Cárcel en batallones al borde del colapso

La habilitación temporal de los batallones en Honduras comienza a sobrepasar el límite establecido de inquilinos privados de libertad, en especial los implicados en ilícitos ligados a la corrupción o la criminalidad organizada. Los recintos se encuentran desbordados, según las autoridades.
El avance de la delincuencia organizada y la incapacidad de los centros penales para albergar reclusos y ofrecer garantías mínimas de seguridad, llevó a los Estados a hacer de los batallones una especie de cárceles especiales para privados de libertad, muchos de ellos políticos, exfuncionarios, empresarios u otros de alguna relevancia pública.
En Honduras, el subdirector de centros penales Germán McNeil, dijo a periodistas que los batallones habilitados para recibir reclusos se encuentran copados y están viendo cómo atender esta problemática para poder descongestionar esas brigadas militares.
Uno de esos batallones que ha sobrepasado el límite es el Primer Batallón de Infantería -hacia donde algunos privados de libertad quieren ser trasladados- y que alberga a personajes de relevancia pública como exfuncionarios, políticos, empresarios y exdiputados y periodistas, entre otros.
Otra brigada militar es el II Batallón Táctico Especial, ubicado en Támara, Francisco Morazán, cerca de la Penitenciaría Nacional de Támara, el principal centro penitenciario del país.
En estos batallones militares se encuentran privados de libertad acusados, unos, y condenados, otros, por corrupción, narcotráfico y homicidio, entre otros delitos. Son en su mayoría figuras ligadas a escándalos de narcotráfico y a la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otras figuras delictivas. También se encuentran entre sus inquilinos extraditables.
En Honduras existen más de 20,500 privados de libertad distribuidos en los 25 centros penales del país y la población penitenciaria se ha disparado en más de un 10 por ciento, en el último año, según las autoridades a causa de los operativos policiales en el combate contra el delito común y de extorsión, además de la lucha contra las maras y pandillas.
Solo en la cárcel de Támara se reportan más de cinco mil privados de libertad, cuando su capacidad real es para 2,500 reclusos. La saturación es de más del cien por ciento.
Del total de privados de libertad que hay en el país, un poco más de nueve mil tienen sentencias firmes, mientras el resto está pendiente de ser juzgados y condenados.
La saturación en las cárceles y el hacinamiento en que se encuentran los reclusos es una de las principales observaciones que ejecutan las misiones nacionales e internacionales que realizan visitas in situ para verificar la situación de derechos humanos en las cárceles.
Ante esa sobrepoblación se habilitaron los batallones para albergar a privados de libertad cuya participación en los delitos que se les acusa es relevante y cuyas vidas requieren de protección especial.
Originalmente se había indicado que su estadía en las brigadas militares era temporal, pero con el paso del tiempo se han vuelto permanentes y ante las últimas acusaciones por delitos de impacto en corrupción, narcotráfico o las extradiciones, los batallones se han vuelto una especie de inquilinato de alto perfil.