Por: Mario E. Fumero
En medio de una amenaza natural, originada por el cambio climático, lo cual presagia que en los próximos meses se desatara una hambruna mundial, es necesario que en este país nos enfrentamos a una realidad política muy desalentadora, la cual tiende a complicar más el panorama nacional, me refiero a una lucha de poderes entre el gobierno y los poderes económicos de las empresas, lo cual ha convertido el Congreso de la nación en un campo de batalla política.
El poder gobernante usa contra los grandes poderes económicos el argumento de las desigualdades sociales, muy comunes en todos los países latinoamericanos. Mientras que los poderes económicos de las grandes empresas defienden sus concesiones y ganancias, alegando que ellos son los que crean los empleos y sostienen la burocracia del Estado.
No niego que el Estado depende de la empresa privada, los cuales nutren con los impuestos de los empresarios y sus trabajadores las arcas del Estado para sostener su burocracia y buscar el bien común. También es verdad que el Estado no produce nada, sino que debe velar por la estabilidad y la salud del pueblo, haciendo que la abundancia de unos supla la necesidad de otros como dice 2 Corintios 8:14. Pero la realidad es otra. El Estado se ha convertido en una inmensa burocracia que absorbe más del 90% del presupuesto nacional en sostener una burocracia que tristemente solo beneficia al pueblo, y solo sirve para darle puesto de trabajo a los activistas, y como consecuencia de los compromisos político de todos los partidos en el poder, el Estado tiene que crear, inventar o fabricar puesto de trabajo para cubrir la demanda de sus seguidores, no queda más remedio que inventar instituciones.
Para evitar que este enfrentamiento nos lleve al caos, es necesario que cada uno haga su parte. Por un lado, es hora que las empresas y los poderes económicos comiencen a compartir sus ganancias a través de los impuestos, para beneficiar a los más pobres, y si fuera posible, compartir algo de sus utilidades entre su fuerza productiva. Por otro lado, el Estado debe ponerse a dieta, o sea reducir su nómina salarial de aquellos burócratas que ganan 20 veces el más el salario mínimo, y reducir los empleados no productivo, y quizás crear empresas productivas, haciendo ajustes para lograr que pueda rebajar de su presupuesto, la alta masa salarial que le absorbe la mayoría de sus ingresos.
Personalmente creo que ninguna institución de servicio social, incluyendo al Estado, debe invertir más del 60% de sus ingresos en el sostenimiento del personal, y poder usar el otro 40% o más para atender las necesidades de la población más pobre en el área de la salud, la educación y los servicios públicos. Si hacemos esto estaremos desarrollando una política de justicia social.
La situación que estamos viviendo, a nivel mundial, nos impone hacer cambio en nuestro estilo de vida, y no seguir “cada uno buscando lo suyo propio”, como dice el Apóstol Pablo en Filipenses 2:4, sino pensar en los otros, en los que no tienen nada, y se mueren de hambre, siendo este el principio básico de la doctrina cristiana.
Los empresarios deben ayudar más al obrero, y pagar correctamente sus impuestos, pero el gobierno debe ponerse a dieta, reducir los altos salarios de los grandes funcionarios, y disminuir la burocracia, adoptando políticas coherente con la realidad social, para ayudar a los que menos tienen, y así poder mantener un equilibrio social, evitando la lucha entre el Estado y la empresa privada que sostienen al Estado, en momentos críticos como los que vivimos, pues lo contrario nos llevará a todos a una bancarrota. Así que, el que tenga oídos para oír, que oiga, o en este caso, el que lea este artículo, entienda que, si no adoptamos una conducta coherente, el futuro será sombrío.
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