Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
El Artículo 232 constitucional señala que el MP “es un organismo profesional, especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectaria”. Además se señala una de sus características principales, como lo es el monopolio de la acción penal pública, que comparte en algunos asuntos con la Procuraduría General de la República aparte de las acciones que correspondan en su caso a los particulares o sea, a los ciudadanos. El siguiente artículo 233 establece que la titularidad del MP le corresponde a un Fiscal General y a un Fiscal General Adjunto electos por el CN por 5 años con una mayoría calificada de 86 votos de los diputados de una nómina de 5 enviados por la Junta Proponente creada al efecto.
El enunciado de dichos artículos constitucionales representan en nuestra realidad, una aspiración de la sociedad hondureña ya que en términos concretos, el MP desde su creación ha sido utilizado por los que ostentan el poder como un instrumento más político que jurídico, desdibujando así la excelsa finalidad para la cual fue creado. En mayor o menor medida su función más primordial que es la de proteger los intereses sociales con autonomía y representarla en la persecución de los delitos que le afectan, en particular los delitos de alto impacto en materia de corrupción, abuso de poder, narcotráfico, lavado de activos y otros, ha sido soslayada y minimizada por la manipulación política, no sólo de la Junta Proponente y sus miembros sino que también de la decisión final tomada en el Poder Legislativo, órgano político por excelencia que en la actualidad, ha llevado a las 3 bancadas mayoritarias a una negociación o repartición funesta no sólo del Poder Judicial sino que también de este organismo más allá de sus límites constitucionales.
Si consideramos la debilidad institucional que predomina en el país de siempre, el desmontaje calculado y perverso que por 12 años de administración del Partido Nacional hubo del Estado de Derecho y el insaciable, ilegal e inconstitucional apetito de algunos políticos vernáculos de Libre, que irresponsablemente y sin consideración real por lo que es más beneficioso para la ciudadanía, pretenden instrumentalizar el que es quizás el último rescoldo existente de una Democracia hondureña, nos encontramos ante una decisión histórica en el Congreso que será el parteaguas de la nación que tendremos a partir de tan trascendental elección y que puede salvar aquello que todavía somos como Patria bajo el imperio de la Ley o hundirnos en los profundos abismos de la tiranía personal.
De ahí la importancia que conlleva elegir un Fiscal General y Adjunto que no sean los interlocutores políticos del partido de gobierno o los adláteres sumisos del coordinador general de Libre, de ahí la responsabilidad de los partidos de oposición que cuentan entre sus filas y bancadas a personajes responsables de actos reñidos con la Ley que han sido procesados en el pasado, que puedan ser procesados en el presente y futuro por su participación activa o complicidad con los delitos más graves en contra de la sociedad y del Estado y que se mantuvieron con un manto de impunidad, precisamente porque el Ejecutivo tenía los hilos conductores que hacían reaccionar o callarse a los otros Poderes del Estado y al mismo MP en el tristemente célebre Consejo de Seguridad Nacional que hace días debió ser transformado para evitar esa imposición y control ilegal de una sola persona.
Lastimosamente la tarea de la Junta Proponente, que de entrada fue manipulada, sino véase lo que ocurrió con el Colegio de Abogados por ejemplo, es contaminada por el mismo defecto, hay ahí personas que van con la consigna de asegurarle a los Zelaya que sus ungidos lleguen al listado final de 5 propuestos y el pregonado requisito que el o la persona electa no tenga vinculaciones político-sectarias, se aplica a aquellos que se quiere de antemano eliminar pero no se toma en cuenta cuando los favoritos del poder ya están encaminados en el proceso creado al efecto, sino ya hubiera sido eliminado Mario Urquía por ejemplo, reconocido dirigente político de Libre en SPS, miembro del cuadro cercano a Mel Zelaya, coordinador de la facción de ese partido en el CAH llamado Movimiento Reivindicador, al que coincidentemente también se le menciona cercano a la familia Rosenthal y acechado por haber sido Presidente de la Junta Nominadora que seleccionó a los magistrados de la CSJ. Alguien perspicaz diría que todas esas coincidencias no son una casualidad.
Pero lejos que ese criterio inconstitucional de la actividad política se le aplique a x pero no a y se de, hay también una responsabilidad histórica de las bancadas en el CN, hay que señalar que existen dos bancadas mayoritarias: la de Libre y la del PN que conjuntamente ajustarían los 86 votos y eso conlleva otro elemento, el de quienes harán la negociación en representación del PN manchado por sus vinculaciones al poder del narcotráfico y la impunidad, bancada con diputados hundidos en ese fango, al igual que algunos del PL que podrían condicionar la elección a la búsqueda de mantener la imposibilidad de ser procesados por sus delitos particulares, lo que conlleva a concluir que en la negociación cada quien buscará el resguardo de la misma institución que debe investigarlos y procesarlos y en ese momento, se perderá toda autonomía y fortaleza que pueda tener el MP.
Por eso es importante también la entrada de la Cicih en Honduras, pero eso, es harina de otro costal.
(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario. Político Liberal.