INP a familiares de reos: Medidas de control de seguridad no son negociables

El subdirector del Instituto Nacional Penitencia (INP), German MacNiel, aseguró este viernes que las medidas de seguridad en los centros penales se mantendrán y  que no son negociables.

La reacción de MacNiel se dio luego de de las diferentes protestas realizadas por los familiares de los privados de libertad en las cárceles de máxima seguridad.

“Las manifestaciones de familiares de las personas privadas de libertad no tiene ninguna razón de ser, debido a que ellos se encuentran molestos por las diferentes acciones que se han tomado en el área de seguridad, evitando que ingresen droga y artículos de uso prohibido en los centros penitenciarios de máxima seguridad”, dijo.

Así de categórica fue la respuesta del funcionario ante las protestas realizadas por los parientes de los internos de las cárceles denominados “Pozo I y II”, en Ilama, Santa Bárbara y Moroceli, El Paraíso, respectivamente quienes han pedido suavizar las medidas de control implementadas.

“Esto es algo que quiero dejar muy en claro ante la sociedad en general, las medidas de seguridad adoptadas son con el propósito de evitar el ingreso de armas, droga y cualquier artefacto o sustancia prohibida en el interior de los centros penitenciarios del país. No es un tema negociable, no vamos a retroceder”, enfatizó el funcionario.

Recordó que en el pasado eran los internos quienes tenían el control en los centros penitenciarios, esto por el abandono en que se encontraba pero, a raíz del proceso de reforma impulsado por el presidente de la República Juan Orlando Hernández, se han tenido los resultados que la población ha esperado en el tema de seguridad.

“Esto es un tema que no se va a negociar, esto es algo en lo que no vamos a retroceder ni un solo milímetro, vamos a seguir manteniendo el orden y control en los centros penitenciarios, las medidas adoptadas son en beneficio de las personas privadas de libertad y con el estricto respeto a sus derechos fundamentales”, recalco.

Campaña de mentiras

En relación a los señalamientos de los parientes de privados de libertad respondió que “vamos a dejar muy en claro, que lo que han expresado no se encuentra apegado a la verdad”.

Reiteró que en la temática de seguridad no vamos a retroceder, vamos a seguir implementando los controles necesarios para que las personas no continúen realizando actos ilícitos desde el interior de los centros penitenciarios que repercuta en el resto de la ciudadanía”.

Hemos podido encontrar marihuana tanto en escobas, como en la alimentación que pretenden ingresar la visitas y se ha llegado al extremo de encontrar marihuana en los órganos genitales de algunas mujeres que visitan a las personas privadas de libertad en ese sentido, cabe mencionar que aquí lo que existe es un malestar por parte de las personas que están acostumbrados al desorden y no les gusta el orden que se está imponiendo por parte del Instituto Nacional Penitenciario, comentó MacNeil.

En los últimos días, de manera simultánea los familiares de los privados de libertad que permanecen en las cárceles de máxima seguridad han realizado protestas frente a las instalaciones de “El Pozo I”, en Santa Bárbara y además en San Pedro Sula y Tegucigalpa, por lo que el funcionario se preguntó ¿de dónde viene el financiamiento?, este es un tema que nos llama poderosamente la atención de saber quién está financiando este tipo de manifestaciones.

Enfatizó que los señalamientos de los familiares se “encuentran completamente alejado de la verdad, se puede notar que lo que se ha generado es una inconformidad por parte tanto de las personas privadas de libertad como a sus familiares por las medidas de seguridad que se están imponiendo en el sistema, nuestra función va a continuar de la mejor manera”.

McNiel llamó a los familiares de los internos “a la reflexión, a la cordura, a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario que lo que estamos haciendo es en bien de sus familiares, no vamos a permitir el ingreso de drogas , de armas y de artículos prohibidos y esto lo que lleva es como finalidad la rehabilitación de la persona privada de libertad, entendemos que duro tener un hijo, un hermano, un primo, un papá dentro de los centros penitenciarios, sin embargo el trato que se les da es respetando sus derechos fundamentales”.

Buena atención médica

Por su parte, el doctor Cesar Godoy del departamento médico del INP, explicó que en el acceso a la salud se ha mejorado la atención de las personas privadas de libertad, ya en los centros penitenciarios se cuenta con personal médico y de enfermería las 24 horas del día, por lo que se ha contratado 84 médicos y 65 enfermeras, así como médicos especialistas, químicos farmacéuticos, entre otros.

El doctor afirmó que a raíz de la firma de una carta de entendimiento con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las mejoras que se han realizado en los centros penitenciarios se logró incorporar a otras instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales como apoyo al sistema de salud penitenciaria.

Godoy sostuvo que, a parte de la colaboración que reciben del CICR también cuentan con la ayuda de la Secretaría de Salud (Sesal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Mencionó que actualmente la Sesal apoya con el suministro de medicamentos del cuadro básico para distintas enfermedades.

En relación a la tuberculosis explicó que en el 2018 se detectaron 248 casos al interior de los centros penitenciarios entre una población de 20,677 personas privadas de libertad, mientras que en El Salvador la cifra es de 21 mil casos entre una población carcelaria de 40,000 internos, lo que refleja una gran diferencia en el registro de casos.

Esta es una enfermedad tratable prevenible, de difícil tratamiento y el cual puede variar entre seis meses y dos años, según sea el grado de complejidad.

Agregó que, en conjunto con la Sesal han realizado pruebas para detectar casos nuevos y así suministrar el tratamiento adecuado en el momento indicado, por lo que es de considerar que este tipo de enfermedades están bajo control en esos centros.

Cabe mencionar que a la fecha, todas las personas diagnosticadas con tuberculosis están con su tratamiento y se lleva un control en conjunto con el personal de la Secretaria de Salud y organismos internacionales que apoyan en las labores de salud penitenciaria.

En relación al fallecimiento de un privado de libertad de “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara, indicó que presentaba un cuadro de gravidez ya que tenía liquido en uno de sus pulmones, por lo que fue remitido al hospital de Santa Bárbara y de dicho centro asistencial fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortes, donde falleció.

“Este caso fue puesto de conocimiento de la Inspectoría General del INP y hoy, junto a personal de una ONG internacional y otras instituciones nos trasladaremos a Ilama para iniciar una investigación del caso, también iremos al hospital de Santa Bárbara y al Catarino Rivas para poder realizar un informe detallado y entregarlo a las autoridades competentes”, dijo.