Expresidente de Perú pide asilo en embajada de Uruguay

Lima (AFP). El expresidente de Perú Alan García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país por 18 meses, debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, informó el domingo la cancillería peruana.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores hace de conocimiento de la opinión pública que el embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el expresidente del Perú Alan García Pérez ingresó en horas de la noche de ayer (sábado) a su residencia», indicó la cancillería en un comunicado.

La nota señala que García «ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay».

«Dicha solicitud, como indica la Convención arriba citada, deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar información al respecto», concluye el texto oficial.

En Montevideo, la presidencia uruguaya emitió un comunicado en el que señala que el embajador Carlos Barros informó de la solicitud de asilo de García al presidente Tabaré Vázquez.

«García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú. El expresidente peruano iniciará el trámite siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional», confirmó el gobierno uruguayo.

García, quien gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, denunció esta semana que el sistema judicial está «descabezado» por una supuesta intervención gubernamental.

La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que «existen suficientes elementos de convicción» para declarar fundada la medida.