Libres 96% de criminales que depredan bosques

Al cierre del 2018, según el Monitoreo Forestal Independiente (MFI), un 96.75 por ciento de los casos de depredación del recurso forestal en Honduras se mantiene en la impunidad.

El informe del MFI indica que únicamente el 3.25 por ciento de los casos denunciados durante los últimos años fueron llevados a juicio y los responsables recibieron una sanción. Sin embargo, resolver cada caso, en promedio, ha demorado más de ocho años.

El MFI es un ente de apoyo a las instituciones pro ambientales, nacido en el 2005, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), para realizar una evaluación independiente en el tema de aplicación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como apoyo a las instituciones jurídicas.

Entre los principales problemas de incidencias delictivas en el área ambiental, el MFI detalla que en el 76 por ciento de los casos se señala la práctica de irregularidades, en el 21 por ciento faltas administrativas y en el 55 por ciento, la comisión de delitos.

POCOS DETENIDOS

La gran mayoría de los depredadores de los bosques gozan de libertad, sin ningún tipo de castigo o persecución, debido a que son pocos los infractores detenidos, en relación a la devastación realizada por tala ilegal, en las áreas verdes de Honduras.

En promedio, según registros del Instituto de Conservación Forestal (ICF), al año se pierden alrededor de 23,000 hectáreas de bosque por la tala y unas 57,000 hectáreas son devastadas por los incendios.

Según informes, las autoridades del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9 de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), quienes se dedican todos los años a proteger los bosques y combatir la tala y los incendios, más del 95 por ciento de las quemas forestales son provocadas por pirómanos y los traficantes de madera mutan sus formas de trabajo.

Durante 2018, el Comando C9 detuvo a 125 personas implicadas en diferentes delitos ambientales, como transporte ilegal de madera, comercialización de productos y subproductos forestales, descombros, y tráfico de animales en peligro de extinción. (KSA)

ESTADÍSTICA
CASTIGAN SOLO 3 DE CADA 100 DETENIDOS
En la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se establece que la quema del recurso forestal y el tráfico de madera son delitos que se penalizan con seis meses hasta 12 años de reclusión, dependiendo del terreno, si es gubernamental o privado, y la forma del incidente.

Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del Monitoreo Forestal Independiente (MFI), apenas tres de 100 detenidos reciben algún tipo de sanción legal, por la poca aplicabilidad de la ley, que entre algunos aspectos resalta la complejidad para demostrar el grado de responsabilidad de los implicados.

El MFI, junto al Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), y la Procuraduría General de la República, mediante la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), anunciaron una estrategia con el objetivo de apoyar el fortalecimiento institucional.

Se busca el mejoramiento de las capacidades técnicas, operativas y de coordinación interinstitucional de los operadores de justicia, que les permita actuar con celeridad, eficiencia y eficacia, de manera que se reduzca el tiempo en la resolución de casos y se facilite la aplicación de las leyes, y con esto lograr una mejor gobernanza forestal.

EN FOCO
23 MIL HECTÁREAS DE BOSQUE SE PIERDEN AL AÑO
Unas 23,000 hectáreas de bosque se pierden anualmente por la tala ilegal, por lo que las autoridades intensifican los operativos para determinar el origen de la madera que transporta por las distintas carreteras.