Por: Ángela Marieta Sosa*
Honduras en la lista de los países centroamericanos con más casos resueltos desfavorablemente por la CIDH, solo detrás de Guatemala que recibió 54 fallos, y así como estamos hoy el país se va a coronar como el primer lugar en violaciones sistemáticas de DH, tome nota, a la fecha la CIDH emitió contra Honduras 26 sentencias por violaciones a los derechos humanos, además tramita otros cinco casos más y han sido decretadas 22 medidas provisionales.
Después de la condena recibida por la CIDH en el caso Pacheco Teruel y otros en el 2012 contra Honduras, con motivo de un incendio ocurrido el 17 de mayo del 2004 en un Centro Penal en San Pedro Sula, la de “Támara” sería otra de las más importantes y sentidas condenas al Estado hondureño.
Ante la inseguridad social, económica y ciudadana en la que hoy se encuentra sumergida la hondureñidad, que cada gobierno asuma la parte que le toca, por las graves violaciones al derecho a la vida de la ciudadanía, esté privada de libertad o no; y si usted no lo cree, solo revise y verifique estos datos históricos de muertes en cárceles hondureñas: desde el 12 de noviembre del año 1991 hasta la fecha, han muerto más de mil personas privadas de libertad en diecinueve sucesos violentos en los diferentes centros de privación de libertad, en donde los reos mayoritariamente están en condición de proceso inconcluso (es decir sin sentencia), entre esos terribles escenarios de falta de garantía a la vida humana, se resaltan las 69 muertes en la Granja Penal de El Porvenir en el año 2003, los 107 prisioneros en el Presidio de San Pedro Sula en el año 2004, 360 muertos en la Granja Penal de Comayagua en el año 2012; y ahora el 20 de junio de este año 2023 por primera vez mueren 46 mujeres privadas de libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Támara Francisco Morazán.
Como si no ha sido suficiente, la violencia contra la mujer en Honduras dejó entre 2022 y lo que va de 2023 un total de 384 mujeres muertas, divulgó un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el informe también reveló que el 77,6 por ciento de las víctimas murieron por arma de fuego y el 41,4 por ciento de las muertes violentas ocurrieron en la vía pública. Del total de muertes de mujeres, 306 se registraron en 2022 y 78 entre enero y el 6 de marzo de 2023; a esto súmele las mujeres asesinadas en la cárcel de Támara del 20 de junio a la fecha.
Dados los hechos debemos reflexionar sobre si existen factores característicos del actual gobierno que potencializan la criminalidad contra la mujer, ¿será que el aumento de femicidios y/o feminicidios se debe a que Honduras esta gobernada por una mujer?, ¿será que la mujer hondureña volverá a confiar su voto a otra mujer que se presente como presidenciable?; en Honduras seas privado de libertad o no, la vida del ser humano está en altísimo riesgo, y es lamentable la falta de madurez política para enfocar este problema con la lupa causal y estructural.
Las autoridades hondureñas responsabilizan a las maras o pandillas de lo sucedido en la cárcel de mujeres, sin embargo, no debemos olvidar que estos jóvenes son víctimas de un sistema que históricamente les ha excluido, sumergidos en la pobreza, falta de oportunidades y ocupaciones productivas no tienen más alternativa, es ahí donde la prevención socioeconómica juega un rol importante.
Si bien es cierto el Poder Ejecutivo y el Judicial sobre todo, están tomando medidas, estas son reactivas, aludiendo al conocido dicho de nuestras abuelas “Hasta después del trueno Jesús María”, ¿qué están haciendo para prevenir este tipo de atrocidades?, las medidas bukelianas son una buena implementación, sobre todo si se trata de causar impacto mediático para generar en el imaginario social una leve sensación de una paz que no existe, pero el problema es que si esto no está en el marco de un plan estratégico preventivo en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, solo será una técnica de apagafuegos, que más temprano que tarde seguirá quemando a la desgraciada hondureñidad.
*Especialista en derechos humanos.