Por: Óscar Armando Valladares
Quienes defienden la ley que dio origen a las “zonas de empleo y desarrollo”, ¿habrán leído su articulado con el interés patriótico que debe asumir todo hondureño? De haberlo hecho, ¿tomaron conciencia de sus fines y alcances? ¿De la responsabilidad que contrajeron sus proponentes -Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández-, los diputados que la aprobaron, los magistrados que la permitieron y las entidades empresariales que mostraron su anuencia?
Resulta, en verdad, increíble e inadmisible que su lectura no encorajine ni no evidencie que sus auspiciadores quisieron dividir en retazos el país y atentaron contra el Estado, el cual -con el nombre de Honduras- erigieron nuestros mayores y, mal que bien, integra la comunidad de “naciones libres” tanto del continente americano como del globo terráqueo.
Por ende, ¿qué tribunal internacional podría poner en entredicho principios fundamentales -integridad territorial, independencia y soberanía, existencia estatal con derechos propios y poderes indelegables, entre otros-, si no es incurriendo en graves faltas a la justicia y la ética? El hecho de que una autoridad momentánea, movida por intereses económicos extranjeros, haya extralimitado sus funciones en notorio vejamen a la patria, no da sustento ni siquiera jurídico para que inversionistas pretendan instalar, en tierras ocupadas -sabrá Dios a qué precio- una suerte de Estado propio y un gobierno autónomo que, bajo el nombre de Próspera busca ensanchar en el país su hegemonía y, de serle dable, emular lo acontecido en Hawái, donde un proceso de apropiación de suelos -sumado a otros factores- ocasionó que aquel territorio insular asiático pasase al dominio de EEUU, como “su” Estado 51.
A fin de que el lector no vea en estas apreciaciones un criterio desmedido, aunque sí un celo patriótico, veamos lo que la letra de la ley de las ZEDE ofrece con largueza, en menosprecio del pueblo y sus instituciones. Previamente, el Congreso tuvo que reformar los artículos constitucionales 294, 303 y 329, con afectación: del régimen municipal, de la independencia del Poder Judicial y del régimen económico nacional.
Modificados estos pétreos elementos, los dueños de las zonas (ZEDE) exigen, lo que la ley o sin ella no podrían tener en sus estados: desarrollar centros financieros nacionales y extranjeros, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas sujetas a un sistema jurídico especial, zonas agroindustriales y turísticas especiales, zonas mineras y forestales sociales o cualquier otro régimen especial. Gozar de autonomía funcional y administrativa, lo que incluye las funciones y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios. Contar con tribunales autónomos e independientes ejercidos por jueces y magistrados nacionales o extranjeros y que los actos que se celebren o emitan dentro de ellas tengan plena vigencia en el resto del país y en el extranjero. Disponer de un régimen fiscal especial, crear su propio presupuesto, recaudar y administrar sus tributos, determinar las tasas por los servicios que presten.
Estas y otras prerrogativas leoninas, las hacen depender de una estructura administrativa propia, con tres poderes equivalentes y paralelos a los del Estado hondureño: un legislativo, al que denominan Comité para la adopción de mejores prácticas; un ejecutivo, que recibe el nombre de secretario técnico; un Poder Judicial, con tribunales autónomos, independientes y libres de toda interferencia.
Del recorrido hecho por la ley en cuestión, sopésese a conciencia dos puntos resaltantes: que la emisión de la misma (aunque ya fue derogada en 2022) implicó un caso mayúsculo de traición a la patria y denota, además, la pretensión de establecer por años un Estado feudal en la entraña del Estado oficial, cuyo único e invariable soberano es el pueblo hondureño.
La multimillonaria demanda “por daños”, interpuesta por Próspera, no podrá prosperar merced a que ningún Estado puede ser vencido en juicio por defender su existencia y su soberanía -en un todo indivisible-, ni ser suplantado su carácter de persona de Derecho Internacional, por un conglomerado empresarial que desde 2013 explota extensas fajas de tierra en las que injustamente pretende ejercer funciones reservadas al Estado original en que nacimos y vivimos, al Estado de Honduras.