Comienzan a caer amparos a favor de exdirectivos del IHSS

El apoderado procesal del líder sindicalista José Hilario Espinoza, Germán Salomón Amador presentó ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una acción de amparo con suspensión del acto reclamado.
El amparo es en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción que cambió la medida cautelar por la prisión preventiva para ocho exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“Hemos presentado la acción constitucional de amparo solicitando que se decrete la medida cautelar como la suspensión del acto reclamado, para que continúe defendiéndose en libertad, los delitos por los cuales se le imputan no se encuentran dentro del catálogo de los 21 delitos que se encuentran en el artículo 184 del Código Procesal Penal, se demostró suficiente arraigo patrimonial, laboral y familiar”, explicó Amador.
El apoderado de Espinoza, señaló que el amparo es para cambiar la medida de prisión preventiva por cautelar que es la que gozaba su representado y que consistía en firmar dos veces el libro de control de medidas, no salir del país y presentar un informe periódicamente.
El togado remarcó que la resolución de la Corte de Apelaciones como “un atentado” contra la integridad física de su representado.
El cambio de medidas será aplicado para Samuel Benjamín Bográn, Óscar Carranza, Luis Alonso Mayorga, José Humberto Lara, Óscar Manuel Galeano, Fabricio Valentín Vásquez y José Manuel Espinal.
Mientras tanto, Leonardo Villeda Bermúdez y Armando Villatoro continuarán con la medida de arresto domiciliario.
Los señalados en este caso son acusados por el ente fiscal por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
No obstante, la apoderada legal de Javier Pastor, Nilia Ramos también presentó acción de amparo con suspensión del acto reclamado para su representado.
El caso Licitación Fraudulenta del Seguro Social que es contra los exdirectivos del IHSS salió a la luz luego de que el pasado 4 de diciembre la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC del Ministerio Público presentó acusación contra 12 personas por haber aprobado supuestamente licitaciones fraudulentas a favor de una empresa.
Según la acusación se trata de equipos médicos sobrevalorados en más del 114 por ciento del valor del mercado y contratos que obligan al Seguro Social a pagar de forma mensual, el mantenimiento a los equipos que muchos de ellos se encuentran «embodegados». (XM)