Por: Rafael Delgado Elvir*
Desde hace mucho tiempo las Alianzas Público-Privadas (APP) despertaron la agria crítica de varios sectores que temieron que esa estructuración de las inversiones se convirtiera en un negocio privado redondo trayendo consigo un debilitamiento más a la propiedad y finanzas del Estado, así como el fomento de la corrupción. Las sospechas y temores se confirman ahora que en retrospectiva apreciamos lo que se hizo en la práctica con la figura de la APP. Uno de esos grandes proyectos es el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuyas interioridades y sobre todo obligaciones para el Estado salen a relucir ahora que ya está terminada la obra. Las informaciones que han sido publicadas, incluso desde un medio de comunicación de Alemania, indican que la aportación con recursos públicos suma 126 millones de dólares, mientras la contraparte privada es de 87 millones de dólares. Por otro lado, se informa que la experiencia que debió demostrar el concesionario en el manejo de aeropuertos fue en realidad un contrato de consultoría del aeropuerto de Múnich de Alemania. A esto se suman otros detalles que configuran una situación irregular y nada justificada.
La propuesta inicial, en abstracto, de las APP que difundieron los organismos internacionales y que rápidamente acogieron los gobiernos latinoamericanos, cayó en tierra fértil frente a la situación en que se encontraban esos gobiernos: se trataba de una salida para emprender, en esfuerzos conjuntos entre el sector privado y el sector público, obras públicas y servicios de gran tamaño; distribuir el alto riesgo que esto representaba para el Estado hacerlo individualmente y reunir sumas considerables de dinero que solamente la inversión pública no podría lograrlo. Por allí también surgió el argumento que, ante la calamidad del sector público de emprender grandes proyectos y de manejarlos, la empresa privada podría hacerlo con un carácter más profesional, más limpio y eficiente. Al menos eso fue lo que se divulgó para fines de convencimiento entre los círculos de poder de América Latina.
La idea se implantó en Honduras y se aprobó el marco legal que se concretizó en diferentes proyectos de gran magnitud a lo largo de la década pasada. Lo que nunca convenció y al final contribuyó sustancialmente a lo que hoy tenemos, es que esta modalidad de inversión se implantó en un contexto de terribles debilidades institucionales tanto públicas como privadas. Recordemos que esta ley se aprobó en los peores momentos. Dirigía el Poder Ejecutivo Porfirio Lobo, cuyo gobierno es ahora catalogado como uno de los gobiernos más corruptos del recién pasado con capítulos de corrupción y de vinculación con el narcotráfico sin precedentes. Desde el Congreso Nacional, construía su red de poder Juan Orlando Hernández, con motivaciones y aliados que desde la perspectiva de hoy podemos calificar de nefastos e ilegales. Bajo esas circunstancias no podía resultar otra cosa que lo que tenemos hoy en día y que está caracterizado por enormes prebendas del Estado al concesionario, adjudicación del proyecto al mejor conectado con la camarilla en el poder sin rigurosos criterios de experiencia y capacidad, así como garantía de jugosas ganancias privadas acompañadas con aportaciones considerables de dinero público.
Por ello hay suficientes razones para revisar las condiciones que le dieron vida a la APP del Aeropuerto de Palmerola. Es necesario hacerlo. Sin embargo, la tarea no es fácil en el caso que el Estado desee enmendar un error y construir una alternativa realmente transparente que equilibre mejor el riesgo entre el concesionario y el sector público, eliminando los elementos claramente contrarios a la ley y a la salud financiera del país. Lo que no desearíamos como país es eliminar un abuso para generar otro que resulte igual o más caro. Aquí es donde surgen las dudas. Importante en todo esto es evitar que el Estado sea derrotado en instancias judiciales y como consecuencia tenga que pagar altísimas sumas como compensación. Es necesario que con sumo apego a la ley y a lo justo se hagan las propuestas. Así mismo es importante avanzar también en soluciones estructurales, que planteen esquemas jurídicos de inversión más transparentes y más efectivos para el interés del país.
*Economista. Catedrático universitario.