Por: Carlos Medrano*
Yo creo que en Honduras nadie se opone a que se revisen los procesos de exoneraciones en el país, ya que es justo que todos paguen lo que corresponda, eliminar la corrupción alrededor del otorgamiento de esta figura y que este proceso sea transparente y sin privilegios.
Sería ridículo oponerse a que este tipo de beneficios sean examinados y auditados de manera rigurosa, a fin de que ningún grupo empresarial debe tener ventajas y que esté abusando de estas prebendas tributarias, ya que muy mal harían estos empresarios en perjuicio del pueblo.
Hemos escuchado a los principales directivos del Cohep decir que bajo ningún punto de vista ellos avalan actos de corrupción que se den alrededor de las exoneraciones, por lo que aplaudimos esta posición gremial que a todas luces es correcta y contundente.
Revisar las exoneraciones es un tema, pero derogar la mayoría de todas estas herramientas ya establecidas en nuestro estamento legal nos parece un exceso que tarde o temprano tendrá repercusiones negativas para el Estado de derecho, el riesgo país, el clima de negocios y en fin la estabilidad política, económica y social en Honduras.
Una atrevida propuesta como la que está planteando el gobierno que transformaría profundamente la legislación, operatividad y funcionamiento de los regímenes de exoneraciones, requiere de un proceso más debatido, concertado y acordado entre todas las partes involucradas, de lo contrario su efecto podría ser adverso.
Lo que sí quiero apuntar en este escrito es que las exoneraciones son indispensables para que nuestras empresas compitan en el arriesgado mundo en el que nos toca rivalizar, ya que Honduras desde hace tiempos dejó de ser competitiva, todo por el mal manejo del gobierno que los políticos de turno han gerenciado en este país.
Inescrupulosos e irresponsables populistas que han regalado el dinero que no es de ellos, han derrochado dinero en bonos, han despilfarrado recursos en programas para reducir la pobreza, pero la única pobreza que bajaron fue la de ellos, pues los indicadores señalan que los hondureños son más menesterosos que hace 30 ó 40 años.
Por ejemplo, estos políticos gobernantes del pasado, aumentaron los salarios y beneficios sociales que nos ha convertido en uno de los países con más altos salarios mínimos, sacándonos de mercado en comparación a otros países centroamericanos.
Honduras tiene el segundo salario mínimo más alto de la región centroamericana con 490.3 dólares, solo superado por Costa Rica que llega a los 520.3 dólares; mientras Guatemala tiene un salario mínimo promedio de 359.5 dólares, $ 360.0 en El Salvador y $ 173.8 en Nicaragua.
Los salarios en países asiáticos son altamente competitivos, lo que atrae a cualquier inversionista, principalmente en la industria de la maquila.
Pero agregado a este tema salarial, las empresas hoy sufren los embates de la inseguridad, malos sistemas de salud que repercuten en índices de producción, pésima educación pública, entre otras dificultades, lo que evidentemente pone en desventaja a la industria y empresas nacionales.
Si Honduras no le otorga ventajas a las empresas que compiten y exportan, estaremos condenando al país a la más extrema pobreza, a ser importadores por excelencia, a tener una vida miserable en el campo y a que nuestro pueblo no tenga alternativa más que extender la mano implorando ayuda de los gobiernos de turno.
*Periodista
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