La defensa de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, insistió en el debate de juicio oral de este día que su representada nunca recibió asignación presupuestaria o se apropió de fondos públicos.
El juicio continuó ayer, con la evacuación de la mayoría de las pruebas documentales del cuerpo de defensa de la exprimera dama, quien permanece en prisión, hace más de un año, acusada de distintos delitos.
La secretaria del Tribunal de Sentencia leyó los registros de créditos de la cuenta del Despacho de la Primera Dama en 2013.
Un movimiento de dos millones 108 mil 722 dólares (51 millones 610 mil 970 lempiras); otro de 300 mil dólares; otro de seis millones 140 mil 880 lempiras de Casa Presidencial; otro de seis millones 135 mil 720 lempiras; otro de cinco millones 455 mil 874 lempiras con 29 centavos.
También registraron un millón 267 mil 101 lempiras con 74 centavos, otro de 10 millones 267 mil 950 lempiras y 20 millones 555 mil 900 lempiras; estos dos como donaciones de Taiwán.
Otra de las pruebas eran una copia de una nota de la exprimera dama a una institución bancaria señalando que autorizaba a Saúl Escobar la transferencia de 61 mil 685 dólares de la cuenta en dólares del Despacho de la Primera Dama, a la cuenta en lempiras del mismo despacho.
Asimismo, pidió a su secretario privado que eliminara la cuenta en dólares.
Otra de las pruebas documentales, presentadas es un depósito de 30 mil lempiras de una empresa editorial a la cuenta del Despacho de la Primera Dama en San Pedro Sula.
Además, una hoja de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que indicó que desconoce el manejo de los fondos que otorgó Taiwán a la exprimera dama.
La defensa arguye con este bloque de pruebas documentales que su representada no tuvo asignación presupuestaria.
Los fiscales del Ministerio Público señalan como sospechoso que una Secretaría del Estado desconociera el uso de donaciones.
Exprimera dama no se apropió de fondos públicos
En horas de la tarde, los abogados defensores presentaron otro bloque de pruebas documentales, iniciando con la apertura de la cuenta personal de la exprimera dama el 22 de enero del 2014 con la intención de concluir pagos pendientes del Despacho de la Primera Dama.
El monto mensual estimado de la cuenta era de un millón a dos millones 500 mil lempiras. Al final fueron transferidos 12 millones 272 mil 051 lempiras.
Otra de las pruebas era una copia de un cheque de la exprimera dama hacia un banco para que transfiriera de su cuenta cuatro millones 821 mil 117 lempiras con 13 centavos hacia Casa Presidencial el 6 de noviembre del 2015.
En la misma fecha, la exprimera dama autorizó al mismo banco de trasladar a Tesorería General 885 mil 707 lempiras con un centavo.
La defensa justificó que la finalidad es establecer que la exprimera dama cometió “un error” al sacar de la cuenta del Despacho de la Primera a una cuenta personal.
Arguyeron que su representada devolvió el dinero al Estado antes que se realizará la denuncia.
Igualmente, sostienen que es “ilegal” el segundo allanamiento ejecutado en la residencia de su cliente alegando que sobrepasó las horas que establece la Constitución de la República (6:00 am-6:00 pm).
Otra de las pruebas documentales, fue un préstamo de empresa de atención personalizada al Despacho de la Primera Dama por un monto de 48 mil 872 lempiras con 40 centavos por concepto de pago en compra de oxígeno y donarlo al Hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula.
La defensa aseguró que la prueba documental acredita que su representada no se apropió indebidamente de fondos públicos, ni los malversó.
Por otro lado, Julio Galdámez (coordinador del Praf y asociado a Mauricio Mora, según MP), recibió depósitos de Casa Presidencial por 26 mil 400 lempiras y 21 mil 200 lempiras.
Otras personas naturales “zapateros según la defensa” que recibieron cheques fueron Juan Adolfo Alemán, José Orellana Licona, Wilfredo Oseguera, Marco Tulio Cálix, Juan Manuel Alvarado y Marco Gutiérrez.
La última prueba documental presentada en el día fue contratos de elaboración de zapatos a cinco zapateros: José Orellana Licona, Ramón de Jesús Lobo, Juan Carlos Yánez, Marco Tulio Cáliz y Wilfredo Oseguera.
El contrato era de Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama firmado por el secretario privado y coordinador del programa Calzando los Niños de Honduras, Saúl Escobar.
En el caso de José Orellana Licona, tenía la condición de contratista y estableció que tenía que confeccionar 110 pares de zapatos (60% para niñas y 40% para niños), talla entre 27-36, un precio de 200 lempiras cada par y entregado 30 días después de la firma del contrato.
El recibo fue de tres millones de lempiras suscrito el 29 de diciembre del 2012.
Otro de los zapateros fue para Ramón de Jesús Lobo que estableció confeccionar 110 pares de zapatos (60% para niñas y 40% a niños), con un monto de tres mil lempiras emitido el 29 de febrero del 2012.
Tuvo dos comprobantes de depósito, una de tres mil y otra de cuatro mil 400 lempiras.
En el caso de Juan Carlos Yánez, firmó un contrato para la confección de 110 pares de zapatos el 24 de febrero del 2012 y el 29 del mismo mes recibió tres mil lempiras.
Mientras que Marco Tulio Cálix y Wilfredo Oseguera, se comprometieron a confeccionar 147 pares de zapatos.
La defensa reiteró que los contratos fueron para la elaboración de zapatos, que hay registros de actas de entrega, que Julio Galdámez no recibió ni entregó cheques y que su representada no se apropió de fondos públicos.
El Ministerio Público detalló que hay irregularidades en la entrega de zapatos resaltando que se ordenó la elaboración de 625 pares de zapatos pero que solo hay registro de 60 pares. “No se encontraron el 90%”, dijo uno de los fiscales.
Prosiguió que los zapateros se comprometieron con confeccionar de 110 a 145 pares pero solo entregaron 13 pares, mientras que los precios de los zapatos iban de 22 mil a 90 mil lempiras, sin embargo, resaltó que solo fueron recibidos tres mil lempiras.
“No son confiables las pruebas porque se desconoce la procedencia y carece de confiabilidad”, aseveró.
El juicio continuará a las 9:00 de la mañana con la última prueba documental y la evacuación de la prueba documental incidental de la defensa de la exprimera dama.
Defensa de exprimera dama argumentó que ella no se apropio de fondos públicos
