Por: Oscar Estrada
En los últimos días hemos sido testigos de las imágenes de la operación carcelaria que ejecuta el gobierno junto con la PMOP, que recuerdan a la estrategia del presidente Bukele en su plan de control territorial. Aunque estas medidas son muy populares y brindan un respiro a las semanas de crisis en la imagen del gobierno de Honduras, es importante destacar los riesgos de depender exclusivamente de este tipo de acciones sin buscar soluciones más sostenibles a la problemática.
La doctrina establece que los derechos humanos son inherentes a todos los individuos, sin importar su raza, color, género, origen nacional o social, religión, orientación sexual, posición política u otra condición. Son derechos universales, indivisibles, interdependientes e inalienables. Nos pertenecen a todos y nadie puede arrebatárnoslos, ya que se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona.
Solo el Estado tiene la capacidad de violar los DDHH, ya que es su obligación garantizarlos. Cuando un pandillero comete actos criminales como asesinato, robo o violación, no le está arrebatando los DDHH a la víctima, sino que le está negando el derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad. Sin embargo, cuando el Estado no investiga estos crímenes y no administra justicia, está violando los DDHH del ciudadano, ya que es su responsabilidad investigar los delitos y garantizar el derecho de todos a vivir en paz. Es un falso dilema de las autoridades diferenciar entre DDHH de los ciudadanos “buenos” y “malos”. Si el crimen ha crecido y la impunidad impera, ha sido culpa de quienes nos han gobernado, al no haber hecho las acciones necesarias para implementar justicia en todo el territorio nacional.
Los DDHH son universales e inherentes a todas las personas, independientemente de sus acciones o comportamientos. Al restringir los derechos de un individuo, como se ha hecho en El Salvador, al violar el derecho al debido proceso (nadie es culpable de un delito hasta que se le venza en un juicio), el Estado está sentando un precedente peligroso. Los funcionarios que administran el Estado reconocen que los DDHH pueden ser violados bajo ciertas circunstancias. Esto crea un ambiente en el que los derechos de todos los ciudadanos están constantemente en riesgo, ya que las restricciones a los derechos pueden ampliarse a otros grupos en el futuro.
Si otorgamos al Estado la autoridad para privar a los delincuentes de sus derechos sin garantizar un proceso justo, abrimos la puerta a posibles abusos. El Estado, sin un control sobre su poder, tiende siempre a abusar de él. Esto debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y pone en peligro el Estado de derecho.
Los DDHH se basan en el principio de la dignidad inherente de cada ser humano. Incluso cuando alguien ha cometido un delito, sigue siendo un ser humano. Restringir sus DDHH erosiona su dignidad y, por extensión, afecta la noción de dignidad humana en la sociedad en su conjunto. Al permitir que el Estado trate a los delincuentes como seres humanos desprovistos de DDHH, se crea un ambiente en el que se puede justificar la violación de los derechos de cualquier persona, incluyendo a aquellos que actualmente no son considerados criminales.
¿Quién nos garantiza que, una vez abierta la puerta a la violación de los DDHH por parte del Estado a aquellos que hoy despreciamos como criminales, no nos convirtamos luego nosotros en blanco de ese mismo monstruo que hemos liberado? Puede que estemos convencidos de que no somos criminales, que nuestras vidas profesionales y ciudadanas son prueba de ello, pero pregúntele a los exiliados nicaragüenses, a aquellos que fueron presos políticos: ¿qué crimen cometieron?
El objetivo final del sistema carcelario es la reintegración social. La privación de DDHH de los internos puede obstaculizar esta reintegración. Si se les niegan oportunidades educativas, laborales, de vivienda y acceso a servicios básicos, es más probable que se vean involucrados nuevamente en actividades delictivas. Esto no solo afecta a los delincuentes, sino también a toda la sociedad, ya que una reintegración exitosa puede reducir la tasa de reincidencia y promover la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
Cuando el Estado restringe los DDHH y los ciudadanos lo permitimos, corremos el riesgo de perder nuestros propios DDHH. Al socavar los principios universales, debilitamos el Estado de derecho, afectamos la dignidad humana y obstaculizamos la reintegración social. Es fundamental, por el bien de todos, que cualquier restricción a los derechos de los delincuentes se realice siempre respetando sus DDHH.