Por Rafael Delgado Elvir
Los presupuestos que aprueba cada año el gobierno nacionalista siguen el mismo camino. No hay ningún intento serio de abordar los grandes problemas de la política fiscal y todo se limita a aplicar un incremento porcentual a la mayoría de las partidas. Es así como las dimensiones del problema van aumentando, ya que cada año son más los recursos que absorbe el aparato público y cada vez los resultados en términos de impacto económico y social son menores. Pero al parecer esto no interesa, ya que la idea es seguir adelante con un presupuesto ajustado a las necesidades políticas del momento, secundado por una mayoría irreflexiva en el Congreso Nacional que sin discusión alguna aprueba lo que le pongan por delante.
Como bombas de tiempo siguen allí sin tratamiento alguno las exoneraciones fiscales otorgadas en su mayoría sin ningún criterio económico y al amparo de la conveniencia del momento. Según algunas estimaciones estas representarían el 40% de la recaudación tributaria, indicando que su control a lo estrictamente justificable reduciría la necesidad de incrementos adicionales en los impuestos. Pero más allá del significado tributario, las exoneraciones fiscales antojadizas, consolidan la idea de un Estado controlado por poderes económicos e injustos en la distribución de la carga fiscal.
Sin ningún tratamiento serio y sistemático sigue el despilfarro de los recursos públicos. 50% y hasta 100% son los sobreprecios que paga el Estado por la compra de equipos, suministros y por los proyectos de inversión. Y estas no son leyendas, son hechos comprobados recientemente. Por el hecho que existen intereses coludidos entre los directivos de las instituciones públicas compradoras y las empresas privadas licitando se producen estos asaltos a los recursos públicos sin violentar ningún cerrojo. La práctica de compras innecesarias, fraccionadas y de emergencia se incrementa el presupuesto sustancialmente.
El libertinaje y la discrecionalidad con que los más altos funcionarios utilizan los recursos del país nunca se ha combatido y en cada presupuesto anual se va aumentando automáticamente. Altísimos gastos en vehículos de lujo, aviones, helicópteros, combustible, guardaespaldas, viáticos para movilización adentro y fuera del país son parte del acontecer diario. La liquidación del Presupuesto General de la República del año 2017 indica que Casa Presidencial ejecutó 1,800 millones de lempiras para sus antojos.
La tragedia de la ENEE sigue sin ninguna solución a la vista, más bien se le concedió permiso para seguir endeudándose.
Mientras tanto las compras sobrevaloradas de energía, el ineficiente sistema de transmisión y distribución de energía siguen devorando miles de millones de lempiras. COALIANZA con sus nefastos mecanismos se ha convertido en otro problema. El Estado carga con la mayoría del costo y riesgo de la inversión pública, mientras al inversionista se le garantiza con el mínimo riesgo la recuperación de su inversión y la ganancia.
El endeudamiento público es otro de los problemas. Después de una condonación de la deuda externa pública, no pasaron muchos años y Honduras retomó la senda del endeudamiento progresivo. Para estos días, el dato oficial es que la deuda pública total ya llegó a los 11 mil millones de dólares. Su peso es notorio. Para el año 2017 se destinó aproximadamente 33 mil millones de lempiras para pago de capital e intereses que representó el 33% de todo lo que recaudó el gobierno en concepto de impuestos. Prácticamente este monto equivale a lo que se gastó e invirtió durante el año para el Presupuesto de Salud Pública. Para el año 2019 el servicio de la deuda externa seguirá creciendo y se contemplan pagos de 40 mil millones de lempiras. Así termina el primer año del ilegal y fraudulento gobierno de JOH.
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Economista. Catedrático universitario