Por: Juan Ramón Martínez
El inicio del gobierno de Rafael Callejas estuvo marcado por la escasez de combustibles, provocada por limitación de dólares para importarlos. Callejas, instruyó a sus ministros para que animaran la incomodidad popular, celebraran el tamaño de las colas en las gasolineras; y, comprendieran la reacción popular ante las quejas por los precios, y la falta de gasolinas. Era evidente que aprovechó el problema dejado por el anterior gobierno, agrandándolo; resaltando su capacidad para resolverlo. Con lo que al final, consiguió salir en caballo blanco cuando normalizó los combustibles, devaluó la moneda y obtuvo el calificativo de competente administrador. Además de inteligente, cercano y comprensivo, carecía de capacidad para odiar a grupos o sectores de interés. No echaba la culpa de los problemas a Azcona -del cual había sido su aliado en el Congreso Nacional- y más bien, quería que el electorado tuviera la conciencia que al frente del Ejecutivo estaba un hombre que dirigía un equipo humano dispuesto a dar resultados. No solo militantes nacionalistas, sino que, además, miembros del PL y la DC que creían en el proyecto de cambio.
Algo similar está haciendo Xiomara Castro con el tema de las invasiones agrarias. Durante un año, ha visto para otro lado; y, más bien, varios de los titulares del gobierno -incluidos los ejecutivos del INA-, han animado estas invasiones que se han explicado en forma de luchas entre campesinos, desempleados contra campesinos; y grupos que no son campesinos siquiera, sino que seguidores del partido en el poder, enormemente politizados, o desocupados que afectan intereses de ocupantes de tierra de poco tiempo de trabajo sobre las mismas. Cuando ya los afectados estaban por levantar el grito al cielo, Castro ha retomado el asunto; y ofrecido resolverlo. En una trampa que, ninguno de los actores podrá ignorar. El objetivo no es dar seguridad jurídica, sacar a los invasores de las tierras ilegalmente ocupadas y usar, en algunos casos las tierras que fueron quitadas a los narcotraficantes para que los campesinos las trabajen, sin garantía alguna que lo harán. O que, haciéndolo, no venderán sus tierras a los grandes propietarios. Y ni siquiera que convertirán a las parcelas en unidades comerciales que den bienestar a sus productores, empleo a sus descendientes; y que, dejando de ser campesinos, incursionen como empresarios capitalistas en la producción, no solo en la agricultura y la ganadería, sino que en la creación de industrias para dándoles valor agregado, puedan permitirle comercializar internamente y competir con los mercados internacionales. Los militares ejecutaron este juego en que, pusieron a los poseedores de tierras en la incómoda posición de probar la legitimidad de sus bienes y a los sin tierra para que, las ocuparan amparados en una temporalidad que les garantizaba el decreto 8. De modo que no es nuevo el juego que presenta el gobierno “refundacional”.
No cabe duda que en términos teóricos la Reforma Agraria es necesaria para reordenar las tierras en función de su vocación, buscando los mayores beneficios para sus titulares, animando nuevas inversiones y creando empleos que al final, deriven hacia el paso del campesinado subordinado y precario, a un empresariado que pueda en determinados momentos, entrar en la industrialización. Por supuesto este concepto no es bueno para Xiomara Castro, ganadera que, no lo entiende; y, menos para Francisco Rodríguez y Rafael Alegría que por experiencia, saben que, tal cambio les quitará campesinos, perderán el discurso, no tendrán auditorio, empleados y seguidores.
Hace falta reorientar al sector campesino para que, se diversifique creando empresas relacionadas que vayan desde la creación de unidades derivadas, amplíen la cadena de suministros; y puedan montar sistemas de movilización de los bienes producidos con miras al consumo directo o la exportación. Dentro de esto, deben crearse bancos agrarios, agencias de asistencia técnica -con los hijos de los cooperativitas que hayan estudiado- y empresas de comercialización manejadas por las personas más hábiles en las negociaciones internacionales. Con relevos generacionales.
Por supuesto, hay que derogar la Ley de Modernización Agrícola, sustituyéndola por otra que anime al campesino para avanzar hacia una subclase de la burguesía nacional que dirija al país. Porque Honduras no puede seguir manteniendo un campesinado empobrecido; o una sociedad viviendo dentro de una estrategia de desarrollo basado en la agricultura de los pobres. Es necesario ir, hacia un capitalismo moderno.