Héctor A. Martínez (Sociólogo)
El régimen de Seguridad Social en Honduras, como en casi todo el Tercer Mundo, es injusto, atropellador, promueve la desigualdad, y está destinado a desaparecer a menos que alguna vez nos llegaran a gobernar políticos y empresarios con mentalidad moderna, es decir, no sabemos cuándo será eso.
En nuestro país, ese sistema tiene problemas de eficiencia y de eficacia. Los servicios son tan malos, que casi nunca hay medicamentos en existencia -esto sin contar las afrentas que sufre la gente en las consabidas colas tercermundistas-. En segundo lugar, la pensión a los jubilados es un insulto a la dignidad porque apenas cubre las necesidades básicas de los que se han deslomado toda una vida contribuyendo a generar la riqueza nacional (Marx dixit). Y no las cubre porque las aportaciones no generan intereses como en un sistema privado donde las cuentas son individuales y no colectivas como en el IHSS. Tres: el sistema se nutre de un abultado aparato burocrático, no solo de personal médico, sino también administrativo y sindical que, como en toda institución estatal, son los amos y señores de la organización y los que se “chupan” la mayor parte del presupuesto asignado.
¿Por qué, a pesar de su incapacidad para sostenerse, ese adefesio institucional es defendido a ultranza por los amantes del estatismo y la burocracias y nadie dice “esta jeta es mía”? Por varias razones, entre ellas la ideológica; en segundo lugar, por cuestiones de poder y, tercero, a causa de la ignorancia. Ideológicamente hablando, el Estado se arroga el derecho de monopolizar la protección social en nombre de los “pobres” trabajadores. No es una idea catracha sino alemana y gringa. La instituyeron hombres con justificadas razones en sus tiempos: Otto von Bismark en 1889 y Franklin D. Roosevelt en 1931. Nosotros la heredamos hasta en los 60 con Ramón Villeda Morales, creyendo que se trataba de buena cosa: comenzaba la era de la industrialización y, según los políticos de entonces, había que ofrecer seguridad social a ese ejército naciente de trabajadores. Desde luego que, con el crecimiento industrial y poblacional, el Estado mira la oportunidad de sacar impuestos, mientras los empresarios se pusieron muy contentos de que no se instituyera un Sistema Privado de Seguridad Social porque, de otro modo, hubiesen tenido que hacerse cargo del asunto. Financieramente hablando, sale más barato aportar una bagatela para legitimar ante la OIT que existen garantías saludables para los trabajadores, que dotar a cada empleado de un servicio privado de salud y pensión por jubilación.
Como pocos saben, el sistema no tienen la capacidad de autofinanciarse, por lo que, normalmente se cubren las pérdidas con inyecciones del Estado que salen, desde luego, por la vía de los impuestos o por empréstitos, lo que da como resultado el acrecentamiento de la deuda pública. O se rompen los techos. Entonces, si los servicios de la Seguridad Social son tan de pésima calidad ¿por qué no se busca una alternativa privada? No se privatizan o tercerizan porque los políticos profesionales y los sindicatos ven en ese tema la oportunidad de oro para ganar votos y defender su “statu quo” bajo la justificación de la inaccesibilidad para los pobres, aunque en el fondo saben muy bien que la mayor parte de los derechohabientes siempre buscan los servicios privados de salud.
“Pero -dirán muchos-, en casi toda Europa funciona la Seguridad Social pública y es bastante eficiente ¿qué mejor prueba queremos?”. Desde luego que sí, y así nos gustaría que fuera en Honduras, solo que aquel sistema público funciona de maravilla con los altos impuestos deducibles de los altos salarios percibidos por los empleados. En otros países con políticos y empresarios más inteligentes, el Estado ha preferido adoptar un régimen privado de aportaciones que convive con el sistema tradicional que todos conocemos. Luego cada trabajador decide afiliarse al plan más conveniente, según sus posibilidades.
Si echamos mano de la lógica, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este tormento eterno que es la Seguridad Social pública?