Rafael Delgado
La masacre ocurrida en el centro penal de mujeres de Támara ha conmovido al país entero. Lo revelado por las imágenes transmitidas, así como los testimonios verbales que se escucharon de testigos, dibujan un enfrentamiento cruel y sangriento al interior del recinto penitenciario. Fueron seres humanos, algunas pertenecientes a maras, muchas sin condena judicial, muchas de ellas madres que dejan hijos pequeños, otras víctimas inocentes de un enfrentamiento entre grupos criminales a las que no pertenecían. En fin, una tragedia que enluta a las más humildes y vulnerables familias del país, que muestra lo inseguro que es el país y en especial lo contaminado por el delito en que se encuentran las cárceles hondureñas.
La historia del manejo de las cárceles de Honduras es ya muy conocida. Son varias las masacres que han ocurrido a lo largo de los últimos años y que han demostrado lo absurdo que ocurre al interior de esos recintos. También se sabe, precisamente porque se repiten los actos de violencia con recurrencia, que son nulos los resultados que se han obtenido para mejorar las condiciones de esos recintos. Como toda guerra, esta masacre no cayó por sorpresa, sino que vino anunciada por innumerables acontecimientos que las autoridades conocen a la perfección en su evolución: acumulación de armas de todo tipo, mejoramiento de la comunicación por celulares, mayor tráfico de drogas, debilitamiento de la autoridad carcelaria y el fortalecimiento de las estructuras criminales que imponen sus reglas al interior del penal. Pero ello no alertó lo suficiente, ni generó mecanismos efectivos para evitar la tragedia.
Como todo evento que deja profundas huellas en el país, se espera que esta vez la lección se haya aprendido y que el Estado de Honduras asuma el reto de mejorar las condiciones de seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles del país. No podremos mejorar en primer lugar si las autoridades que manejan las cárceles del país son corruptas o caen fácilmente presas de las estructuras del crimen que encuentran operando en los centros penales. Debe ser una institución civil, profesional, fortalecida y blindada de toda injerencia del crimen organizado la que maneje estos asuntos, sometidas solamente a obedecer y a cumplir con su mandato y las leyes. Por ello, el esfuerzo debe estar dirigido al fortalecimiento tanto de la estructura, presupuesto y personal de la institución a la que se le encomendará el manejo de las cárceles. El que piense que está resuelto el problema entregándole las cárceles a la Policía Militar del Orden Público caerá en la ingenuidad ya que no solamente no garantiza la solución del problema, ya tuvieron en sus manos los centros penales, sino que concede facultades adicionales que no le corresponden al ente militar.
Parte de la fórmula corresponde al Poder Judicial que debe reducir esa inmensa mora judicial que alarga los juicios y que contribuye al aumento en la población penitenciaria. Las cifras espantan cuando se muestra que de cada 10 mujeres privadas de libertad, 7 no han sido condenadas. La ineptitud deliberada a la que se enfrentan los acusados es fatal ya que además que prolonga los procesos judiciales, incentiva la corrupción y la colusión con el crimen. Dentro de estos desajustados mecanismos judiciales se sabe de sobra que castigan con mayor fortaleza a los que menos recursos tienen para enfrentar tantos pasos, alargados períodos y obligados pagos debajo de la mesa.
Poco o nada se habrá hecho, si el ambiente donde mejor prolifera el delito no se ataca. Ya se sabe que la pobreza, la exclusión, corrupción y una percepción generalizada de desesperanza crean las condiciones para que el delito prospere. Además, con cada decisión en abierta violación a las leyes que desde los circuitos del poder político y de los negocios se cometan, suman a ese ambiente donde las maras y el narcotráfico prosperan. De allí, que la tarea de crear un país sin violencia es integral y la militarización de las cárceles, así como los estados de excepción a lo sumo demuestran que el problema se ha salido de las manos a los que gobiernan.