Noé Pineda Portillo
La Constitución política que es la Carta Magna que nos rige, al hablar de la organización del Estado, nos dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia. La libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.
La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes suman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho de recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
Aunque en la práctica, algunos de estos postulados han sido violados, no han sido rescatados por la población civil. La República de Honduras se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos complementarios e independientes entre sí. El Poder Ejecutivo es el encargado de la administración pública.
A nivel departamental, el Gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en su jurisdicción. Es quien planea y ejecuta las políticas que el gobierno departamental adopta en las distintas áreas de la vida de cada departamento.
El Gobernador Departamental en Honduras, según la ley, es un segmento de la administración pública, nombrado por libre voluntad y remoción del Poder Ejecutivo. En caso de ausencia mayor de cinco días, lo sustituirá el alcalde de la cabecera departamental.
Ahora bien, la crítica que se hace a este funcionario, es que no sirve para nada, en la vida real, sería mejor que lo eligieran ya sea por los mismos alcaldes o la población en general, para que haga obras a favor de la población y se dé a conocer y no como está actualmente que nadie lo conoce, se conocen más los alcaldes que los tales gobernadores.
Hace falta una reforma legal, de cómo debe haber gobernador departamental, para darle mayor dinamismo y democratizar en mejor forma la administración pública, quien llegue a ser un buen gobernador, puede ser un buen presidente constitucional.