del censo o padrón electoral; la ciudadanización de las mesas electorales y el estudio y la creación de los distritos electorales.