Centrales obreras exigen justicia en el caso del IHSS

Representantes de las centrales obreras, mediante reunión de la Confederación de Trabajadores de Honduras, manifestaron este miércoles su apoyo a los exdirigentes sindicales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), procesados por supuesta implicación en el mediático desfalco al centro hospitalario.
Según la Asociación para una Sociedad más justa (ASJ), a los miembros de la ex-junta directiva del IHSS Arturo Bendaña Pinel, Leonardo Villeda Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, José Hilario Espinoza Herrera, José Humberto Lara Enamorado, Luis Alonso Mayorga Gálvez y Odessa del Carmen Henríquez se les acusó penalmente del presunto delito de abuso de autoridad.
En el informe se señala el movimiento de más de 1,500 millones de lempiras entre el Régimen de Enfermedad y Maternidad al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, acción que está prohibida por el artículo 58 de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Referente a los procesos jurídicos implementados a la fecha por la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), a los representantes de la ex-junta directiva del IHSS, directivos de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), manifestaron inconformidad.
En una masiva convocatoria, emitieron un llamado al restablecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad pública y el rescate de los derechos fundamentales, así como la petición a las autoridades judiciales para que se investiguen a los verdaderos autores del desfalco del IHSS.
El representante de la CGT, Daniel Durón, expresó que, “nosotros lo que buscamos es que haya una verdadera aplicación de la justicia, y que se aplique objetivamente a quien se le tenga que aplicar, no estamos rehuyendo a nada, hay muchos delitos penales y ni siquiera ha intervenido el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”.
“Apoyamos la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero estamos luchando que se le dé el planteamiento correcto, a los procedimientos establecidos en las leyes, son representantes de instituciones serias, puede ser que detrás de esto haya toda una estrategia de perjudicar, inmovilizar y deslegitimar un movimiento que fortalece la democracia”, sostuvo, Durón.
Sobre el tema, el agremiado de la CUT, Joel Almendares, destacó que, “quienes se robaron esa plata han de andar con saco y corbata en algunas instituciones del Estado, y a los compañeros que no tienen absolutamente nada son los que están presentando como trofeos ante la justicia”.
Almendares, agregó que, “es una persecución política gremial, en el posicionamiento de las centrales lo hemos establecido, porque los compañeros no tienen nada que ver en el robo del Seguro Social, simplemente tomaron decisiones políticas, porque los que hicieron que se comprara equipo biomédico y que se le diera mantenimiento fue el Congreso Nacional”.

Representantes sindicales de varias instituciones públicas exigen el funcionamiento legal de las leyes hondureñas en el caso del Seguro.

Mediante comunicado las centrales obreras, destacaron los siguientes puntos:
Que el Ministerio Público (MP) pida revisión de medidas y un juez las otorgue, en un caso que no lo amerita, no se puede entender más que como una persecución política gremial y no penal, ya que no se cumple ningún presupuesto legitimador para suspenderlas y otorgar la prisión preventiva que es garantizado en los artículos 89, 92, 93 y 94 de la Constitución de la República, ya que esta es una acción excepcional para evitar la fuga.
Solicitamos a la MACCIH y al Ministerio Público que, en el marco de sus responsabilidades para el combate a la corrupción y la impunidad, se apegue estrictamente a los contenidos de nuestra Constitución y demás leyes de la República respetando el debido proceso y los derechos fundamentales que garanticen una aplicación objetiva de la justicia.
El movimiento sindical hará todas la acciones legales, sociales y populares para defender la verdad en estos hechos y resistir a los ataques que solo tiene como propósito desestabilizar el movimiento, atacar sus estructuras representativas y destruir su capacidad de movilización. «Cuando la justicia se convierte en injusticia condenando a inocentes, se pierde en su totalidad el Estado de Derecho».