Rodolfo Dumas Castillo
Recientemente comentábamos sobre la urgencia que existe en Honduras de impulsar un proceso eficaz de simplificación administrativa, agilización de trámites y eliminación de requisitos que lo único que logran es encarecer las peticiones ciudadanas y aumentar la insatisfacción con la administración pública. También señalábamos que al avanzarse en esa materia simultáneamente se combatiría la corrupción porque es precisamente en la enorme discrecionalidad de los funcionarios y en los requisitos excesivos donde muchas veces se presentan las mayores oportunidades de sustraer recursos del público de manera ilícita. Una forma de lograr esa simplificación y de obtener eficiencia administrativa es mediante alianzas con el sector privado, sin que ello implique que el Estado renuncia a su preeminencia gubernativa o a la administración de los procesos, recursos, registros o controles públicos.
Un ejemplo de esto es lo hecho recientemente por la municipalidad de San Pedro Sula que suscribió un acuerdo con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para ampliar los servicios prestados en el Portal Empresarial CCIC, para atender una diversidad de trámites y apoyar a quienes invierten en esa ciudad. La municipalidad efectivamente seguirá controlando todos los requisitos, formalidades y la eventual resolución de las gestiones, pero ahora con el apoyo de una entidad que ha demostrado como mejorar la eficacia del servicio público mediante la cooperación. Otro ejemplo exitoso de ese tipo de colaboración se materializó hace algún tiempo con el Registro Mercantil, que en el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula funciona en los centros asociados de sus respectivas cámaras de comercio. Quienes tuvimos la desdicha de hacer gestiones antes de contar con esa alternativa conocemos muy bien el gigantesco salto de calidad que se logró con esas alianzas. Anteriormente los documentos y actos mercantiles tardaban semanas o meses en inscribirse, eran sometidos a interminables y abusivas dilaciones, mientras que ahora se resuelven en pocos días en beneficio de los usuarios.
Ese mismo mecanismo también podría implementarse con el Registro de la Propiedad Inmueble. Cualquier persona que hace gestiones de ese tipo entiende lo tardado y frustrante que resulta inscribir un traspaso de dominio o cualquier otro acto en esas sedes registrales, especialmente en las ciudades con mayor volumen de actividad comercial. Esta situación genera atrasos, perjuicios, gastos superfluos, obstaculiza la actividad empresarial, se pierden oportunidades de inversión (que de por sí son escasas en nuestro país) y genera una sensación de inseguridad jurídica absolutamente inconveniente para los intereses de Honduras. Hace poco escuchamos a un empresario comentar en un programa radial que según sus informaciones apenas un 10% de la totalidad de tierras en Honduras gozan de un título válido inscrito en el Instituto de la Propiedad. Lógicamente esto no es nada nuevo, sino que viene ocurriendo aún antes de crearse el instituto.
Por eso nos parece oportuno aprovechar el impulso de una nueva administración para implementar este tipo de asociaciones que traerían enormes beneficios a ciudadanos, empresas, a la economía nacional y al mismo gobierno, motivando las inversiones al generar la certidumbre y celeridad que exigen este tipo de transacciones. Lógicamente habrá algunos aspectos, como titulación de tierras o labores catastrales, que no podrían incluirse dentro de ese tipo de convenio. Posiblemente no sea necesario hacerlo a nivel nacional pues existen oficinas que no lo requieren. Lo importante sería iniciar pronto y donde exista disposición para modernizar, agilizar y ordenar un sistema deficiente y que definitivamente no responde a las necesidades del país. Los recursos materiales, humanos y financieros que se liberen por estas alianzas, podría utilizarlos el Instituto de la Propiedad para desarrollar procesos de ordenamiento territorial y titulación, evitando que el desorden siga aprovechándose por grupos criminales para hacer negocios malsanos en perjuicio de la economía nacional.