Rafael Delgado
Las remesas que recibe el país siguen un curso ascendente, quedando los niveles históricos claramente superados con cada mes y cada año que pasa. Según el Banco Central de Honduras, las remesas alcanzaron el año 2011 la suma de 2,749 millones de dólares. Diez años después, el año 2021, esa cifra rebasó toda expectativa y alcanzó 7,370 millones de dólares. Para julio del 2022 la dinámica de crecimiento parece no agotarse sumando ya 4,900 millones de Dólares, cifra que supera en 19% lo alcanzado para el mismo período del año anterior. Se espera que al cerrar este año nuevamente la cifra marcará niveles no vistos en el pasado. A lo anterior habría que sumarle otras cantidades, hasta ahora poco investigadas, como son los envíos de dinero y en especie que se hacen por vías informales y que no se captan en las estadísticas, pero que tuvieron que haber aumentado con la migración de más hondureños.
Según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “La población receptora de remesas” del 2016, ese dinero enviado por los hondureños radicados principalmente en Estados Unidos, se disemina en millones de envíos para millones de hogares hondureños distribuidos a lo ancho y largo del país con acentos en las zonas urbanas principales y en el departamento de Atlántida. Es importante además resaltar que se estima que las remesas podrían representar hasta el 41% de los ingresos de las familias receptoras en zonas rurales del país. Por ello estas transferencias pueden considerarse que se han convertido desde hace ya un buen tiempo, en uno de los mecanismos más efectivos para al menos paliar la pobreza, ya que financian gastos básicos para el bienestar como ser la alimentación, salud y educación de los hogares receptores.
Pese a los beneficios que esto está generando, en lo que hay que insistir es que detrás de cada remesa existió una historia personal de desesperación frente a las condiciones del país que no les facilitó una buena oportunidad de trabajo, ni de seguridad, ni de esperanza. Con la migración quedaron atrás, en la mayoría de los casos, familias desmembradas por la falta de alguien que tuvo que emprender el camino hacia el norte, así como comunidades con poca gente para trabajar y producir en las actividades diarias y necesarias de la economía local. Esas carencias marcan la vida de las personas y de las comunidades; difícilmente pueden ser sustituidas por otros mecanismos. Esto sale generalmente del cálculo que se hace para determinar el beneficio de las remesas.
En cambio, se escucha muy seguido entre los funcionarios del gobierno y los capitanes de la banca que, con datos fríos, resaltan la liquidez del sistema financiero y la estabilidad cambiaria, entre otras cosas, resultado de las remesas, encubriendo la tragedia nacional que generó eso. Por ello, hay que repetirlo para no olvidarlo: lo que estamos presenciando es una manifestación engañosa de un país que no ha logrado corregir su rumbo para crear condiciones para que la migración deje de ser un acto de desesperación y de huida.
Por el momento lo que corresponde es proteger a los que envían y a los que reciben las remesas. Es ampliamente conocido que abundan los intermediarios formales e informales que aprovechan la urgencia y la falta de información para extraer ganancias extraordinarias de las remesas. Por ello, los operadores financieros locales del país, con mayor arraigo e identificación con las necesidades de las comunidades que la banca tradicional, deben ser protagonistas en la provisión de servicios ligados a la recepción y uso prudente de las remesas. La política pública debe desarrollar esfuerzos articulados a nivel local y nacional, desde la escuela, los colegios y universidades para orientar sobre el uso adecuado de estos recursos, resaltando la necesidad de su orientación para el gasto en las carencias fundamentales de los hogares y despertando el interés por usos productivos de las mismas. La política exterior debe cubrir grandes brechas procurando también proveer de documentos de identificación reconocidos que faciliten el acceso a servicios financieros por parte de los migrantes hondureños.