Fernando Berríos
Cuando leemos que el gobierno actual desea construir una cárcel en las paradisíacas Islas del Cisne, se nos eriza la piel y no precisamente de la emoción.
Los violentos, criminales, traficantes y violadores claro que merecen el peor de los castigos, pero más allá del lugar y la distancia, este pasa por eliminarles los privilegios y el acceso a armas, drogas, dinero y telecomunicaciones.
Esa idea de construir cárceles en lugares inhóspitos o en reservas naturales es cosa del pasado en el mundo. Los países trascendieron hacia métodos eficientes de seguridad y organización, capacitaron a su personal y trabajaron fuertemente en protocolos para la población penitenciaria que se cumplen al pie de la letra.
Tanto en El Pozo (Ilama) como en La Tolva (Morocelí) se construyeron cárceles de primer mundo, con infraestructuras idóneas para brindar castigos ejemplarizantes a los criminales.
A pesar de contar con esas costosas infraestructuras, la ingobernabilidad carcelaria siguió a la orden del día por la sencilla razón de que falló el recurso humano y no se cumplieron los protocolos de seguridad por la falta de una política de seguridad eficiente y coherente.
No se trata de llevar a los reos a las Islas del Cisne, ubicadas a más de 250 kilómetros de tierra firme, en el Caribe hondureño. Se trata de construir una estrategia integral que involucre a todos los actores del sistema carcelario.
El actual gobierno pareciera estar tan desorientado que ni siquiera se han dado cuenta que el riesgo de fuga es casi inexistente en Honduras. Una vez entran, muy pocos quieren irse porque ahí adentro, en ese submundo, hay comida gratis, Wifi, cigarrillos, alcohol y drogas.
Y hay muchas comodidades: Smart TV, altoparlantes, videojuegos, microondas, refrigeradores y aires acondicionados.
Entonces nos preguntamos: ¿para qué quiere el gobierno llevar a los reos a las Islas del Cisne?
Las respuestas son innumerables y van desde el interés genuino de dar un castigo ejemplar, para hacer un buen negocio en la costosa construcción, para evitar el tráfico de drogas, armas y dinero o para apaciguar las aguas después de la escandalosa masacre de 46 mujeres en Támara.
Por la inviabilidad de un proyecto de esta naturaleza, lo más seguro es que la megacárcel nunca se construya, al menos no en el actual periodo de gobierno que ya se acerca al medio término de mandato.
Y primero Dios así sea porque esta reserva natural es merecedora de mejor suerte. Un gobierno consecuente debería de pensar en una estación científica para el estudio de los recursos marinos, pero quizás eso es mucho pedir en un país donde la educación, la cultura, la sostenibilidad ambiental y la ciencia no es prioridad.
Las Islas del Cisne son una riqueza natural en posesión de Honduras desde 1972, año que fueron cedidas por Estados Unidos. El archipiélago, que posee uno de los arrecifes de coral mejor conservado del mundo, lo conforman tres islas: Cisne Grande con (5.5 km²) Cisne Pequeño (2.5 km²) y El Cayo Pájaro Bobo con menos de 0.01 km² de extensión.
Actualmente están deshabitadas porque ahí no hay nada más que riquezas marinas. Mientras estuvieron en posesión de Estados Unidos se construyeron algunas edificaciones: una pista de aterrizaje, un centro meteorológico y una estación de radio con capacidad para interceptar comunicaciones cubanas.
Hoy en día solo hay un apostadero naval, establecido por el gobierno anterior, para ejercer soberanía plena y preservar la fauna endémica y los arrecifes de la zona.
Pero asumiendo que el plan gubernamental sí se ejecutará, diremos que construir una cárcel en ese lugar, no solo representará una multimillonaria inversión (superior a los 2,000 millones de lempiras) sino que significará una fuerte erogación presupuestaria cada año para mantener su operatividad.
Habrá que mover combustible para operar la cárcel con plantas de generación, transportar todos los alimentos para los nuevos “inquilinos” y mover custodios y personal administrativo casi a diario.
En su etapa de construcción se deberá transportar por barco o por avión absolutamente todos los materiales de construcción.
La operatividad del reclusorio se convertirá en el peor dolor de cabeza de cualquier gobierno que se ponga al frente del poder de la nación. Se invertirán millones y millones de lempiras en una cárcel totalmente improductiva, para mantener a un grupúsculo de “indeseables” de la sociedad.
En lo personal soy de la idea que las Islas del Cisne deben seguir siendo un Parque Nacional Marino, tal y como quedó establecido en el Acuerdo ejecutivo 3056-91 y que se promuevan ahí las actividades de investigación, educación ambiental y ecoturismo.
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